La Audiencia Nacional impone el pago de casi 240 millones de euros a Sousa y Pescanova SA

Pescanova SA enarbolaba muchas banderas: la de la mayor flota pesquera de Europa, la de la cría y reproducción de cuatro especies de acuicultura distintas (langostino vannamei, salmón, rodaballo y tilapia), del acceso directo a nueve caladeros –ocultaba el de Malvinas– o de una marca con penetración en la mayoría de los hogares del país. Y pingües beneficios, claro. Eran credenciales más que suficientes para atraer a inversores particulares y fondos a sus emisiones de bonos, ampliaciones de capital o a la compraventa de acciones en renta variable. La multinacional, la vieja Pescanova, tenía un valor en Bolsa de 500 millones de euros horas antes de trascender –FARO fue el medio que avanzó el preconcurso, en su edición del 1 de marzo de 2013– que, en realidad, era insolvente. El batacazo atrapó a miles de ahorradores, bancos y entidades de inversión, que ahora están más cerca de recuperar parte de sus pérdidas. La Audiencia Nacional acaba de emitir el decreto de ejecución de sentencia del caso Pescanova, en el que mandata el pago de cerca de 240 millones de euros en concepto de indemnización por responsabilidad civil. Un importe que habrán de satisfacer de forma solidaria dos únicos actores: la propia Sociedad Anónima (la antigua pesquera) y su expresidente Manuel Fernández de Sousa-Faro.

La ejecutoria está firmada por el letrado de la Administración de Justicia Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños. En el fallo de primera instancia, dictado por la Audiencia Nacional, se condenaba a BDO y a su socio director Santiago Sañé por contribuir a la quiebra de la compañía. Fue toda una victoria para los afectados por esta quiebra, teniendo en cuenta que solo BDO –con dinero del seguro de Mapfre y de sus propios fondos– tuvo que consignar algo más de 45 millones de euros para pagar indemnizaciones. Pero la auditora y Sañé fueron exonerados el pasado mes de febrero por el Supremo, así que ahora esos 240 millones de euros corresponden en exclusiva al empresario y a vieja Pescanova. Tienen veinte días para hacerse cargo, bajo apercibimiento de sanción, o para “comunicar al juzgado competente el inicio o la voluntad de iniciar negociaciones con acreedores” en caso de ser insolventes. Para abonar las multas tienen menos tiempo: cinco días para que Sousa aporte 35.000 euros (por los delitos de falsedad de cuentas anuales, falseamiento de información económica-financiera y alzamiento de bienes) y dos semanas para Pescanova SA haga lo propio con otros 21.600 euros. También deberán sufragar las costas del procedimiento.

¿Quién paga?

Fernández de Sousa entró en prisión el 18 de abril. A él se le han retirado los 4,651 millones de euros que trató de evadir a China cuando ya estaba imputado por la quiebra de la pesquera. Esta ha sido su contribución a las indemnizaciones y no es previsible que aporte mucho más, aunque la Audiencia Nacional advierte de que procederá a una nueva “averiguación patrimonial” para tener una relación exacta de todos sus bienes. Al inicio de la instrucción, Sousa únicamente enumeró como patrimonio personal una cuenta corriente con 4.007,62 euros, una finca rústica en El Escorial, acciones en empresas (todas ahora sin actividad) y dos coches. La salud financiera de Pescanova SA no es más boyante: es una mercantil sin actividad, que tiene el 0,34% de Nueva Pescanova (la que asumió todo el negocio) y que se nutre de los fondos que le aporta esta última. De todos modos, siempre ha trasladado que Nueva Pescanova heredó lo bueno y lo malo de la empresa, incluidas las eventuales indemnizaciones. Como las que acaba de ordenar pagar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La cuestión ahora es si a la pesquera que preside José María Benavent le toca desembolsar 240 millones de euros, para lo que hay que tener en cuenta dos posibilidades, como destacan fuentes jurídicas expertas en materia mercantil. ¿Se trataría de un crédito concursal o un crédito contra la masa? Si es la primera opción, según la propia vieja Pescanova, habría que aplicarle “una quita del 97,5%”, como detalló en su informe semestral; si es la segunda, no es susceptible de que le sea aplicada ninguna quita y tendría que abonarse en su integridad. La diferencia es abismal: 238,147 millones de euros (sin quita) o 5,95 millones (con quita). Teniendo en cuenta el dinero decomisado a Sousa por intentar evadirlo a China, la indemnización con quita podría bajar hasta los 5,83 millones de euros. “Los fondos pleitearán para que tengan la consideración de créditos contra la masa”, apuntan las mismas fuentes. Nueva Pescanova, eso sí, lo tiene claro: es crédito concursal. Así lo evidencia en la memoria del pasado ejercicio fiscal: “Como consecuencia de la sentencia sobre el procedimiento contra Pescanova SA, el grupo ha actualizado el riesgo que podría llegar a asumir Nueva Pescanova y que se estima en un importe de 1,437 millones de euros a valor nominal”. El quid está en el artículo 242 de la nueva Ley Concursal, que considera contra la masa “los créditos que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual por todo tipo de daños causados con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la conclusión del mismo”.

Los acreedores

El decreto de la Audiencia Nacional enumera un batallón de particulares y personas jurídicas, que suman –SEUO, salvo error u omisión– esos cerca de 240 millones de euros. Encabeza esta nómina el fondo Luxempart, el más beligerante durante la fase de instrucción y el juicio y el que consiguió la primera condena en España a una auditora. Perdió más de 51 millones de euros que, a juicio de la información remitida a sus inversores, no tiene esperanzas en recuperar. O al menos no las tenía. A continuación está la familia Carceller, con las sociedades Delta y Disa (46,7 millones), Silicon Metals Holding (23,3 millones), Bankia (20 millones), UBI Banca (18,9 millones) y Golden Limit (5,5 millones). En el listado aparecen 277 perjudicados, con el consiguiente importe a ingresar por cada uno de ellos.

Aunque a prisión solo ha ido Manuel Fernández de Sousa, otras ocho personas físicas recibieron en primera instancia penas de prisión, aunque sin superar los dos años. Con la causa extinguida contra Alfonso Paz-Andrade (fallecido), este mandato del alto tribunal determina también las multas a abonar por parte de los demás querellados. A excepción de la esposa de Sousa, Rosario Andrade –le quedan 2.124,89 euros por depositar por un delito de alzamiento de bienes–, todos los demás constituían la guardia pretoriana del expresidente de la pesquera. Son Joaquín Viña Tamargo, Ángel González, Alfonso García Calvo, Antonio Táboas Moure, Alfredo López Uroz y Carlos Turci Domingo; las multas ascienden a 1.800 euros, menos en el caso de Ángel González (exresponsable de Contabilidad), que se reduce a 1.350 euros. Todos los bienes sometidos a embargo hasta ahora, como cuentas bancarias o inmuebles, quedan liberados.

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