Avalancha de concursos de acreedores en Alicante para esquivar el cambio de ley

Los juzgados de la provincia de Alicante registraron el pasado trimestre el mayor volumen de concursos de acreedores de su historia. Sin embargo, pese a lo que pudiera parecer, no fue el deterioro económico la principal causa que propició este aumento de procedimientos, aunque también pudiera influir, sino el deseo de esquivar los cambios introducidos en la nueva ley que entró en vigor el pasado 26 de septiembre, y que endurece los denominados «concursos exprés». Unos cambios que llevaron a muchos pequeños empresarios y particulares a adelantar una decisión que aún estaban meditando.

Así lo señalan los expertos consultados por este diario, tras conocer los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, que reflejan el comportamiento nada habitual que registró esta estadística.

En concreto, de acuerdo con el órgano de gobierno de los jueces, entre los meses de julio y septiembre se presentaron en los juzgados de la provincia hasta 283 nuevos concursos de acreedores, lo que supone un 92% más que en el mismo periodo del año pasado y un nuevo récord para Alicante.

Además, al contrario de lo que venía ocurriendo en los trimestres anteriores, en que los concursos de particulares eran los que más crecían -a medida que se conocía más la denominada ley de segunda oportunidad-, en esta ocasión son los procedimientos presentados ante los juzgados de lo Mercantil –es decir, los de empresas y autónomos- los que más se incrementan. Se contabilizaron hasta 208 frente a los 75 que se solicitaron en las mismas fechas de 2021. Por su parte, los de personas físicas no empresarias sumaron 75 frente a 68 del pasado ejercicio.

Según apuntan Pedro Algarra y Francisco Nieto desde Galsán Consultores, una parte considerable de los concursos presentados este verano corresponden a empresas o deudores sin masa, es decir, carentes de bienes con los que hacer frente a las deudas. Algo que suele ocurrir, por ejemplo, con pequeños negocios que están en locales alquilados o similares.

Hasta ahora la legislación permitía que los deudores en esta situación solicitaran al mismo tiempo la declaración del concurso y su cierre, en lo que se conocía como «concursos exprés». Sin embargo, la nueva ley que entró en vigor el pasado 26 de septiembre elimina esta posibilidad y obliga a abrir un periodo de 15 días en los que cualquier acreedor puede exigir el nombramiento de un administrador y la tramitación ordinaria del proceso, lo que complica las cosas y abre la posibilidad a resultados no deseados para el deudor, según explica, por su parte, Sebastián Crespo, del área procesal de Devesa & Calvo.

Esto ha provocado que muchas pequeñas empresas y autónomos que se planteaban la posibilidad de recurrir al juzgado para quedar libres de deudas adelantaran su decisión y presentaran su solicitud antes de que el cambio normativo fuera efectivo.

Cambio de mentalidad

Con todo, los expertos reconocen que el interés por esquivar la nueva ley no es el único motivo del aumento de procesos, que ya experimentaban una tendencia al alza, aunque más moderada, desde el año pasado.

Por ejemplo, Pedro Algarra señala que muchos empresarios y particulares le han perdido el miedo a solicitar el concurso para quedar libres de cargas. «Ya no es un tabú, ya no es algo que te señale. Ha habido un cambio de mentalidad», explica el experto. En esta situación se encontrarían muchos empresarios que en su día avalaron las deudas de su negocio con el patrimonio personal y, aunque hayan perdido la compañía hace tiempo, seguían arrastrando las consecuencias de la quiebra.

Por otro lado, el aumento de los costes energéticos y de todo tipo ha empezado a hacer mella en la situación de muchas compañías, lo que también se ha traducido en un aumento de las solicitudes de concurso al uso, según explica Sebastián Crespo.

Eso sí, en este caso, la nueva ley concursal puede suponer una ventaja, ya que introduce la posibilidad de que el deudor inicie una procedimiento de mediación para negociar un plan de pagos con sus acreedores, blindando durante ese tiempo a la compañía de la presentación de un concurso necesario. En este sentido, Crespo señala que en su bufete ya están preparando varios de estos procesos, ante los problemas de liquidez que están ocasionando el aumento de la factura energética y del resto de aprovisionamientos en muchos negocios.

Por otro lado, Crespo apunta que la nueva ley también puede propiciar un nuevo repunte de concursos de particulares, ya que facilita el trámite para acceder al denominado beneficio de exoneración del pasivo. Es decir, para quedar libre de deudas. Hasta la fecha, para solicitarlo era necesario demostrar buena fe y haber planteado un plan de pagos y que los acreedores lo hubieran rechazado. Un paso que con los cambios introducidos ya no será necesario y cualquier particular podrá presentar directamente la petición de concurso y, directamente, se puede solicitar la liquidación y pedir esa exoneración.

Fin de la moratoria

Además del cambio legislativo, otro de los motivos del aumento del número de concursos es el fin de la moratoria que durante la pandemia impedía a los acreedores instar el concurso necesario de las empresas que les debieran dinero, tal y como recuerda el decano del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, que prevé que la cifra de procesos siga al alza en los próximos meses. Entre otras cosas, porque las estadísticas reflejan que la figura del concurso aún se usa en España menos de lo que debiera, ya que muchas empresas en apuros se limitan a bajar la persiana sin realizar una liquidación ordenada.

Así, mientras que en Europa se registran 47 concursos por cada 10.000 empresas, en España sólo se contabilizan 13, según recuerda Menargues. Es más, si se cruzan los datos de estos procedimientos con el volumen de insolvencias del que se tiene que hacer cargo el Fondo de Garantía Salarial, el resultado es que se debería haber instado ya un 15% más concursos de los que se han producido, según apunta el decano de los economistas. En cualquier caso, Menargues relativiza las cifras y señala que, en general, las empresas están aguantando la situación económica con bastante solvencia.