CC OO prepara la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la Comunidad Valenciana con el objetivo de hacer frente a sus desajustes económicos. El sindicato arrastra este problema, gravemente agudizado por la subida del IPC, desde hace varios ejercicios, por lo que desde principios de año lleva trabajando en un plan integral de mejora. Sus órganos de dirección, reunidos los días 21 y 22 de noviembre, han acordado iniciar un proceso de negociación formal con el comité de empresa de CCOO-PV para abordar la situación y la forma de aplicar el expediente.
Según explican desde el sindicato, el ERE tiene, entre otras, causas económicas y productivas, derivadas de diez años consecutivos de pérdidas; del incremento inasumible de gastos, que solo en masa salarial ha supuesto un aumento en los dos últimos años de más de un millón de euros; y de la reducción de los ingresos propios, especialmente las cuotas de afiliación. El sindicato ha resuelto no continuar con esa descapitalización y abordar medidas que reviertan la situación para obtener resultados positivos en los siguientes ejercicios, que le permitan regenerar el patrimonio y garantizar la viabilidad del sindicato.
Actualmente, de un presupuesto cercano a los 15 millones, la masa salarial alcanza los ocho millones. La organización mantiene una deuda de 2,5 millones de euros, las cuotas por afiliación descienden, a la vez que los gastos se disparan, fruto de la subida de precios. Las pérdidas persistentes durante los últimos diez años han ascendido a más de cuatro millones de euros.
El objetivo con el que CCOO PV encara la negociación es el de llegar a un acuerdo con la representación legal, priorizando medidas de ajuste salarial, combinadas con otras fórmulas de flexibilidad, que minimicen todo lo posible el impacto en el empleo. Una pretensión que va en consonancia con lo que ya está asumiendo el personal sindicalista.
Atrasos
El pasado mes de enero, la dirección del sindicato acordó que el personal sindicalista no cobrara los atrasos de 2021, producto de la desviación del IPC, y la congelación salarial en 2022, que se mantendrá en 2023. Un esfuerzo asumido para no agravar más los problemas económicos de la organización y del que no se ha visto afectado el personal laboral, que ha cobrado los atrasos del año anterior y ha visto incrementado su salario conforme al IPC, tal y como tiene reconocido en el convenio colectivo.
Además, el sindicato se ve en la necesidad de afrontar este proceso de negociación junto con el despliegue de otras medidas recogidas en el plan integral de mejora, que pasan por diversas vías de incremento de los ingresos, por un reajuste organizativo, por continuar con la reducción de gastos en servicios exteriores u otras partidas como de desplazamientos, dietas y de ahorro energético, así como la reestructuración de la deuda a largo plazo.
