Avances para minimizar los efectos de la crisis climática en la agricultura

El calentamiento global amenaza con reducir un 30% la agricultura mundial de aquí a 2050. Este dato, del informe «Emergencia climática, producción de alimentos y Comercio Justo» presentado con motivo de la celebración de la Cumbre del Clima de Egipto del pasado mes de noviembre, pone de manifiesto las consecuencias que el cambio climático tiene sobre la agricultura y la producción de alimentos en el mundo. Y la provincia de Alicante no es ajena a este problema.

Para abordar este tema, el Foro Municipalismo 2022 organizó la mesa redonda titulada «El cambio climático y los municipios agrícolas», que contó con la participación de los alcaldes de Daya Vieja, Almoradí, Busot, Mutxamel, Bigastro, Monóvar, y Cox. Todos los participantes coincidieron en señalar que la actividad humana y el calentamiento global están provocando cambios en el clima más rápidos, dando lugar a episodios de un gran impacto ambiental y socioeconómico en forma de un mayor número de fenómenos meteorológicos extremos (lluvias torrenciales y sequías en una misma geografía), la alteración de los sistemas naturales o la reducción de la productividad agrícola y forestal.

Estos fenómenos meteorológicos están presentes en la provincia, especialmente en la zona de la Vega Baja donde tuvo lugar en 2019 una DANA que asoló a toda la comarca, convirtiéndose en uno de los mayores desastres naturales, costando más de 1.300 millones de euros, según la Fundación Aon España.

Precisamente, la mesa redonda celebrada en los estudios de Información TV contó con alcaldes de esta comarca, quienes explicaron las medidas tomadas en los últimos años para minimizar los efectos del cambio climático y su impacto en la agricultura. Aseguraron haber invertido en infraestructuras hidráulicas y en políticas de reutilización para afrontar con éxito la situación climática y los fenómenos extremos.

En Almoradí, María Gómez subrayó que se han invertido casi doce millones de euros en la renovación de alcantarillado, lo que supone el 30% de toda la población. «Nuestro sistema era de la década de los 60 y estaba anticuado, por lo que este trabajo que estamos haciendo al 50% con fondos del Consistorio y del Gobierno va a ser fundamental y nos va a permitir estar mejor preparados para una posibles inundaciones». También destacó que están elaborando un colector para agua pluviales y en la construcción de una nueva toma de agua potable complementaria a la ya existente, que se rompió en 2019.

José Vicente Fernández, de Daya Vieja, señaló que han realizado una inversión en los últimos años de tres millones de euros con los que han hecho proyectos «de gran envergadura como el drenaje agrícola». Asimismo, abogó por defender este sector económico tan castigado por el cambio climático y recordó que la DANA de 2019 anuló el 100% del cultivo de temporada de todo el municipio. Para hacerlo, defendió que los municipios de la Vega Baja deben «pensar globalmente».

En Bigastro, Teresa Belmonte destacó el proyecto de actuación en la CV-95 para minimizar daños en caso de fuertes lluvias e indicó que se están diseñando parques inundables que «nos permitirán acumular el agua» y recolectores que nos permitirán reutilizar el agua en la agricultura.

Desde Cox, Antonio Bernabeu consideró que el trabajo realizado en los últimos años ha estado dirigido a la «recuperación más que a la contención», por lo que auguró que es posible que vuelvan a producirse episodios como los acaecidos en 2019. «Estamos avanzando, pero aún hoy no estamos preparados debido a que tanto las sequías como las lluvias se están acelerando con el cambio climático». Por ello, abogó por defender y ayudar a los agricultores que son los que «más sufren los efectos del cambio climático cuando son también los que más ayudan a prevenirlo».

Fuera de la comarca de la Vega Baja, el alcalde Busot, Alejandro Morant, subrayó la necesidad de apostar por la agricultura y por su impacto positivo en el entorno paisajístico para abordar la lucha contra el cambio climático. «Estamos apostando por la implantación de la agricultura con un pozo de extracción y la bonificación del 50% del agua a quienes tengan más de media hectárea, que nos ha permitido plantar más de 12.000 almendros en terrenos que estaban abandonados, y también olivos, y generamos puestos de trabajo, además de mejorar la imagen del municipio y de crear barreras naturales contra incendios», resaltó Morant.

Por otro lado, introdujo en el debate la necesidad de establecer un equilibrio entre la instalación de plantas fotovoltaicas en el territorio y las tierras de cultivo. En un municipio de 33 kilómetros cuadrados, hemos recibido siete propuestas de plantas, de las que solo hemos aceptado dos», apuntó.

En la misma línea de mantener esta armonía, Sebastián Cañadas, de Mutxamel, apuntó que en su municipio también han suspendido licencias para la llegada de plantas fotovoltaicas hasta que la Generalitat Valenciana siente las bases definitivas. A pesar de ello, recordó que las fuentes de energía renovables son más necesarias que nunca y estimó que en Mutxamel «hemos reducido las emisiones que teníamos de 75.000 toneladas de CO2 en un 40%, más o menos, en los últimos años».

De ahí que los asistentes a la mesa redonda vieran con buenos ojos el decreto del Consell que limita a un 3% el suelo no urbanizable común que se puede destinar para la ubicación de instalaciones de plantas fotovoltaicas.

Por otra parte, Sebastián Cañadas puso en valor la apuesta realizada por recuperar el cultivo del tomate tradicional de Mutxamel a una escala media-grande, y el impulso dado a la recuperación de zonas de cultivo vacías gracias a la llegada de empresas.

En el Medio Vinalopó, el alcalde de Monóvar, Alejandro García, volvió a incidir en la obligación de conseguir un equilibrio entre la generación de energía eléctrica con paneles solares y el cultivo, al tiempo que lamentó que el problema que existe en su municipio es la destrucción del viñedo. «Hemos perdido un 40% de la superficie en Monóvar y un 30% en la provincia. Hace 20 años, la provincia tenía el doble de hectáreas de viñedo que La Rioja y ahora solo tenemos el 20%. No podemos perder más», arguyó.

En cuanto a las estrategias de futuro, todos los ponentes manifestaron que los municipios tienen que buscar e impulsar políticas de sostenibilidad, movilidad, consumo y tratamiento de agua responsable con las que crear localidades resilientes. Debido a ello, la mayoría ha apostado o está estudiando renovar el alumbrado público por uno más eficiente LED, instalar placas solares en edificios públicos, llevar comunidades energéticas… a lo que agregaron nuevas iniciativas para descarbonizar sus municipios, tanto en movilidad como en residuos. Con respecto a este último punto, Daya Vieja cuenta con un sistema de recogida de residuos puerta a puerta selectivo.