La mesa local de economía sumergida de Elche lleva dos años sin convocarse desde que a mediados de 2018 se dio cuenta del extenso informe que elaboró la Universidad Miguel Hernández,encargado desde este órgano dependiente del consejo social, en el que se concluía que más de un 80% de los encuestados toleraban o veían con normalidad el fraude fiscal. Agentes sociales y sindicatos piden que vuelva a retomarse esta reunión que desde su creación en 2016 ha tenido un corto recorrido, con apenas reuniones, y sin ninguna medida eficaz contra la economía sumergida.

Reivindican este instrumento más ahora que la crisis sanitaria por el covid-19 está recrudeciendo la situación de muchas familias y este tipo de prácticas pueden aumentar debido a la inestabilidad laboral que afecta a la ciudad y a todo el país. Aún y así, desde el ejecutivo local explican que la pandemia ha retrasado todas las convocatorias. Según el edil de Promoción Económica, Carles Molina, «las preferencias son ahora atender otras necesidades, que no es que sean más urgentes pero sí de emergencia social». El concejal asegura que están trabajando para crear una metodología de trabajo con el fin de que las resoluciones de la mesa tengan trayectoria e indica que el problema «hay que dimensionarlo porque la economía sumergida no sólo está en un sector», haciendo alusión al calzado.

Desde CC OO piden que haya una correlación entre el trabajo de la Generalitat con el Observatorio del fraude y el Ayuntamiento, «que nos veamos reflejados o hagamos un seguimiento porque todo tiene un sentido. La economía sumergida está también en el comercio, la hostelería...», ataja Carmen Palomar, secretaria general de CC OO en Vinalopó-Vega Baja. La creación de un convenio entre administraciones era uno de los primeros preceptos que se marcaba esta mesa y que anunció el alcalde, aunque la medida no llegó a la práctica para hacer una radiografía de los grandes focos. De igual forma, Palomar reseña que para hacer un control hacen falta medios «y es muy necesaria la coordinación entre inspección de trabajo y policía autonómica que acompañe a la inspección... se pueden coordinar y dar más pasos para erradicar».

Desde UGT exigen «más administrativos de trabajo y cambiar la percepción del empresariado. Hay que incidir en ese cambio cultural, tienen que trabajar y declarar. Esa mesa tiene que poner encima de la mesa una minimización del impacto en la ciudad» explica Ismael Senent, secretario comarcal de UGT. Los sindicatos estiman que entre un 20 y un 25% de los trabajadores están sin dar de alta o no se declara parte de su trabajo.

Otro de los acuerdos aprobados en la constitución de esta mesa fue diseñar una estrategia de comunicación para informar, sensibilizar y concienciar a los trabajadores, empresarios y ciudadanía en general sobre las graves consecuencias que la economía sumergida tiene para el mercado de trabajo, así como para el sistema impositivo como redistributivo y de pensiones. Este apartado tampoco se ha puesto en marcha, según indican sindicatos y agentes sociales, mientras que reseñan que sería esencial porque «en los perfiles más jóvenes y cuando son los primeros empleos hay mayor desconocimiento de las leyes laborales y luego a veces por parte del empresariado hay una mayor relajación de ver que es nuevo. Luego están los perfiles de quienes no tienen mucha cualificación y siempre ha trabajado en el calzado y lo que encuentran es la economía sumergida y no salen de ese círculo, por lo que a mayor profesionalidad menor incidencia», explica Carmen Palomar. En este sentido, desde el ejecutivo local reseñan que se han suscrito convenios como con el CDT para profesionalizar la hostelería para lograr minimizar esta lacra del fraude fiscal.

En enero el Ayuntamiento acordó con CC OO y UGT volver a celebrar este encuentro entre sindicatos, patronales empresariales y representantes de la Generalitat. Desde Ágora d'Elx, uno de los colectivos integrados, reseñan que hay que erradicar cuanto antes esta lacra que ya está teniendo consecuencias, sobre todo ahora que las personas que trabajan de forma clandestina no pueden acogerse a ERTEs «e incluso los hay que están pero con un porcentaje declarado que no es real», indica Pablo Fernández Seiler, miembro de la directiva de esta entidad. Calzado

Desde la asociación de Aparadoras de Elche también tienen prevista una reunión la semana que viene con el Consistorio para insistir en la necesidad de abrir de nuevo el debate y piden que las dejen estar representadas en esta mesa. El colectivo entiende que debería apostar por las cooperativas para evitar mediadoras y que las trabajadoras del sector puedan organizarse y que los zapatos cuenten con la tarjeta de trazabilidad para que se sepa la procedencia del producto y de la fabricación, según Isabel Matute, presidenta de la asociación.

Servicio doméstico, cuidadores y hostelería, otros de los focos 

La incidencia de la economía sumergida que percibe la ciudadanía de Elche se percibe también en otros sectores como el Servicio doméstico (72,20%), reparaciones domésticas (65,80%), sanitarios y cuidadores privados de niños y ancianos (62,90%) y hostelería (53,60%), además de en el calzado en un 81,5%. Esta es la estimación que dio a conocer la UMH a través de la encuesta a más de 600 vecinos que realizó dentro del estudio sobre la percepción de la economía sumergida. Hasta la fecha no se ha hecho un nuevo análisis y entonces se hablaba de que también se entendía esta incidencia del fraude fiscal pero menor en la construcción o el comercio local. Se extrajeron también conclusiones sobre el impacto de la economía sumergida en el entorno más cercano a los encuestados y pensando en su entorno personal y se dedujo que el 33% de los trabajadores por cuenta ajena lo hacen sin contrato ni Seguridad Social, el 24% de los trabajadores por cuenta propia no cotizaban a la Seguridad Social, y el 27% de los empresarios contratan trabajadores en condiciones irregulares, por lo que se planteaban campañas de concienciación.