Una nueva empresa española levantará tranvías en el Jerusalén ocupado por Israel

Ya son cuatro las empresas españolas involucradas en la construcción de las nuevas líneas de tranvía en Jerusalén que llegan a territorio palestino ocupado por Israel: CAF, GMV, TYPSA y, ahora, COMSA. Esta última compañía se encargará, junto a sus socios israelíes de J-Train, de levantar y mantener durante los próximos 35 años la nueva línea azul de tranvía en la Ciudad Santa, según ha adelantado el diario Noticias de Israel, que cita al ministerio de Hacienda del país.

El consorcio del que forma parte la empresa catalana ha ganado el concurso, valorado en 2.200 millones de euros, según informa Expansión. La nueva línea, de 31 kilómetros, partirá de Gilo, un asentamiento ilegal israelí donde viven unas 30.000 personas y que está dentro de la parte palestina de las llamadas fronteras de 1967, las reconocidas por la comunidad internacional.

COMSA ha conseguido desplazar en este concurso a la empresa vasca CAF y su socia israelí Shapir, que ya trabajan en otras dos líneas, la roja y la verde, que también conectan con las colonias israelíes. La oferta del consorcio de COMSA ha sido un 30% más barata que las otras en el mantenimiento de las líneas, según Noticias de Israel.

Hay otras dos compañías españolas involucradas en las operaciones del tren ligero de Jerusalén, subcontratadas por CAF: las madrileñas GMV, que se encarga de proveer a los vehículos de sistemas de localización automática, y TYPSA, que contribuye al diseño.

Líneas envueltas en la polémica

La participación de las empresas españolas en estos proyectos es fuertemente criticada por organizaciones como Amnistía Internacional o el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que consideran que consolidan la ocupación israelí del territorio palestino.

En 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró ilegal el proyecto de tranvía, dado que viola varias de sus resoluciones y otras empresas ferroviarias internacionales descartaron acudir al concurso público, según Amnistía Internacional.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pidió tanto a CAF como a GMV que presentaran, antes de un año, el análisis de un “tercero independiente” para evaluar el impacto de su trabajo en la población ocupada. El gigante ferroviario español CAF respondió con un informe, adelantado por este diario, en el que se concluye que “las actividades de CAF en Jerusalén Oriental no sugieren un escenario de fallo de sus sistemas de debida diligencia en materia de derechos humanos”. En el informe se eluden las explicaciones sobre la implicación que tiene la construcción de la línea férrea en la ocupación del territorio.

Industria ha afeado a ambas empresas la falta de información sobre los aspectos controvertidos del proyecto y el riesgo que suponen. Ni en la nota de prensa ni en el hecho relevante publicados por CAF hace tres años, cuando obtuvo el proyecto, se hace mención al trazado conflictivo del tren ligero. 

El organismo del Ministerio recomienda también a las empresas españolas que recuerden a sus socios y proveedores la necesidad de respetar las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Cita como referencia una comunicación del Ministerio de Exteriores español en la que, en 2014, informaba a las empresas españolas de los riesgos asociados con las actividades económicas y financieras en los asentamientos israelíes, "en consonancia con la decisión de la UE y al igual que han hecho Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia". Negocio con Israel, sí, pero dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Ni la UE ni Estados Unidos reconocen como israelíes los centenares de asentamientos israelíes que jalonan el paisaje palestino, parte de los cuales ese tren pretende conectar con la parte israelí de Jerusalén. 

El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe recuerda que el nuevo proyecto de tranvías de Jerusalén atraviesa asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados y una de las dos líneas (la Roja) figura en la Resolución 31/36 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas relativa a una violación del derecho internacional. “Normalizar la ocupación y facilitar la colonización, con el apoyo a infraestructuras que primero se implantan con expropiaciones y expulsiones de palestinos está prohibido por la IV Convención de Ginebra y diversas resoluciones de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad como la 2334 (2016)”.

CAF es una multinacional ferroviaria con sede en Beasain (Guipuzcoa) que cotiza en bolsa y facturó en 2022 más de 3.000 millones de euros. Tiene más de 13.000 empleados.

GMV tiene sede en Tres Cantos (Madrid), cuenta con más de 3.000 empleados y registró 260 millones de ingresos en 2021. Fue subcontratada por el consorcio de la empresa española CAF y la israelí Shapir para la gestión y localización de los trenes, incluidas las estaciones en los asentamientos ilegales israelíes.

COMSA es una corporación con sede en Barcelona de desarrollo de infraestructuras e ingeniería industrial con una facturación de 886 millones de euros en 2022 y una plantilla de 5.227 personas.

TYPSA tiene 3.100 empleados y unos ingresos de 266 millones en 2021.