Consecuencias de la inflación: casi uno de cada cinco alicantinos no puede pagar la calefacción

El rebote de la economía tras el confinamiento y, sobre todo, el fuerte impulso del empleo redujeron durante el año pasado el riesgo de pobreza y exclusión en la Comunidad Valenciana hasta niveles incluso inferiores a los que se registraban antes de la pandemia. Sin embargo, esta mejora generalizada no impidió que una considerable cifra de hogares siguiera con problemas para llegar a fin de mes o con fuertes carencias materiales, agravadas por los efectos de la inflación.

Así lo refleja la última Encuesta de Condiciones de Vida que elabora anualmente el INE y que señala, por ejemplo, que más de un tercio de los habitantes de la autonomía carece de ahorros para hacer frente a gastos imprevistos y hasta el 3,4% de la población –el equivalente a unas 65.000 personas en la provincia de Alicante y unas 173.000 en toda la Comunidad- no puede permitirse comer un plato de carne o pescado al menos cada dos días.

El programa "La Línea Roja" de INFORMACIÓNTV habla en su programa de hoy de la citada encuesta:

En línea con lo ocurrido en todo el país, las cifras señalan que el porcentaje total de población en riesgo de pobreza o exclusión –el denominado indicador Arope, que tiene en cuenta diversos factores, además de la renta- se redujo durante 2022 desde el 30,6% al 27,5% en la Comunidad Valenciana. Una cifra que deja este indicador incluso por debajo del que se registraba en 2019, cuando fue del 28,2%, aunque todavía por encima del que se registra a nivel nacional, donde la población en riesgo de exclusión es el 26%.

Gran parte de esta mejora llega gracias al aumento de los ingresos medios propiciado por la reactivación económica, pero también por medidas como la subida del salario mínimo o la mejora de las pensiones. De esta forma, la población en riesgo pobreza en función de la renta –lo que significa que los ingresos del hogar están por debajo del 60% de la mediana del conjunto de hogares- descendió del 25,1% al 22,3%. Eso sí, en este sentido, cabe aclarar que el estudio tiene en cuenta la renta del año anterior a la realización de la encuesta, en este caso, de 2021.

Igualmente, las familias con baja intensidad de empleo –lo que significa que sus miembros estaban en paro o solo trabajaron durante periodos muy cortos del año- descienden del 11,1% al 9,1% del total, fruto de la mejora del mercado laboral.

Sin embargo, llama la atención que el porcentaje de población con carencias materiales y sociales severas se redujera con mucha menor intensidad, del 7,6% al 7,1%, lo que significa que aún hay unas 362.000 personas en esta situación en toda la autonomía, y una 136.000 en la provincia de Alicante, asumiendo que se mantenga esta misma proporción. La encuesta califica así a aquellas personas que muestran déficits en al menos siete de una lista de 13 indicadores, que incluyen desde acumular retrasos en el pago de recibos relacionados con la vivienda, hasta no poder permitirse determinados alimentos o no disponer de coche.

Como señala el sociólogo y profesor titular del departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante Carlos Gómez Gil, estos datos indican que la recuperación y todo el escudo social desplegado por las administraciones durante la pandemia han mejorado la situación general, pero sin acabar con las importantes bolsas de pobreza extrema que existen y que son mucho más costosas de reducir. Un patrón que ya se produjo con la salida de la anterior crisis, como recuerda Gómez Gil. "Por eso es importante que las políticas sociales se enfoquen mucho en estos colectivos", insiste el sociólogo.

Carencia material

Si se baja al detalle, llama la atención en empeoramiento de algunos de los indicadores materiales analizados, sobre todo aquellos más directamente relacionados con la evolución de los precios y las consecuencias de la inflación, que ha mermado el poder adquisitivo de la mayoría de hogares. Así, hasta el 37% de los consultados en la autonomía asegura que no puede permitirse ni una semana de vacaciones al año, dos puntos más de los que referían este problema el año anterior.

Del mismo modo, hasta un 34,6% de los alicantinos, valencianos y castellonenses asegura que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, 2,3 puntos más que el ejercicio anterior. Pero quizá el indicador más significativo es que hasta un 18,4% de los encuestados –lo que supone casi 939.000 personas en la autonomía y 353.000 en la provincia de Alicante- no puede permitirse tener la casa a una temperatura adecuada. Es decir, no puede poner la calefacción o el aire acondicionado.

Otra cifra que no mejora, aunque al menos no aumenta, es el porcentaje de residentes que no se puede permitirse un plato de carne o pescado al menos cada dos días, que suman el 3,4% de la población. Aunque el porcentaje es pequeño, la valoración cambia si se tiene en cuenta que esto supone que hay unas 173.000 personas en el conjunto de la autonomía y unas 65.000 en Alicante que no pueden alimentarse bien, según esta encuesta. La parte positiva es que son la mitad de las que llegaron a registrarse en 2020, cuando el confinamiento paralizó la actividad, aunque siguen por encima del 2,6% que se contabilizaba antes de la pandemia.