El Consell se apunta a limitar los alquileres y las inmobiliarias advierten de que reducirá la oferta

El mercado de alquiler sigue dando síntomas de sobrecalentamiento en la provincia de Alicante, pero la Generalitat y el sector inmobiliario no coinciden en absoluto en las medidas necesarias para remediarlo. Así, mientras que el Gobierno valenciano ha aplaudido con entusiasmo el anuncio de Pedro Sánchez de movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sareb para destinarlas a alquiler social y asegura, además, que aplicará la nueva ley que permite limitar la subida de las rentas "desde el día siguiente de su aprobación"; los promotores y las inmobiliarias minimizan el impacto de la primera medida y advierten de los riesgos de topar los precios. En concreto, aseguran que esta decisión espantará a los propietarios y reducirá aún más la oferta disponible en el mercado, con lo que se agravará el problema.

Los últimos datos ya muestran las cada vez mayores dificultades que existen en la provincia para encontrar un alojamiento adecuado. Según un informe del portal Idealista, el número de viviendas disponibles para alquilar se ha reducido un 9% en el último año en la provincia, una cifra que se eleva hasta el 19% en el caso de la ciudad de Alicante, donde la presión es aún mayor. Una caída del stock que, además, se repite por segundo año consecutivo y que ha llevado a que el volumen actual de pisos en alquiler sea el menor desde el año 2017.

La Sareb cuenta con 1.800 viviendas en Alicante

Una situación provocada por la demanda excepcional que se ha registrado desde la salida de la pandemia, que se ha unido a las reticencias de muchos propietarios de sacar al mercado sus viviendas, ante el temor a que las medidas para proteger a los inquilinos vulnerables supongan aún mayores dificultades para expulsar a los morosos.

El stock de pisos disponibles se ha reducido un 9% en Alicante

Esta caída del stock es una de las causas del encarecimiento de las rentas, que en el último año acumulan una subida del 21,6% en el conjunto de la provincia, hasta situar el alquiler medio en 9,97 euros por metro cuadrado, según Fotocasa, es decir, unos 798 euros por un piso de 80 metros. Unas cifras imposibles de pagar para muchas familias. Eso sí, la buena noticia es que los datos apuntan a cierta ralentización en la subida, ya que en el primer trimestre el incremento solo ha sido del 1,5%.

Ante esta situación y los problemas de acceso a la vivienda de numerosos colectivos, el vicepresidente segundo del Consell y responsable autonómico de esta área, Héctor Illueca, ha mostrado su satisfacción por la nueva Ley de Vivienda que el Gobierno central ha pactado con sus socios de investidura. Illueca destaca especialmente dos aspectos. Por un lado, la rebaja de 10 a 5 viviendas para ser considerado "gran tenedor", lo que permitirá al Consell extender medidas como las sanciones que ya se aplican a este tipo de propietarios cuando se niegan a poner en alquiler sus viviendas. Y, por otro, lado la decisión de crear un nuevo índice para fijar la revalorización de las rentas independiente del IPC –para el próximo año se propone un 3%- y la posibilidad de limitar los precios en las zonas consideradas como "tensionadas". "Pondremos en marcha los procedimientos para aplicarla en la Comunidad Valenciana al día siguiente de su aprobación", señala con contundencia Illueca.

La ley de Vivienda limitará en 2024 la subida del alquiler al 3% y fijará después un índice para topar anualmente el aumento

Al respecto, el vicepresidente del Consell recuerda que la Generalitat ya tiene identificados hasta 83 municipios con necesidades elevadas de vivienda pública, un listado que actualizará con los nuevos requisitos para ser considerados como zonas tensionadas. Igualmente, tanto Illueca, como el president de la Generalitat, Ximo Puig, han valorado "muy positivamente" el anuncio de Pedro Sánchez de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social. Es más, Illueca lo único que ha lamentado es que esta medida no se hubiera puesto en marcha hace tres años, como lleva pidiendo su partido, Podemos.

Menos oferta

Muy distinta es la opinión de los promotores y las inmobiliarias. "Lo único que va a conseguir la ley es que haya más propietarios que decidan retirar del mercado su vivienda. Si no hay seguridad jurídica y, encima, te limitan lo que puedes cobrar, ¿quién va a querer alquilar?", se pregunta la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Alicante, Marifé Esteso. "Va a ser aún peor", insiste Esteso, que también cuestiona el impacto que tendrá la movilización de la cartera de la Sareb. "Habrá que ver en qué condiciones y dónde están esas viviendas", insiste la presidenta de las API.

En términos muy similares se pronuncia el secretario general de la asociación de promotores (Provia), Jesualdo Ros, que cree que el volumen de viviendas de la Sareb que se pondrán en alquiler social es muy bajo para influir en el precio global y que también insiste en que buena parte de estos activos están en zonas alejadas de la demanda. Los promotores también rechazan la intervención de los precios, que aseguran que reducirá la oferta, y creen que la solución debe llegar por un aumento de los presupuestos públicos para vivienda "como se hace con sanidad o educación", para aumentar los incentivos fiscales y las ayudas directas. Además, también abogan por incentivar la VPO, de las que el año pasado apenas se construyeron 256 viviendas de este tipo frente a las más de 5.000 anuales de los años noventa.

En este sentido, cree que la próxima aprobación del nuevo reglamento autonómico que regula esta figura -que elevará los precios máximos que se cobran por estas viviendas, prácticamente congelados desde 2013- permitirá que se pongan en marcha más promociones, ya que con los precios actuales "es inviable", según Ros. En concreto, una vivienda de VPO entre 70 y 90 metros pasará de tener un precio máximo de entre 85.000 y 118.000 euros dependiendo del municipio en que esté ubicado, a un tope de 154.000, con lo que se espera despertar el interés de los empresarios por este producto.

Por último, el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, también se ha mostrado muy crítico con la nueva Ley de Vivienda "El Gobierno ha vuelto a mostrar su ceguera al continuar sus políticas coercitivas frente a los propietarios de vivienda, obviando que el verdadero elefante en la habitación del mercado del alquiler es la falta de oferta. De hecho, todas las medidas aprobadas hasta ahora solo han conseguido drenar más y más la oferta disponible y aumentar los problemas de acceso al alquiler, con especial incidencia en los colectivos más desfavorecidos. Por ejemplo, el límite del 2% a las actualizaciones de los alquileres, que acaba de cumplir un año, ha tenido un efecto devastador en el mercado. Es cierto que ha ayudado a las personas que ya estaban de alquiler, pero ha supuesto una enorme complicación para todas aquellas personas que necesitan encontrar una vivienda actualmente", ha señalado el experto.

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