Nueva querella criminal por emplear falsos autónomos: 'Riders' y taxistas denuncian a Uber

Primero fue Glovo y ahora van a por Uber. Una plataforma de 'riders' y taxistas han presentado su segunda querella criminal contra una plataforma digital de reparto por el presunto empleo sistemático de falsos autónomos y, con ello, la vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores. También por actuar "dentro de una posible organización criminal", entre otros cargos contemplados en la denuncia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica. Ahora los tribunales deberán decidir si aceptan o no a trámite la querella y si existe delito o no.

Élite Taxi, liderada por el activista del taxi Tito Álvarez y juntamente con RidersXDerechos, ha registrado ante los juzgados una denuncia por la vía penal contra Portier Eats Spain S.L. -el nombre de la sociedad que utiliza Uber para repartir a domicilio en España-. Si bien desde el Ministerio de Trabajo sí están ultimando acciones penales contra Glovo, sobre Uber no hay acciones actualmente en curso por parte del departamento liderado por Yolanda Díaz.

El empleo recurrente de falsos autónomos, es decir, trabajadores que cotizan ellos mismos a la Seguridad Social pero que deberían estar empleados con contrato por una compañía, está explícitamente tipificado como delito desde diciembre del 2022. Y puede llegar a ser castigado con penas de cárcel. Concretamente los demandantes apuntan a Anabel Díaz, directora general de Uber en Europa, Oriente Medio y África, Felipe Fernández de Aramburu, actual director general de Uber España y Portugal; y su predecesor, Juan Galiardo Sosa.

Presunto delito contra los derechos de los trabajadores

Las grandes empresas del sector de comida a domicilio llevan bajo la lupa de tribunales e Inspección de Trabajo desde que empezaron a ejercer en España, hace algo más de un lustro. Deliveroo, la pionera, se marchó al entrar en vigor, en agosto del 2021, la conocida como 'ley Rider', que obligaba a las compañías de 'delivery' a contratar a sus 'riders'. Y presumía que estos no podían ejercer como autónomos, como venían haciendo previamente. Y por lo que los tribunales han ido censurando a las empresas.

Que un repartidor sea autónomo y no asalariado implica que no tiene derecho a una prestación por baja por incapacidad temporal si sufre un accidente, que no tiene vacaciones pagadas y que debe costearse su propio móvil y vehículo, entre otros. Y aquí es donde fundamenta RidersXDerechos, entre otros, su demanda. Uber, a su parecer, está negando derechos básicos a sus repartidores. 

En 2022, antes de la entrada en vigor de la última reforma del código penal, hubo en España un total de 600 empresarios condenados por delitos contra los derechos de los trabajadores, según datos del INE. Un 18% de ellos condenados con penas de cárcel y un 31% con multas.

Sector en rebeldía

Tras la salida de Deliveroo (que dejó 3.800 'riders' despedidos). Dentro del sector quedaron entonces tres grandes actores: Glovo, Just Eat y Uber. La primera es, hasta día de hoy, la que más litigios y actas de Inspección ha registrado. Y la primera contra la que se han querellado 'riders' y taxistas.

La segunda sí tiene a su repartidores con contrato, ya sea contratados o subcontratados, y defiende el cumplimiento de la 'ley Rider', pese a que en otros países sí emplea autónomos para repartir y ha sido censurada por la 'policía laboral' en Barcelona por cesión ilegal de trabajadores.

Y la tercera, Uber, ha ido cambiando su modelo laboral para tratar de competir con Glovo y actualmente opera con un funcionamiento bastante similar. El grueso de su flota son repartidores autónomos y por ello, entre otros, los denunciantes consideran que están incurriendo en delitos de estafa, delitos contra los derechos de los trabajadores contra la hacienda pública y contra la Seguridad Social, "dentro de una posible organización criminal", según reza la querella.

Si bien Uber una vez entró en vigor la 'ley Rider' cambió su modelo laboral para tratar de cumplir con la ley, al ver que su principal competidor, Glovo, seguía operando con autónomos, volvió a un esquema parecido. También lo hizo una vez fracasó su demanda judicial contra Glovo. Ahora el juez deberá decidir si acepta o no la querella criminal contra Uber y si estima si ha habido o no delito.

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