El valor del administrador de fincas colegiado

El Colegio de Administradores de Fincas de Alicante (COAFA) es una corporación de derecho público cuyo campo de actuación comprende el sector inmobiliario, bien se trate de inmuebles rústicos o urbanos, arrendamiento, propiedad horizontal y en general cuantos cometidos guarden relación con la administración de bienes inmuebles. Es un sector íntimamente ligado a una sociedad cuya evolución en los últimos cincuenta años ha sido superlativo. Como colegio profesional está comprometido por salvaguardar el derecho constitucional de la vivienda para los ciudadanos en condiciones de seguridad y habitabilidad. Es un campo de trabajo complejo y multidisciplinar que exige que sus colegiados estén constantemente informados y formados, por cuanto desarrollan una actividad de gran valor socioeconómico que afecta directamente a la vida de los ciudadanos, cuidando uno de los bienes más preciados, la vivienda.

Desde COAFA impulsamos la formación de los administradores de fincas para que cumplan sus funciones con la observancia de las leyes, la mediación y deontología. También los cambios tecnológicos y sociológicos son ejes que exigen una adaptación constante a los nuevos tiempos.

El Colegio de Administradores de Fincas también es fruto de una evolución. Ya en el siglo XIX se encuentran antecedentes del administrador de fincas y como tal nace su figura en 1936 y en 1968 se funda como corporación de carácter profesional el Colegio Nacional Sindical de Administradores de fincas de España hasta que en 1981 se conformaron los colegios territoriales de administración de fincas creándose a su vez el Consejo General de Colegios cuyo objetivo es representar ante el estado los intereses de todos los colegios profesionales.

En todos estos años, han sido muchos los esfuerzos y objetivos conseguidos en pro de mejorar el sector inmobiliario y por ende la sociedad. Y uno de los más destacables fue en 1999, cuando los colegios territoriales de la mano del Consejo General de Administradores de fincas promovieron una iniciativa legislativa popular con la recogida de 830.000 firmas para modificar la ley vigente y pusiera freno a la elevada morosidad en las comunidades. Por primera vez, las aspiraciones de los ciudadanos llegaban al parlamento y pasaba a convertirse en la ley 8/1999 de 6 de abril que reforma la Ley 40/1960 sobre propiedad horizontal.

Con ella se inició una nueva era para las comunidades de propietarios, se le llamó Ley para la Convivencia con novedades como el proceso monitorio, la ejecución inmediata o embargo preventivo, privación del voto de los morosos, certificaciones de deuda, convocatoria con morosidad, entre otras, y que ayudaron a detener la escala de morosidad de campaba a sus anchas por las comunidades.

Cercano el 25 aniversario de esta ley es justo agradecer a los colegios territoriales y Consejo General de Administradores de fincas este logro normativo que dotó de herramientas legales a las comunidades para frenar la morosidad y que hoy día sería impensable sobrevivir sin ellas. Y al mismo tiempo hay que poner en valor el trabajo de los administradores de fincas colegiados, los que estuvieron, los que están y las nuevas generaciones, unidos por la colegiación y comprometidos con la profesión y la sociedad.