El Supremo rechaza compensar a la autopista de Torrevieja por el estado de alarma

En concreto, la compañía participada por Pralesa y el Grupo Fuertes (El Pozo) reclamaba que se le reconociera un perjuicio de hasta 3.049.838 euros como consecuencia de las medidas que se adoptaron para frenar el covid, que hundieron el tráfico de la vía durante los meses que duró el estado de alarma. Por ello, reclamó que se reestableciera el equilibrio económico del contrato de concesión con una ampliación de su plazo de duración de hasta 235 días, es decir, que se le permitiera explotar la carretera durante cerca de ocho meses más, una vez expirado el periodo inicial.

Se trata de una posibilidad que el propio Gobierno incluyó en el Real Decreto ley 8/2020 del 17 de marzo de ese año en el que establecía distintas medidas para mitigar los efectos económicos del estado de alarma, que contemplaba varias iniciativas para ayudar también a los concesionarios de servicios públicos.

Sin embargo, posteriormente, en el mes de julio, el Ejecutivo concretó en otro decreto –el RD-ley 26/2020- las condiciones que debían cumplirse para obtener estas compensaciones y, en el caso de las autopistas de carácter estatal, exigía que el margen bruto de explotación hubiera sido negativo durante el periodo de vigencia del estado de alarma. En el caso de Ausur fue de 287.944 euros, según recoge el propio fallo del tribunal, lo que propició que el Gobierno desestimara sus pretensiones, como le ocurrió a la mayoría de concesionarias. De hecho, sólo Aulesa, la titular de la autopista de León a Astorga, consiguió una pequeña ampliación de nueve días.

La propietaria de la autopista de Torrevieja no se rindió y decidió recurrir ante el Supremo, con el argumento de que varios de los artículos de este segundo decreto eran inconstitucionales, ya que, a su juicio, suponían una discriminación de las autopistas de carácter estatal sobre las de naturaleza autonómica o sobre otro tipo de concesiones y servicios públicos. Además, consideraba que se había expropiado su derecho al reequilibrio del contrato concesional y aseguraba que se había vulnerado el principio de seguridad jurídica, al establecer las condiciones de las posibles compensaciones con carácter retroactivo.

Por todo ello, reclamaba al tribunal que presentara un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, en la sentencia fechada el pasado 19 de julio, el Supremo rechaza uno por uno todos los argumentos de la concesionaria y avala las tesis del Gobierno. Así, niega ninguna discriminación por establecer mecanismos de compensación diferentes para las distintas modalidades de concesiones públicas –apunta, por ejemplo, que no es lo mismo la gestión de una autopista que la concesión de una línea de transporte regular- y tampoco considera que exista inseguridad o que las condiciones exigidas para beneficiarse de las condiciones vulneren las Constitución. Por todo ello, desestima el recurso y condena a costas a la compañía.

El recurso de Ausur se presentó en febrero de 2021, cuando se había producido la negativa del Gobierno por silencio administrativo, por lo que el recurso se presentó contra la "desestimación presunta" de la petición de reequilibrio, y no fue hasta junio de 2022 cuando el Consejo de Ministros comunicó oficialmente la negativa a la petición de la concesionaria. Entonces, el Supremo ofreció a la compañía ampliar el objeto de su reclamación, algo que la firma declinó. La concesionaria tampoco ha querido realizar ningún comentario a este diario.