Los precios de los productos agrícolas se multiplican hasta por diez del campo a la tienda

El campo está en pie de guerra, como se ha puesto de manifiesto esta semana con las múltiples protestas que se han llevado a cabo en la práctica totalidad de España, incluida la provincia de Alicante. ¿Pero qué es lo que se esconde detrás de esta movilización? Son numerosas las reivindicaciones que el sector está esgrimiendo ante las autoridades europeas, nacionales y autonómicas, aunque hay un elemento que es el que mejor expresa el malestar de los agricultores. Y ese no es otro que los bajos precios que reciben por sus productos, en muchas ocasiones por debajo de los costes de producción, y que, sin embargo, llegan a multiplicarse hasta por diez del campo a los supermercados. Un ejemplo evidente de la mala situación por la que atraviesa esta actividad, lo que ha llevado, además, a que la provincia haya perdido más de 61.000 hectáreas de cultivo en los últimos 20 años. 

Las tractoradas han sido las grandes protagonistas de la semana en numerosas carreteras del país. También en Alicante, donde los agricultores se han ido manifestando de manera sostenida, convocados a través de las redes sociales, al margen de las grandes organizaciones profesionales. No obstante, AVA-Asaja, Asaja Alicante, COAG y La Unió tienen previsto celebrar el próximo día 16 una gran jornada de protesta, con el corte de la autovía A-7 a la altura de Orihuela y de la A-31 en Villena. Actos, en definitiva, que ponen en evidencia el descontento existente en el sector, que ha decidido echarse a la calle para reclamar cambios que permitan mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas.

Y entre las reivindicaciones, una de las más importantes, dirigida al Gobierno central, es la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, una normativa que nació con la finalidad de evitar que lo que cobran los agricultores esté por debajo de los costes de producción, pero que, en la práctica, no se está mostrando efectiva. Y más en un contexto en el que los costes se han incrementado en los últimos tiempos, por las subidas del agua y los gastos salariales, entre otros elementos. Así lo señala el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, quien no duda a la hora de señalar que «la ley no funciona. Lo pagos si que se están realizado dentro del plazo de 30 días, pero se continúa pagando por debajo de los costes de producción, lo cual es mortal de necesidad para el sector. Es del todo necesario reforzar los controles».

Y pone como ejemplo el caso de los limones, de los que es productor en la Vega Baja. «A nosotros nos cuesta 30 céntimos el kilo producirlos, y resulta que nos están pagando 17 céntimos en el mejor de los casos», lamenta. Y eso por los que tienen el calibre adecuado para venderlos en los supermercados. En el caso de los más pequeños, es decir, los destinados a la industria, explica que «ha llegado un momento en el que no los quieren ni regalados debido a los excedentes, con lo que los agricultores están teniendo que pagar a cuadrillas para que los echen al suelo y, al menos, asegurar la cosecha del año próximo».

Y es que, efectivamente, el del limón es el caso más sangrante, y no solo por lo que recibe el agricultor, sino también por el incremento de precio que se registra desde el campo hasta los supermercados, con el paso intermedio por la manipulación y el transporte. De acuerdo con el observatorio de precios que maneja Asaja, el limón pasa de los 17 céntimos a pie de árbol a alrededor de 1,70 euros en las tiendas.

Pero no es el único caso llamativo. La granada mollar cuesta de producir 30 céntimos y se paga a solo 35, antes de que se venda a 2 euros. Algo parecido le ocurre a la naranja, que cuesta de producir también 30 céntimos, se paga a 32 y llega a los supermercados a 1,89 euros. Los rendimientos suben en otros productos, aunque con diferencias igualmente abismales entre el campo y la tienda. Este es el caso del brócoli, que cuesta 40 céntimos y se paga a 92, hasta alcanzar en la tienda 2,70 euros. La coliflor, por su parte, tiene un coste para los agricultores de 50 céntimos la pieza y se la abonan a 80, antes de que alcance un precio de venta de 1,99 euros. En lo que respecta a la alcachofa, el coste de producción es de 70 céntimos, se paga a 93 y sale en la tienda a 4 euros. 

En definitiva, unas diferencias de precios que enervan al sector, como así lo señala Roque Bru, productor de granada mollar en Elche. Según sus palabras, «otros años nos han pagado 50 céntimos, pero este año, debido a que el calor ha afectado un poco a la fruta, apenas se están abonando 35». Con todo, lo que más le indigna es la diferencia de precio con relación a los supermercados, que, subraya, «llega a ser del 400%. No sabemos en qué punto de la cadena se queda eso, pero la realidad es que la diferencia es enorme y no podemos continuar de esta forma».

Desde la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (Asucova), su director, Pedro Reig, se muestra de acuerdo con que se debe de cumplir la ley de la cadena alimentaria, en la que, explica, intervienen muchos actores, empezando por los agricultores y continuando por la transformación, el transporte y la distribución. «El proceso -explica- debe ser sostenible y todas las partes tienen que recibir una remuneración adecuada. Así que habrá que analizar con bisturí qué está pasando y que se tomen las medidas adecuadas para solucionarlo». Con todo, también indica que «nosotros no estamos en el punto de mira», esgrimiendo datos del Ministerio de Agricultura, según los cuales los márgenes sobre ventas en el comercio de alimentos encadenan dos trimestres de descensos, sin haber podido revertir las contracciones experimentadas durante la crisis energética. En cambio, ese mismo informe indica que la agricultura estaría ya en niveles superiores a los anteriores a la pandemia.

Terceros países

No comparten esos datos los agricultores, que también reclaman otras cuestiones a las autoridades comunitarias, como la reciprocidad en todos los acuerdos comerciales de la UE con terceros países. Así lo señala el secretario general de La Unió, Carles Peris, quien llama la atención sobre «la competencia desleal que suponen las importaciones de productos que no respetan las normas que se nos imponen a nosotros. Al final, se trata de una conjunción de factores que nos han llevado a una situación crítica».

Y ahí entra también la necesidad, según el sector, de incrementar el control fitosanitario de las producciones procedentes de países terceros, para evitar la entrada de plagas, así como la reducción de la burocracia, con una flexibilización del cuaderno digital de explotación. Pedro Valera, productor de coliflores de Elche, resalta que «este cuaderno es un auténtico infierno, mucha gente no lo sabe utilizar, hasta el punto de que se ha convertido en el sumun de la burocracia».

Todas estas dificultades, que han ido creciendo con el paso de los años, han llevado a una drástica reducción de las superficie de cultivo en la provincia de Alicante. En concreto, son 61.649 las hectáreas que se han perdido en 20 años, lo que supone el 28 % del total. Destacan las 32,166 hectáreas menos de frutales, las 14.401 de viñedos, las 10.178 de cítricos y las 4.146 de cereales. Por contra, las hortalizas tienen ahora 1.898 hectáreas más y el olivar 1.585.

Suscríbete para seguir leyendo