No es una pataleta sin más, o, al menos, eso es lo que quiere demostrar el alcalde de Elche, Carlos González, al presidente de la Diputación, César Sánchez. El reparto de fondos entre los municipios de la provincia con cargo al remanente de tesorería de 2015 no ha gustado nada al tripartito ilicitano, y, en particular, al PSOE y a Compromís. Así lo han venido dejando claro, sin que se les haya hecho mucho caso hasta la fecha. Lo consideran un agravio en toda regla, una decisión arbitraria e injustaagravio . Incluso la junta de gobierno aprobó un paquete de alegaciones para dar traslado al Palacio Provincial. Ahora el regidor ilicitano ha decidido dar un paso más, y ha remitido una carta personal, firmada de su puño y letra, que entró por registro a finales de la semana pasada, dirigida personalmente a César Sánchez -con tuteo incluido- en la que deja patente el malestar por el reparto de ayudas.
«Me veo en la obligación de censurar, desde el punto de vista político e institucional, la decisión adoptada por el equipo de gobierno de la Diputación por ser, a todas luces, arbitraria, discriminatoria e injusta respecto a la segunda ciudad de la provincia», sentencia Carlos González en la carta de agravios. Junto a la misiva, adjunta el pliego de alegaciones aprobado por el tripartito el 6 de mayo. Ahí ya no sólo se escuda el equipo de gobierno en aspectos políticos, sino también en los jurídicos. De entrada, considera que el proceder de la Diputación es una infracción en toda regla de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, y lo es, a juicio de los ilicitanos, en el sentido de que en el reparto de fondos no se han seguido criterios objetivos y equitativos. No es el único argumento que se saca Elche. También sostienen que se vulnera el principio constitucional que establece la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, y lo hace sustentándose en la jurisprudencia del Constitucional, con una batería bastante amplia de sentencias. «Con la confianza de ver atendida nuestra reclamación y a la espera de que desde la presidencia que ostentas se dén las instrucciones oportunas para revertir la situación actual, recibe un cordial saludo», concluye González.
Hasta ahora la relación entre una y otra institución ha sido todo, menos fluida. César Sánchez sólo ha estado oficialmente en el Ayuntamiento en una ocasión, allá por el mes de noviembre. Todo lo demás han sido visitas por otras cuestiones: actos de campaña, algún encuentro en la UMH, y hasta un paseo -informal, pero paseo y sin previo aviso- por Elche Parque Empresarial. Poco más. Carlos González ni siquiera ha ido al Palacio Provincial. Ahora bien, la sangre no había llegado al río. Sin embargo, el reparto de fondos de la Diputación lo ha cambiado todo. En abril, los cinco grupos políticos con representación en la institución provincial aprobaban por unanimidad una inyección de 30 millones en los municipios alicantinos con cargo al remanente de tesorería de 2015. Orihuela se quedaba, en función de ese reparto, con 800.000 euros; Benidorm, con cerca de 750.000 euros; y Alicante, con un millón de euros. Mientras tanto, para Elche, 500.000 euros. Sólo se habían aprobado dos de los cuatro proyectos presentados por los ilicitanos: entraban el carril bici de La Marina y un proyecto de eficiencia en el riego para parques; y se quedaban fuera los carriles bici del parque industrial y de la avenida de la Libertad. Lo peor llegó cuando, posteriormente, se concedió una ayuda directa y urgente al municipio de Calpe -de donde César Sánchez es alcalde- por 2,1 millones. Fue entonces cuando el equipo de gobierno ilicitano empezó a redoblar la presión, en particular, por boca de Carlos González, quien aireó su malestar a los cuatro vientos, y utilizó términos como «caprichoso» o «arbitrario» a la hora de calificar ese reparto de dinero. Tampoco valió de nada. Se trató de mover ficha entonces con esas alegaciones aprobadas por la junta de gobierno y, ahora, con esa carta de agravios.
Carlos González insistía ayer por la tarde en que, «desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista político, es un agravio injustificado y sin razón de ser, que violenta todas las reglas de la proporcionalidad». Con estos puntos de partida, no titubeaba a la hora de subrayar que «lo importante es que la Diputación cambie su posición y busque un sistema de distribución de esos fondos justo y proporcional». De momento, no quiso anticiparse a los acontecimientos, pero insistió en que no se va a quedar de brazos cruzados. «Nuestra posición siempre va a ser dar la batalla por los intereses del municipio, tanto en el frente político como jurídico», apostilló, aunque sin descubrir por el momento todas sus bazas.
Desde la Diputación, mientras tanto, se limitaron a decir que sí, que se había recibido la misiva, sin entrar a valorar su contenido. En cualquier caso, sí sacaron pecho del hecho de que el Plan Financieramente Sostenible se aprobó en el pleno de la institución por unanimidad, incluidos los votos del PSOE y Compromís, corresponsabilizando de ese agravio que denuncia Elche a los partidos de los dos principales socios de Gobierno en Elche. Pusieron el acento en eso y en que, sea como sea, el tramo del carril bici de Torrellano se hará en una segunda fase del proyecto de Alicante para enlazar con la Euipo. Alegaron eso y que los de César Sánchez están dispuestos a sentarse a hablar y a trabajar conjuntamente con Elche. Queda por ver si todo queda en palabras o las cosas se encauzan.
