El Gobierno priorizará la jubilación anticipada en aquellos oficios con más bajas y que acarreen más gasto público

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social plantea priorizar la jubilación anticipada a aquellas profesiones con más bajas médicas y que por ello acarreen un mayor gasto para el erario público. El departamento liderado por Elma Saiz está abordando con patronal y sindicatos la creación de una serie de indicadores para decidir cuándo los profesionales de un oficio podrán retirarse antes sin que ello les repercuta negativamente en la cuantía de su pensión. Y el importe total de las prestaciones abonadas por el Estado en caso de incapacidad temporal es uno de los tres criterios de momento establecidos, según figura en el borrador discutido este lunes entre el Ejecutivo y los agentes sociales.

Las negociaciones en el seno del diálogo social se encuentran en una fase preliminar y el contenido de ese primer borrador estará sujeto a cambios, pero ya ha generado las primeras fricciones entre el Ejecutivo y los agentes sociales. Y es que las centrales, según distintas fuentes consultadas, no están de acuerdo con parte de esos indicadores. Y alertan de que los mismos pueden acarrear un sesgo de género, debido a la actual infradetección de bajas entre colectivos actualmente ocupados mayoritariamente por mujeres.

El Gobierno plantea adelantar la edad de jubilación en los sectores con un alto índice de bajas

Tres son las variables que ha puesto encima de la mesa la Seguridad Social para tratar de objetivar cuándo es lícito que un empleado se retire antes de la edad legal de jubilación -hoy en 66 años y seis meses-. Primero, el importe total de que abona el Estado en prestaciones por incapacidad temporal, en proporción al dinero cotizado por los trabajadores empleados en dicho sector. Segundo, el número total de bajas por incapacidad temporal, sobre el total de empleados expuestos. Y, tercero, proporción de siniestros mortales en el ramo. La edad más avanzada a la que Seguridad Social plantea poder retirarse serían los 52 años, nunca antes.

En base a dichos indicadores, cualquier patronal o sindicato más representativo de un sector podrá pedirle al Gobierno que identifique una profesión como especialmente peligrosa y le permita así jubilarse anticipadamente. Entrar dentro de esa categoría también implicará que empresas y trabajadores de dicho ramo deberán abonar una sobrecotización, para compensar ese retiro adelantado. Una vez se curse dicha petición, el Ejecutivo se compromete a dar respuesta en un plazo máximo de seis meses, ya que ahora puede demorar esta cuestión 'sine die'.

Primeras fricciones

La negociación de nuevos cambios en materia de pensiones avanza, y las partes se han vuelto a citar en 15 días para ir avanzando en un documento de mayor consenso. Hasta ahora hay partes que convencen a todas las partes y otras que no. Las centrales consideran que los criterios de Seguridad Social pueden ser demasiado restrictivos para aquellas profesiones más penosas, pero que acaban incurriendo en un menor número de bajas reconocidas como profesionales.

El ejemplo que ponen las centrales es el de las camareras de piso, que desarrollan dolencias consideradas como comunes, como la lumbalgia, pero que en realidad son fruto de su actividad profesional. En este sentido, un minero tendría más fácil en el actual esquema ver reconocida su necesidad de retirarse antes. Es por ello que critican un potencial sesgo de género en la reforma del Gobierno.

UGT ha sido la más vehemente en sus críticas tras la reunión de este lunes. "Parece que lo que pretenden [desde la Seguridad Social] es que los coeficientes reductores los tengan las profesiones masculinas y dejar la jubilación parcial para las femeninas. Estaríamos ante una desigualdad de trato inasumible", ha declarado la secretaria de política institucional de UGT, Cristina Estévez. Fuentes consultadas de CCOO reconocen diferencias en cuanto a esa potencial brecha de género. La patronal CEOE, a preguntas de este medio, ha declinado realizar valoraciones.

El departamento liderado por la ministra Saiz ha incluido dos compromisos dentro de su primer borrador para tratar de calmar esos temores. Por un lado, la creación, en el plazo de seis meses, de un grupo de trabajo para analizar aquellas profesiones que sean penosas, "pero no se acrediten elevados índices de morbilidad o mortalidad". Y, por el otro, crear otra comisión para, en el plazo de 12 meses, estudiar el impacto de género que haya podido tener la reforma en las jubilaciones anticipadas. Compromisos a futuro que no gustan a las centrales.

Desde el departamento dirigido por Saiz se han limitado a afirmar que "se procederá a la incorporación de las recomendaciones de los interlocutores sociales en el texto y se enviará en los próximos días", según un breve comunicado divulgado tras el encuentro. 

Choque sobre el papel de las mutuas

Otro asunto a discutir en el marco de la reforma de las pensiones que está abordando el Gobierno en la presente legislatura es la revisión del rol de las mutuas colaboradoras en el tratamiento de trabajadores de baja por incapacidad temporal. Las mutuas colaboradoras son entidades privadas a las que la Seguridad Social transfiere anualmente fondos públicos recaudados de las cotizaciones que mensualmente pagan empresas y trabajadores. Entre otros, pagan el tratamiento de aquellos incidentes de origen laboral, así como parte de las prestaciones que cobran los asalariados de baja.

Patronal y sindicatos alcanzaron el mayo pasado un principio de acuerdo para estudiar cómo las mutuas podían tener un mayor protagonismo en la atención de aquellos empleados de baja por un accidente de origen traumatológico, pero que no tenía un origen laboral. Por ejemplo, un trabajador que jugando al fútbol en su tiempo libre se rompiera una pierna y ello le impidiera desempeñar sus funciones y le obligara a coger la baja.

Aquí la Seguridad Social plantea incentivar un mayor papel de las mutuas "con especial atención en aquellos procesos que hayan superado las duraciones óptimas", según el borrador que maneja el Gobierno. Es decir, aquellos que, por el motivo que sea, como una saturación de las listas de espera, tarde más de lo habitual en recuperarse. Y siempre que el trabajador dé su consentimiento expreso. Según el protocolo descrito, el facultativo público deberá dar respuesta, en un plazo máximo de cinco días, a las propuestas de alta que mande la mutua.

Patronal y sindicatos chocan porque los empresarios querrían un mayor peso de los facultativos de las mutuas y las centrales recelan de ello, en tanto que temen que estas acaben presionando a los trabajadores para adelantar altas.

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