La precariedad laboral afecta a la mitad de los trabajadores de la Comunidad

Trabajos temporales, mal remunerados, a tiempo parcial o con exceso de jornada. Más de la mitad de los asalariados de la Comunidad Valenciana -el 50,7%- sufren en sus carnes las consecuencias de la precariedad laboral, entendida como un empleo de mala calidad, según el informe que ayer presentaron el sindicato CC OO y el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante, y que por primera vez ha elaborado un índice para medir este fenómeno desde un punto de vista multidimensional, es decir, más allá de si se tiene un contrato temporal o indefinido.

Un informe que advierte, además, de la especial gravedad de este problema en determinados colectivos, como los de los jóvenes, los inmigrantes o las mujeres, y que también pone de relieve el papel que jugó la reforma laboral para contribuir a cronificar esta situación.

Tras analizar los microdatos de la Encuesta de Población Activa desde 2006, el estudio arroja un «panorama desolador sobre la calidad del empleo en España», en palabras del catedrático de la UA Hipólito Simón, que este jueves se encargó de presentar el documento en Madrid, junto al secretario general de CC OO, Unai Sordo, y el responsable del gabinete económico de este sindicato, Carlos Martín.

Para configurar el indicador, el estudio ha tenido en cuenta hasta siete factores distintos que contribuyen a la precariedad laboral: la contratación temporal; un salario mensual reducido (de menos de 1.200 euros brutos mensuales); un salario por horas bajo (de menos de 6,5 euros); la jornada parcial involuntaria por no haber podido encontrar un empleo a tiempo completo; la sobrecualificación para las tareas que se desempeñan; trabajar más horas de las pactadas en convenio; y las jornadas laborales atípicas, es decir, que incluyan fines de semana, noches o trabajos por turnos.

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A cada uno de ellos se le ha asignado un valor, en función de su gravedad, de forma que un trabajador puede considerarse precario si cumple uno de los tres primeros, o bien si suma varios de los siguientes. Cuantos más acumule, peor es su situación.

El resultado es que en el conjunto del país hasta el 48% de los asalariados tiene en la actualidad un empleo que puede considerarse de mala calidad. Una cifra que varía considerablemente en función de determinados colectivos, o geográficamente.

Por ejemplo, entre los jóvenes menores de 30 años la cifra de trabajadores precarios asciende hasta el 75%. Igualmente, entre los inmigrantes son un 67% los que sufren este problema, frente al 44% de los asalariados españoles. También afecta más a las mujeres, que tienen empleos precarios en el 54% de las ocasiones, frente al 42% de los hombres.

Por autonomías, la precariedad afecta especialmente a Canarias (59,4%), Extremadura (58,5%), Andalucía (57,7%) o Murcia (55,7%); mientras que es menos acusada en Cataluña (40,7%) o Madrid (40,9%). La Comunidad Valenciana se sitúa dos puntos por encima de la media nacional, con un 50,7% de empleos de mala calidad.

Por tipo de carencia detectada, la más habitual es tener una jornada atípica, algo que afecta al 36,4% de los asalariados; seguida por la sobrecualificación: hasta un 28,3% de los trabajadores ocupan puestos inferiores a los que deberían desempeñar por su formación. La temporalidad es un problema para el 26,5% de los ocupados y los bajos salarios, para casi una cuarta parte de los mismos.

El análisis temporal permite ver que la precariedad se redujo durante los años previos a la anterior crisis económica, la de 2008, y aumentó ligeramente tras la reforma laboral de 2012. En este sentido, Hipólito Simón señala que, más que el incremento que se produjo, el principal efecto de la reforma es que contribuyó a cronificar la precariedad, ya que en la etapa expansiva que se inició a partir de 2014 apenas hubo una mejora de este problema, frente a lo que ocurrió en otros ciclos de crecimiento.

«La precariedad no es un fallo indeseado del modelo laboral, sino que forma parte intrínseca de él», subrayó Unai Sordo, quien añadió que «eso tiene que ver con decisiones políticas relacionadas con la normativa laboral y con decisiones empresariales». De hecho, calificó los resultados del estudio de «demoledores».

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Aunque no hay ningún colectivo ni ningún sector que se libre de un porcentaje elevado de precariedad, el estudio de CC OO y la UA deja claro que el impacto varía notablemente según determinados parámetros. Así, entre los trabajadores del sector público, la cifra de empleados con este problema desciende al 36% frente al 50% del sector privado. Igualmente, en el caso de la industria son un 34,5%, frente al 49,6% de los que trabajan en el sector servicios o el 77,5% de los asalariados de las actividades primarias.

Igualmente, y a pesar de que la sobrecualificación es una de las carencias más habituales, a mayor nivel de estudios, menos precariedad. Así, mientras que un 61,3% de los que sólo acabaron Primaria tienen trabajos considerados de mala calidad, según el informe, entre los universitarios la cifra desciende al 42%.

En cuanto a la intensidad con la que los trabajadores sufren este problema, el informe señala que un 26% de los asalariados sufren precariedad «intensa», otro 14% tiene este problema en un nivel «severo», y otro 8% en su grado extremo, lo que significa que suman más de cuatro de estas carencias.

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