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Será por dinero

La tasa turística y las externalidades

La tasa turística y las externalidades

En Economía se dice que existe una externalidad negativa cuando una empresa o un particular desarrolla una actividad que perjudica a los demás, de modo que el coste social de dicha actividad es mayor que el coste que le produce a quién la genera. Si éste tuviera en cuenta el coste de la externalidad (si lo «internalizara») modificaría su forma de actuar: desarrollaría su actividad de otro modo (por ejemplo, usando otra tecnología) o produciría menos cantidad del bien o servicio que genera la externalidad. Un ejemplo clásico de este tipo de situaciones es el de una empresa que contamina y no tiene en cuenta el perjuicio que su actividad produce en el entorno. El premio Nobel de Economía Ronald Coase propuso afrontar estas situaciones mediante una «solución de mercado» que, consiste, básicamente, en establecer algún mecanismo mediante el que contamina pague por hacerlo, de manera que internalice los costes asociados a la externalidad negativa que produce, lo que alterará su forma de actuar y generará ingresos para compensar a los que la soportan. Evidentemente, no es fácil llegar a soluciones de este tipo, ya que exigen tener muy claro quiénes crean la externalidad negativa, quiénes se ven afectados por ella (y en qué medida), y disponer de un marco legal que permita articular de forma precisa las transacciones entre unos y otros para alcanzar un precio que determine un nivel de contaminación «optimo» (un precio aceptable para quienes generan la externalidad y suficientemente compensador para quienes la padecen). Estos mecanismos (que, además, deben ser simples y poco costosos de implementar) no suelen aparecer de forma espontánea, sino que requieren de algún tipo de intervención pública. Es el caso, por ejemplo, del mercado de derechos de emisión de CO2, al que han de acudir los grandes productores de estas emisiones para pagar por el derecho a crearlas, lo que les provoca un coste adicional que les incentiva a reducirlas (produciendo menos o cambiando su tecnología), y permite obtener ingresos para actuar contra el cambio climático. Pero incluso con intervención pública puede resultar imposible poner en marcha un mecanismo de este tipo. A veces no es posible identificar a quienes producen la externalidad, o no se puede medir cuánta generan ni el perjuicio que causa a quienes la soportan. También puede ocurrir que hacerlo resulte tan complejo y costoso que no valga la pena. Y es por eso por lo que se recurre a fórmulas más sencillas: prohibir la actividad que genera la externalidad, limitarla o establecer un impuesto específico para quienes la producen.

Podemos recurrir a este marco de análisis para evaluar la idea de cobrar una «tasa turística», concebida como una aportación adicional exigida a quiénes visitan una zona que recibe un gran volumen de turismo para compensar el aumento de la presión que se ejerce sobre los recursos naturales o la tensión a que se ven sometidos los equipamientos y servicios públicos, que no suelen estar dimensionados para dar respuesta a unos flujos de turismo que se concentran de manera irregular en el tiempo. No es una cuestión fácil de abordar, pues los turistas contribuyen al dinamismo económico de los destinos, favoreciendo la generación de actividad y la creación de empleo en muchos sectores, y ya pagan impuestos por los bienes y servicios que consumen durante su estancia. Aunque en nuestro marco de análisis lo que importa es si los precios e impuestos incorporan el coste de la externalidad, pues en caso de no hacerlo, se podría justificar el cobro de la tasa (además, la mayor parte del gasto de los turistas, como el que hacen en restauración y hostelería, se grava a un tipo de IVA reducido, que contribuye decisivamente a que España sea el país de la UE donde este tributo tiene menos capacidad recaudatoria -el tipo efectivo más bajo-). Ocurre también que tanto los impactos favorables del turismo como las externalidades negativas se reparten de forma difusa y, seguramente, asimétrica: los más beneficiados por los primeros no tienen por qué coincidir (y en general, no es así) con los más perjudicados por las segundas. No es posible establecer un mecanismo de mercado para poner precio a las externalidades y la única fórmula posible es que la Administración, como representante del interés general, cobre una compensación (la tasa) y gaste los recursos obtenidos en actuaciones que compensen las externalidades.

Que la tasa se cobre en unos destinos y no en otros plantea la posibilidad de pérdida de competitividad 


Pero hay más. El hecho de que la tasa se cobre en unos destinos y no en otros plantea la posibilidad de una pérdida de competitividad allí donde se aplique. Esta cuestión, nos lleva, sin embargo, a otra bastante más compleja, que excede el ámbito de este análisis: la excesiva vulnerabilidad que revelaría un modelo turístico incapaz de mantener su competitividad ante un pequeño aumento de precios. En cualquier caso, parece razonable que, si la tasa se establece con el objetivo de compensar las externalidades negativas del turismo, los ingresos que genera se destinen a ese fin (por ejemplo, invirtiendo en más infraestructuras y mejores servicios públicos, o en actuaciones destinadas a reducir la huella ecológica que deja). Desde este punto de vista, me parece buena idea que sean los gobiernos más cercanos a los ciudadanos quienes evalúen las posibles externalidades y decidan si justifican la aplicación de una tasa turística. También creo que sería conveniente que los recursos adicionales que se obtuvieran pasasen a nutrir algún tipo de fondo específico destinado a la mejora de la calidad de los destinos, favoreciendo la apuesta por un modelo turístico más sostenible, generador de menos externalidades negativas. Lo que nos devuelve de nuevo a una cuestión más general: qué hay que cambiar en el modelo, hacia dónde se desea ir, cómo se hace la transición y… Si realmente podemos y queremos.

Por tanto, la tasa turística no es ajena a un complejo debate que, además, no es precisamente nuevo, así que parece pertinente que nos preguntemos acerca de la oportunidad de la medida. Un contexto como el actual, en el que el sector se encuentra sometido a una enorme incertidumbre como consecuencia de los altibajos provocados por la pandemia, y en el que estamos gastando dinero público (es decir, de todos) para sostener al sector (por ejemplo, con el Programa Bono Viaje Comunidad Valenciana 2022, que se acaba de poner en marcha), no me parece el mejor para tomar decisiones sobre una tasa turística. Menos aún si la propuesta se plantea en términos de victoria o derrota política.

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