Durante los últimos años se viene generalizando la idea de que los territorios que tienen poca población (en particular, aquéllos que tienen pocos habitantes en relación con su superficie) vienen experimentando un proceso de empobrecimiento relativo, que sería fruto de la pérdida de oportunidades, de las dificultades de acceso a infraestructuras y servicios públicos y del propio adelgazamiento demográfico. Y, en virtud de este argumento, se defiende la necesidad de reorientar diversas partidas del gasto público hacia esos territorios, con el fin de frenar el proceso de despoblación y el empobrecimiento que generaría. Así ocurre, por ejemplo, cuando se habla de la inversión en infraestructuras de transporte o de la reforma del sistema de financiación autonómica: se propone destinar más recursos públicos hacia los territorios menos poblados, con independencia de la renta de quienes viven en ellos, o asumiendo que quienes los habitan se están empobreciendo y deben ser «compensados».
Este no es un debate fácil de abordar. Para empezar, debemos buscar algún indicador que nos permita medir ambos fenómenos: despoblación y renta. Si lo planteamos a nivel provincial, podemos aproximarnos al tema mediante dos variables fáciles de calcular: la densidad demográfica (habitantes por km2) y la renta per cápita (Producto Interior Bruto dividido por el número de habitantes). Es cierto que ambas, como cualquier otra que usásemos, son imperfectas: una misma densidad demográfica provincial puede reflejar distintos niveles de dispersión de la población en el territorio, de la misma manera que la renta per cápita provincial no es más que una media que no refleja la equidad en cuanto a distribución de la renta. Pero si lo que nos interesa es evaluar la posición de Alicante, las conclusiones que obtenemos son, como vamos a ver, tan contundentes, que las posibles debilidades de estos indicadores no las ponen en tela de juicio.
En el gráfico adjunto a este artículo se representa mediante barras la densidad demográfica de las provincias españolas (que aparecen ordenadas, de izquierda a derecha, en función de este cociente); y se emplea una línea para mostrar la renta per cápita de cada provincia. Los valores correspondientes a la media de España y a la provincia de Alicante se singularizan mediante colores y marcadores diferentes.
A simple vista, observamos que hay provincias muy poco pobladas cuya renta por habitante está por encima de la media de España (Soria, Huesca, Palencia o Burgos), o es bastante más elevada que la de algunas provincias con alta densidad poblacional. Resulta especialmente llamativo el caso de Alicante: es la quinta provincia de España con mayor concentración de la población, pero la octava por la cola en cuanto a renta per cápita (sólo alcanza el 76,1% de la media española). Hay 42 provincias que tienen una renta por habitante superior y, entre ellas, están las 15 provincias con menor densidad demográfica de España (hay que llegar hasta la decimosexta, Badajoz, para encontrar una provincia con baja densidad poblacional que tenga menos ingresos per cápita que Alicante).
La situación de Alicante contrasta con la de Madrid, Barcelona, Vizcaya y Guipúzcoa, las cuatro provincias con mayor densidad demográfica, que sí se encuentran entre las de mayor renta per cápita. Pero, tras ellas, otras provincias, como la nuestra, Tenerife, Las Palmas, Málaga o Cádiz, se sitúan entre las que tienen más población por km2 y, al mismo tiempo, presentan unos niveles de renta por habitante muy inferior a la media de España, y bastante más reducido que el de casi todas las provincias menos pobladas.
El análisis de estos dos únicos indicadores no proporciona información suficiente para abordar algunas cuestiones que resultarían pertinentes en este ámbito. Por ejemplo, hasta qué punto contribuye a esta situación el desplazamiento de los más jóvenes (que, normalmente, tienen ingresos más bajos) desde las zonas menos pobladas hacia las de mayor densidad demográfica. Pero, a mi juicio, casos como los de Alicante, Málaga o Cádiz revelan que no se debe equiparar prosperidad con alta densidad poblacional, igual que despoblación no es equivalente a pobreza. Siendo así, un «exceso de atención» en los problemas que padecen las zonas con menos habitantes por km2 puede llevar a minusvalorar las dificultades que afrontan territorios muy poblados en los que no parece existir una estructura productiva capaz de generar rentas altas y donde se requiere, tanto o más que en muchas zonas poco pobladas, un mayor esfuerzo público para ofrecer mejores infraestructuras y servicios, tanto por la falta de capacidad de quienes residen en ellos para aportar recursos suficientes (sus rentas son más bajas), como por la mayor congestión que pueden sufrir las dotaciones públicas en esas zonas.
Desde la perspectiva de Alicante, la octava provincia más pobre de España y, al mismo tiempo, la quinta en densidad demográfica (y en población absoluta), resulta desalentador que, año tras año, se nos asigne una cuota de inversiones estatales que no sólo es inferior al 4% (el porcentaje en que se sitúa nuestro peso poblacional), lo que podría estar justificado por la reducida superficie de la provincia, sino que ha acabado descendiendo hasta caer por debajo de nuestra participación en el PIB estatal (algo más del 3%) y situarse casi al mismo nivel que la cuota de Alicante en el territorio español (un 1,15%), a pesar de nuestra elevada densidad demográfica (que se dispara en los meses de verano) y del relativamente bajo nivel de renta de la provincia. Y resulta decepcionante comprobar cómo, en el debate de la financiación autonómica, se plantean mecanismos de solidaridad para apoyar a las zonas menos pobladas, pero nadie parece acordarse de que hay provincias con alta concentración demográfica que son más pobres que casi todas las que padecen problemas de despoblación, afrontan problemas de congestión en las infraestructuras y servicios públicos, y requieren de tanto o más apoyo.
