El vicepresidente de Grupo Soledad, Joaquín Pérez, ya cuenta con el visto bueno de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) para presidir la patronal CEV en Alicante. La junta directiva y el comité de la organización que preside Juanjo Sellés han calificado de "excelente" la candidatura del ilicitano para sustituir a Perfecto Palacio, después de que éste anunciara que no volverá a presentarse al cargo.
En opinión de Sellés, Pérez "es un hombre que ha compartido con Uepal los intentos de vincular Alicante y Elche en el ámbito empresarial, más allá de los posicionamientos de las instituciones públicas, que conoce bien la provincia, sus necesidades y las reclamaciones históricas del empresario de esta tierra".
Desde Uepal también han destacado el "carácter comprometido, solidario, constructivo y unificador de voluntades e intereses" del candidato.
Pandemia
Por otro lado, durante la primera reunión de sus órganos de gobierno, celebrada en las instalacines de la empresa Bonnysa, los miembros de Uepal analizaron la compleja situación en que se encuentran los diferentes sectores productivos de la provincia de Alicante por las bajas laborales, y los problemas de su tramitación, generados por la sexta ola de la pandemia.
Sellés, que reconoció que se han hecho intentos por agilizar la tramitación, lamentó la situación donde "muchos trabajadores no ven la oportunidad de acogerse a la baja, ante la situación de colapso sanitario y administrativo de la Atención Primaria. Pero otros muchos, no han podido recibir el alta también por la misma situación, dejando en situación de debilidad las plantillas de muchas empresas".
El presidente de Uepal también apuntó que a lo largo de este año se continuará con las tareas de reivindicación de los intereses de la provincia de Alicante y sus empresas, "desde la lealtad, el compromiso y la defensa del interés general como principios básicos".
Los miembros de la Junta se mostraron preocupados por la situación de debilidad en que se encuentra la provincia de Alicante por los considerados "agravios" que sufre, fundamentalmente en materia de agua y recursos hídricos, infraestructuras, financiación e inversión pública y política fiscal con respeto a otros territorios de España.
