La investigación de la Fiscalía sobre la vecina de San Antón que acabó en la indigencia, viviendo en Cáritas, ha descubierto que los supuestos «okupas» consiguieron que firmara un supuesto contrato de alquiler por una mensualidad irrisoria de 77 euros, cantidad que era prácticamente la tercera parte de lo que pagaba ésta por la hipoteca y que, además, nunca llegaron a abonarle. El Ministerio Público sospecha que la engañaron aprovechando que tiene una enfermedad mental. Los tres investigados lo tenían todo atado.
Como ya publicó ayer este diario, la historia comenzó hace año y medio cuando una pareja de okupas comenzó a vivir en un piso colidante al de la víctima, en el barrio de San Antón. Al cabo de año y medio, la mujer tenía a una tercera persona, familiar de estos, en su propia casa y acabó huyendo de la misma. El citado documento de alquiler se habría firmado a finales de 2017 por 77 euros al mes. Una cifra que se aleja mucho de los 184 que la perjudicada por esta presunta estafa pagaba de hipoteca, lo que incrementa aún más esa sospecha de querer abusar de su situación de debilidad.
Ni una mensualidad
El Ministerio Público apunta en la querella que el supuesto inquilino no sólo no pagó ni una sola mensualidad de ese alquiler sino que habría aprovechado para conocer las claves de su cuenta corriente y de la tarjeta de crédito, hasta dejar su cuenta vacía, sin que ni siquiera pudiera pagar la hipoteca o las facturas de la luz, además de haberle sustraído supuestamente el coche, que se encuentra en paradero desconocido a día de hoy.
La Fiscalía también ha solicitado al Juzgado de Instrucción que se oficie al banco donde la víctima tenía su paga para que explique en qué momento se cambió a otra cuenta la prestación que recibía pues al parecer los okupas, al hacerse con los datos bancarios, también le usurparon el dinero que recibía mensualmente, siempre según la investigación. Además, se pide que el banco aclare a qué otra cuenta se cambió y a nombre de quién está, así como todos los trámites que se siguieron para realizar esa modificación. El objetivo del Ministerio Fiscal es que una vez se le dé el alta en la Unidad de Salud Mental donde está ingresada, pueda volver a su casa y recuperar su dinero.
Bienestar Social
El departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche confirmó ayer su intervención para ayudar a esta mujer que, según la querella de la Fiscalía, no sólo estuvo más de un año soportando presiones, amenazas e incluso agresiones con un bastón. Y lo hizo a través de su médico de cabecera,que dio la alerta a los trabajadores sociales. Fueron estos los que le gestionaron poder ingresar en la residencia de Cáritas, donde acabó sin dinero. La prioridad era que saliera de la vivienda para acabar con el infierno que sufría, por lo que desde Bienestar Social se le aconsejó que abandonara el lugar y acudiera a Cáritas, tal y como confirmó ayer la edil Tere Macià. La concejal aseguró que durante este tiempo se le han otorgado diferentes ayudas de emergencia.
De hecho, el caso llegó a la Fiscalía debido a que los trabajadores sociales solicitaron declarar la incapacidad de la mujer, debido a la enfermedad y el consecuente retraso mental que padecía. Tras observar todos los informes y estudiar el caso, el fiscal puso todos estos hechos en conocimientos del juzgado para que investigara a las tres personas acusadas de estafa, coacciones y usurpación del bien inmueble con violencia, además de otros delitos.
