Las demandas por abusos hipotecarios se reducen pero aun suman casi 3.600 casos anuales

Alicante se mantiene como la quinta provincia del país donde más consumidores acuden al juzgado para denuncia alguna cláusula abusiva en el crédito para la compra de una vivienda

Una de las sedes judiciales de Alicante.

Una de las sedes judiciales de Alicante. / Pilar Cortés

David Navarro

David Navarro

El juzgado de cláusulas suelo y otras condiciones abusivas de las hipotecas sigue teniendo mucho trabajo en Alicante. A pesar de que las cifras se han reducido de forma paulatina desde el pico registrado en 2018 –cuando se puso en marcha este órgano especializado ante la avalancha de reclamaciones que se registraba-, el año pasado todavía recibió casi 3.600 demandas, lo que sitúa a la provincia como la quinta con mayor número de procedimientos.

Así se desprende de las últimas estadísticas del Consejo General de Poder Judicial que, eso sí, señalan que los jueces asignados a esta tarea lograron resolver más casos de los que recibieron, lo que ha reducido el número de asuntos pendientes. De esta forma, lejos de las demoras de más de un año que llegaron a registrarse únicamente para la admisión a trámite de las demandas, en estos momentos la tramitación de todo el proceso lleva apenas unos seis meses, de acuerdo con los abogados especializados consultados.

Los conocidos como juzgados de cláusulas suelo se pusieron en marcha en el tercer trimestre de 2017 para hacer frente a la avalancha de demandas que se registró después de que el Tribunal de Justicia de la UE enmendara al Tribunal Supremo y abriera la puerta a la devolución de todo lo que los bancos cobraron de más gracias a este mecanismo, que limitaba las bajadas de los tipos de interés.

En el caso de Alicante, el efecto fue inmediato. Solo en los seis meses de 2017 en que estuvieron activos recibieron 4.824 demandas, una cifra que se disparó hasta las 6.332 en 2018, su primer ejercicio completo de funcionamiento. Al año siguiente la cifra se redujo hasta las 4.836 y muchos vaticinaron que el caudal de reclamaciones se iría reduciendo hasta casi extinguirse.

Así, en 2020, la cifra cayó hasta las 3.733, pero, desde entonces, el número de nuevos casos parece haberse estabilizado y, lejos de desaparecer, se mantiene elevado, con ligeras variaciones. De esta forma, durante el año pasado se formalizaron 3.585 demandas ante el juzgado de Primera Instancia 5bis de Alicante -el que se especializó en esta materia-, sólo un 7% menos que el año anterior.

«Durante los años del boom se concedieron muchas hipotecas, aún queda mucha gente que puede reclamar y recuperar un dinero considerable», explica Adrián Roca, de Olima Abogados, que no prevé que la cifra de casos se reduzca de forma significativa.

Una de las protestas que se celebraron para denunciar las cláusulas suelo.

Una de las protestas que se celebraron para denunciar las cláusulas suelo. / Pilar Cortés

Eso sí, el principal motivo de reclamación ha ido variando y, aunque todavía hay muchas demandas por las cláusulas suelo, poco a poco las reclamaciones vinculadas a las comisiones por impago o, sobre todo, las relativas a los gastos del crédito se han convertido en las más numerosas, según Roca. En este sentido, cabe recordar que, según estableció el Supremo, los hipotecados pueden reclamar hasta el 50% del coste de la notaría y el 100% del registro, gestoría y tasación que las entidades cargaron durante años de forma exclusiva a sus clientes.

Comisión de apertura

Lo que a partir de ahora tendrán más complicado de conseguir es la devolución de la comisión de apertura, después de que la Audiencia Provincial de Alicante haya empezado a aplicar el nuevo criterio que estableció el Tribunal Supremo en mayo del año pasado, tras otra sentencia del TJUE que señalaba que esta comisión no formaba parte de los elementos esenciales del contrato y, por tanto, debía juzgarse su abusividad caso por caso.

Si hasta ahora casi siempre se daba la razón al cliente, principalmente al entender que la comisión de apertura no respondía a un servicio concreto, ahora la justicia entiende que este dinero, siempre que sea una cantidad proporcionada, sí responde al trabajo «inherente» para el estudio, la concesión y tramitación del préstamo.

Así, basta con que la cláusula esté explicada claramente para que el consumidor pueda entenderla para considerarla válida. Un cambio que no ha gustado nada a los abogados, que consideran poco justificado este viraje en el criterio que se aplicaba hasta ahora.

Vinculaciones

La avalancha de demandas y, sobre todo, el cambio de legislación de 2019 ha permitido que todos estos abusos que se reclaman ya no estén presentes en las nuevas hipotecas, según destaca el presidente de la sección de abogados especializados en derecho del consumo del Colegio de Abogados de Alicante, Carlos Zarco. Eso sí, según denuncia, se siguen produciendo intentos de abuso con la exigencia de contratar productos vinculados para conseguir la hipoteca, una práctica prohibida expresamente por la ley, pero que las entidades disfrazan señalando que son voluntarias, según lamenta el experto.

Las entidades aún se resisten a pagar

A pesar de que, en el caso de las cláusulas suelo el juzgado siempre acaba dando la razón al consumidor, los abogados especializados lamentan que las entidades financieras siguen sin ponerlo fácil y suelen rechazar las peticiones extrajudiciales que se realizan, obligando a los afectados a acudir a los juzgados. «Al final, es una forma de demorar el pago y de financiarse», denuncia Adrián Roca, de Olima Abogados. Desde la puesta en marcha del juzgado especializado de cláusulas suelo se han presentado en Alicante casi 31.000 demandas.