Primero fue la irrupción de la pandemia y después todas las consecuencias que ha traído aparejadas en materia económica, desde los ERTE a las restricciones que han afectado a numerosos sectores. Y todo ello aderezado en el último año y en el inicio de este de un desorbitado incremento de los precios energéticos y de las materias primas, que también se ha empezado a reflejar en la cesta de la compra. El resultado no ha sido otro que un aumento del endeudamiento tanto de autónomos como de particulares, que ha multiplicado por cinco las solicitudes para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. Este es el caso de la provincia de Alicante, donde en 2021 se presentaron 4.350 peticiones frente a las poco más de 900 del ejercicio anterior.
La Ley de la Segunda Oportunidad es un mecanismo que entró en vigor en 2015 con la idea de solucionar los problemas económicos en los que se pudieran ver inmersos, sobre todo, pequeños negocios, autónomos o particulares. La finalidad, en concreto, es la flexibilización de los pagos para aquellos que se encuentren en una situación cercana a la insolvencia, bien a través de acuerdos extrajudiciales o, llegado el caso, por medio de una sentencia que establezca unos plazos y cantidades asumibles por el afectado. Todo ello, eso sí, si los afectados demuestran que han actuado de buena fe, que la deuda no supera los 5 millones de euros o que han intentado un acuerdo previo para el pago a plazos del importe adeudado.
Los primeros años, bien por desconocimiento de la normativa o porque el contexto económico era mejor, las solicitudes para acogerse a esta ley fueron más bien testimoniales. Sin embargo, con la irrupción de la crisis del covid y, sobre todo, a raíz en el último año de los incrementos de costes y de una inflación cada vez más desbocada, las peticiones se han disparado hasta multiplicarse por cinco en el caso de la provincia de Alicante.
Ana Isabel García, perteneciente al despacho de abogados Repara tu Deuda, especializado en este tipo de contenciosos, explica que, efectivamente, "la ley nació para intentar evitar que personas que se veían atrapadas por una deuda durante 20 o 30 años pudieran rehacerse tanto a nivel económico como social. Hablamos, por ejemplo, de autónomos que, acorralados por las deudas, se ven obligados a cerrar sus negocios y, a pesar de ello, los bancos les siguen reclamando el dinero".
El número de solicitudes, explica, se ha disparado en los últimos tiempos por el agotamiento de las economías tanto familiares como de los propios negocios, "tras dos años con numerosas olas de covid y endurecimiento de restricciones. Muchos no lo han logrado resistir, y encima nos encontramos ahora con la subida de la inflación", enfatiza.
La abogada destaca que la Ley de la Segunda Oportunidad no es un procedimiento sencillo, sobre la base de que "primero hay que negociar con los acreedores y después intentar un acuerdo extrajudicial de pagos. Si finalmente no es posible, es cuando se llega al juzgado, que es el que decide. En cualquier caso, la mayoría de los casos no llegan a este extremo y, además, en una proporción elevada, se consigue incluso la cancelación de la deuda".
La cuesta de enero concentra la mayoría de los casos
La cuesta de enero, esa época en la que las familias tienen que apretarse el cinturón para recuperarse tras los gastos de Navidad, se está convirtiendo ahora en una rampa insalvable para muchas de ellas. Y es que la inmensa mayor parte de las solicitudes para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad se están presentando justo en el primer mes de año y, además, con una clara tendencia al alza. En el caso de la provincia de Alicante, en este arranque de 2022 se han contabilizado nada menos que 1.375 peticiones, lo que supone casi un tercio del total de las que se plantearon el año pasado. Además, la diferencia con los meses de enero de los ejercicios anteriores es abismal, toda vez que en 2021 el número ascendió a 753 y en 2020 a solo 104.
La abogada Ana Isabel García explica que «nos encontramos en un momento complicado a nivel económico, y hay familias que, para poder afrontar los gastos navideños, buscan maneras de obtener más ingresos, como puede ser la realización de horas extra. Si al final esas perspectivas les fallan, es cuando se viene todo abajo». También hay quienes recurren a los créditos al consumo, que, añade García, «a veces cuentan con unas cláusulas abusivas». Todo ello hace que, coincidiendo con el inicio del año, las solicitudes para acogerse a la ley se disparen.
Pero el problema no afecta solo a la gente que se endeuda de manera directa. Según la abogada, «también estamos teniendo que atender casos de personas que han avalado a familiares para la compra de una vivienda o montar un negocio, y que se han visto arrastradas por la deuda».
