Los fondos internacionales ahogan a las constructoras alicantinas

Si la falta de actualización de los precios está provocando que las constructoras de obra pública estén dejando desiertas decenas de adjudicaciones en toda la provincia, al considerar que no son rentables, las  compañías dedicadas a la edificación privada no lo tienen mucho mejor. Según denuncia la patronal Fopa, algunos de los nuevos operadores surgidos tras la crisis de 2008 –controlados en su mayoría por fondos internacionales- están imponiendo condiciones muy duras en la contratación de los proyectos, que les impiden en muchos casos repercutir el incremento de costes que han sufrido en los últimos, con el riesgo que esto supone para la viabilidad de sus empresas.

Tanto es así, que la junta directiva de la patronal alicantina ha reclamado a las administraciones la redacción de una Ley de Contratos Privados de Construcción, que permita reequilibrar la situación y evitar lo que en ocasiones consideran auténticos abusos.

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Desde Fopa recuerdan que el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 supuso la desaparición de un gran número de compañías locales y su sustitución por nuevas operadoras, impulsadas en su mayoría por grandes fondos internacionales. Una transformación que, según recalcan, ha impulsado la profesionalización del sector, al que han dado estabilidad y seguridad, pero al mismo tiempo han extendido "contratos no equitativos, con muy poca flexibilidad y con poca empatía con las empresas de construcción" donde "el peor parado con diferencia en estas circunstancias es el constructor".

Fopa relata situaciones vividas por las asociadas como la "exigencia de precios cerrados a riesgo y ventura del constructor", que se debe hacer responsable de "las mediciones del proyecto, así como de la conformidad del proyecto con la norma vigente como con la futura". Al mismo tiempo, los fondos promotores no aceptan la revisión de precios en una situación de escalada inflacionaria que termina generando pérdidas ante el incremento de precios de los principales materiales de obras. En otras palabras, que exigen contratos de construcción de edificios llave en mano, en las que son los constructores los que asumen todos los riesgos.

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Además, se han detectado retenciones del fondo de garantía que entrega el constructor para hacer frente a todas las quejas del servicio postventa durante largos periodos. La actual ley establece que este fondo de garantía, que asciende al 5% del valor de la obra, debe ser devuelto al constructor a los 12 meses del acta de entrega de la obra. Sin embargo, según la patronal, es necesario que una ley concreta del sector establezca las condiciones de devolución y las cuestiones sobre la que debe responder el constructor, puesto que en la actualidad se acepta toda queja del cliente final al departamento postventa de la promotora.

Cambios en la ley

La junta directiva de Fopa entiende que una Ley de Contratos Privados de Construcción podría regular estas circunstancias que ofrezca al sector seguridad jurídica y normas claras, sin abuso por ninguna de las partes entre la empresa de construcción y la empresa promotora. Esto pasa por lograr "unidad del sector de la construcción para equilibrar fuerzas y lograr un equilibrio de riesgos y responsabilidades entre ambas partes".

Fopa considera que hay que establecer una guía por parte de los colegios profesionales sobre qué cuestiones se pueden generar una queja al promotor o constructor. Además, esta nueva norma debe fijar el plazo de devolución del fondo de garantía, que determine qué se incluye en el proceso de reclamación postventa, en qué plazos, así como el periodo máximo de devolución de las garantías.