Telefónica gastará 1.300 millones en los 3.400 despidos del ERE en España para ahorrar 285 millones al año

Telefónica ha conseguido el apoyo unánime de los grandes sindicatos de la compañía al recorte de plantilla en España y al nuevo convenio colectivo para los próximos tres años. Tras el respaldo de UGT y Sumados-Fetico, el consejo estatal de CCOO fue la última en aprobar sumarse finalmente al doble acuerdo de ERE y convenio para las tres grandes filiales españolas del grupo (Telefónica de España, Telefónica Móvil y Telefónica Soluciones). Compañía y sindicatos firmaron formalmente ambos acuerdos este miércoles.

La dirección de Telefónica se garantiza así la paz social en un momento clave para el grupo, tanto por la celebración de su centenario durante este año y en pleno terremoto accionarial por la irrupción en el capital de la operadora de Saudi Telecom, la operadora controlada por el Estado de Arabia Saudí, y el futuro regreso al accionariado de la teleco del Estado español a través de la SEPI.

Recorte de plantilla en España

Telefónica aplicará tres expedientes de regulación de empleo (ERE), uno en cada filial español, para un máximo de 3.421 trabajadores mayores de 55 años y con una antigüedad de 15 años en el grupo, tras sucesivas rebajas desde los 5.124 despidos planteados inicialmente. La compañía cifra en alrededor 1.300 millones de euros antes de impuestos el coste que deberá provisionar para financiar las indemnizaciones vinculadas a las bajas, según ha confirmado el grupo en una comunicación a la CNMC.

La estimación de Telefónica es que el recorte de plantilla le generará unos ahorros anuales promedio de gastos directos de cerca de 285 millones de euros a partir de 2025, aunque la operadora anticipa que los ahorros y el impacto en generación de caja positivo ya se notarán desde 2024, ya que la salida de empleados adscritos al ERE se producirá desde el primer trimestre de este año.

Los trabajadores podrán apuntarse a los ERE entre el 9 de enero y el 8 de febrero, y la empresa confirmará la aceptación de las salidas voluntarias una semana después, el 14 de febrero. Las salidas se ejecutarán de manera efectiva mayoritariamente el 29 de febrero, pero el ERE estará abierto durante un año más, hasta final de marzo de 2025. Si no se alcanza mediante adhesiones voluntarias el número de bajas establecido por la compañía, habrá despidos forzosos en las áreas del grupo con excedentes laborales.

Las condiciones pactadas por compañía y sindicatos para los ERE establecen que los nacidos en 1968 (que ahora tienen 55 años) recibirán un 68% del salario regulador hasta que cumplan 63 y un 38% hasta los 65. Los nacidos entre 1967 y 1965 percibirían un 62% del sueldo hasta los 63 y un 34% hasta los 65, con una prima adicional de 10.000 euros para los se acojan voluntariamente a las salidas. Y los nacidos en 1964 o en años anteriores mantienen un 52% del salario regulador y un 34% hasta la jubilación, pero con la prima de 10.000 euros.

En todos los casos la compañía pagaría íntegramente las cotizaciones a la Seguridad Social hasta los 63 años y hasta que el trabajador pueda jubilarse de manera anticipada, así como el coste de la póliza de salud básico y el seguro de riesgo hasta que cumplan 63 años o hasta que se prejubilen. La compañía también se ha comprometido a crear empleo al menos al equivalente al 7% de los despidos (unos 240 nuevos puestos de trabajo).

Telefónica no utilizaba la fórmula de los ERE desde 2011. La compañía había ejecutado desde 2016 tres planes de bajas voluntarias con indemnizaciones y beneficios sociales. Desde entonces la operadora ha recortado unos 11.900 empleos en España a través de tres planes de suspensión individual de la relación laboral (PSI), con un coste para el grupo de unos 6.800 millones de euros por los pagos para facilitar las salidas (manteniendo a los trabajadores adscritos hasta un 68% del sueldo hasta los 65 años y el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y del seguro médico hasta su jubilación).

Nuevo convenio

Telefónica también ha logrado el apoyo unánime sindical al nuevo convenio colectivo para las fililaes española, que se extenderá hasta 2026 y la posibilidad de prolongarlo hasta 2027. El acuerdo para el nuevo marco laboral contempla una rebaja gradual de jornada laboral desde las 37,5 horas semanales actuales hasta llegar a las 36 horas en 2026 (a razón de media hora menos cada año), subidas salariales del 1,5% anual y una garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de la plantilla con una revisión en función de la evolución de la inflación al finalizar la vigencia del convenio.

El nuevo convenio que convertirá a Telefónica en la primera de las grandes empresas españolas que da el paso de rebajar de manera gradual la jornada laboral hasta las 36 horas semanales (a un paso de las 35 horas que vienen reclamando los sindicatos españoles y también Sumar desde el Gobierno de coalición).

El doble acuerdo permite a Telefónica asegurarse la paz interna de cara a los actos de celebración del primer centenario que el grupo cumple este 2024. Una paz social que llega en plena sacudida accionarial, cuando el Estado español pretende volver a convertirse en socio de referencia de la compañía.

El Consejo de Ministros ha dado orden al holding público SEPI de comprar hasta un 10% de Telefónica para conformar un nuevo núcleo duro español en la teleco junto a Caixabank-Criteria y BBVA y contrarrestar la irrupción de Arabia Saudí en el grupo con un plan de dominar hasta un 9,9%. El Gobierno busca así asegurar la autonomía y la españolidad de Telefónica, a la que considera la “compañía más estratégica de España” por su vinculación con la defensa, la seguridad nacional, la ciberseguridad y las comunicaciones.