El Consell y las ITV de la Vega Baja acercan posturas: un alquiler para salvar el servicio

Contrarreloj. Así se están manteniendo las negociaciones para que las estaciones de ITV de Redován y Orihuela, los casos más difíciles de solucionar dentro del proceso de reversión que está impulsando la Generalitat, se mantengan en servicio a partir del día 24 de este mismo mes. Y las posturas ahora mismo, según reconocen ambas partes, están muy próximas, merced a un contrato de alquiler de las instalaciones que también permitirá mantener operativas las unidades móviles de Elda, Novelda y Pilar de la Horadada. Todo ello en un contexto en el que la Conselleria de Economía acaba de aprobar la subrogación de los alrededor de 1.200 trabajadores del conjunto de estaciones de ITV de la Comunidad Valenciana, 420 de ellos pertenecientes a la provincia de Alicante.

La Conselleria de Economía Sostenible está ultimando los trámites para asumir la gestión de las ITV. La reversión se tenía que haber hecho efectiva el pasado 1 de enero, aunque finalmente, y a instancias de una reclamación de las propias concesionarias, el contrato se amplió para compensar el tiempo que las estaciones permanecieron inactivas como consecuencia de las restricciones impuestas a raíz de la pandemia. Así las cosas, está previsto que Alcoy, Benidorm, Gandia, Ondara, Ontinyent, Orihuela, Redován, Torrevieja, Utiel, Villena, Vinarós y Xàtiva finalicen contrato el 24 de febrero, mientras que Alicante, Alzira, Castellón, Catarroja, Elche, Llíria, Massalfassar, Ribarroja del Túria, Sagunto, San Antonio de Benagéber, València-Campanar, València-Vara de Quart y Villarreal lo hagan el 3 de marzo.

Pues bien, dentro del primer paquete, es en los casos de Redován y Orihuela, en la comarca de la Vega Baja, donde se han estado presentando más dificultades, dado que las empresas recibieron en su momento la autorización directamente del Ministerio de Industria y, según vienen defendiendo, la reversión no les tendría que haber afectado. 

Con este panorama, los contactos entre la conselleria y los responsables de ambas estaciones se han intensificado en las últimas semanas con el objetivo de encontrar una solución que, ahora sí, parece más cercana que nunca. Así lo ha señalado el conseller de Economía, Rafa Climent, quien destaca que, tras haberse barajado varias opciones, la fórmula del alquiler de las instalaciones es la que en estos momentos tiene mayores visos de salir adelante. «Al principio -explica- estaba encima de la mesa también la posibilidad de un contrato de prestación de servicios, pero, aunque falta por concretar algunos flecos, estamos bastante cerca de cerrar un acuerdo de alquiler que permitiría la gestión pública de estas estaciones desde el primer momento».

Por su parte, Ricardo Pérez, presidente del consejo de administración de Redován y de la Asociación de Estaciones Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV), también reconoce que las posturas están muy próximas. «A nosotros -señala- nos gustaría un contrato transitorio de prestación de servicios de al menos un año, antes del alquiler, para que hubiese una transmisión adecuada. En cualquier caso, por responsabilidad, y para evitar perjuicios a los usuarios, tenemos confianza en cerrar en breve el acuerdo». 

Las concesionarias de ITV piden el aplazamiento de la reversión al considerar que la Generalitat no está preparada

La operación no se quedaría solo ahí, dado que también permitiría mantener en funcionamiento las estaciones móviles de Elda y Novelda, que dependen de Redován, y la de Pilar de la Horadada, que pertenece a Orihuela.

Mientras tanto, la Conselleria de Economía ha aprobado la subrogación de los trabajadores de todas las estaciones de ITV de la Comunidad Valenciana, que, a partir de ahora, pasarán a depender de la empresa pública que se encargará de la gestión. De entrada, explica Rafa Climent, son alrededor de 1.200 empleados, aunque es probable que la cifra disminuya como consecuencia de algunos cargos directivos que optarán por no continuar. Tanto las nóminas como el resto de costes del servicio deberán cubrirse con los alrededor de 39 millones de ingresos anuales que espera obtener el Consell.