José Joaquín Moya, el que fuera alcalde socialista de Bigastro durante 25 años, hasta 2008, negó ayer que se quedara cualquier tipo de comisión o dinero en efectivo ingresado por una empresa durante la subasta de unos terrenos públicos, como le acusa la Fiscalía Anticorrupción. Así lo declaró ayer al jurado popular que juzga esta causa, en la que tanto el Ministerio Público como la acusación particular, que representa al propio Ayuntamiento de Bigastro, le piden seis años de prisión por prevaricación y malversación por quedarse más de 70.000 euros de los 1,3 millones que ingresó una empresa por la subasta de terrenos para su posterior desarrollo urbanístico en un sector por desarrollar del municipio. También está imputado el exinterventor por un pago de 26.000 euros, para quien se pide tres años y nueve meses de prisión
Las pruebas aportadas por las acusaciones se basan fundamentalmente en dos documentos de pago en los que aparecen manuscritos las cantidades, que se habría llevada Moya, procedentes de dos pagos realizados por una empresa al Consistorio. El exalcalde negó también que realizara las anotaciones manuscritas en dichos documentos y manifestó que desconocía quién podía haberlas hecho.
«Eso no lo he escrito yo. Es un documento que en el momento en el que se entrega al Ayuntamiento es público y está al alcance de todos los funcionarios de Contabilidad. Decir que lo he hecho yo es una inmensa barbaridad», espetó Moya al fiscal Anticorrupción durante su declaración. La tensión entre el exalcalde y el fiscal fue una constante durante la testifical y comenzó con la primera pregunta del Ministerio Público. Moya explicó que fue alcalde desde 1983 hasta que dimitió en octubre de 2008 tras ser detenido. «¿Esa detención fue motivada por este procedimiento?», le preguntó el fiscal. «Eso creo que tiene que responderlo usted. Según dijo usted ayer (por el lunes), la denuncia se formuló en 2014, así que creo que no», respondió Moya, quien no dudó en poner en tela de juicio la instrucción del caso que le ha devuelto al banquillo tras varias condenas y absoluciones por su gestión en la Alcaldía de Bigastro. Otro momento tenso se vivió cuando el fiscal le preguntó sobre la prueba caligráfica que había realizado en el juzgado de instrucción de Orihuela y que, según Anticorrupción, habría demostrado que las anotaciones realizadas en los documentos señalando las cantidades que se habría quedado Moya, las hizo él mismo.
El exalcalde volvió a reiterar que él no había escrito esas anotaciones, y criticó que esa prueba caligráfica se le realizara «aprovechando que fui al juzgado para declarar por otra cosa».
En cuanto al destino de los más de 70.000 euros que tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Bigastro sostienen que desvió a su favor, Moya negó que se quedara esas cantidades. «Yo he firmado las cartas de pago como un acto administrativo. No sabía siquiera el destino del dinero. Eso va a la caja del Ayuntamiento, que no está en mi despacho. Que yo firme es una garantía para el que paga, pero no significa que yo dispusiera el dinero», señaló, explicando que el procedimiento habitual era que la empresa emitiera un cheque o talón que luego se ingresaba en caja, pero que en ningún caso esas cantidades se llevaban en efectivo.
Las «perras»
La Fiscalía insistió en la forma de pago de las empresas al Ayuntamiento, a lo que Moya reiteró que rara vez se pagaba en efectivo. «Pudo suceder alguna vez. No lo sé, pero desde luego no era yo quien lo llevaba a la caja municipal. Cualquiera de los que estaba en contabilidad podía ir a cobrar el dinero si se entregaba un cheque al portador. Las perras las cogió alguien del Ayuntamiento. Si lo que me pregunta (al fiscal) es si alguien fue al banco a cobrar el cheque, o a sacar dinero para luego traerme las perras a mí... no tiene sentido». El exalcalde también explicó que el objetivo de subastar esta parcela pasaba por conseguir dinero para inversiones en un momento en el que «la Diputación y la Generalitat eran de otro color político y no llegaba dinero». El juicio continuará, previsiblemente hasta el viernes, con la declaración de testigos y peritos antes de que el jurado popular emita su veredicto.
«Ningún interventor hubiera firmado eso»
El exfedatario declara que las notas manuscritas de las carta de pago se pusieron con posterioridad a su firma
«Cuando yo firmé esos documentos esas anotaciones no estaban. Alguien después ha puesto el nombre de Moya, Esto está manipulado. Ningún interventor del mundo lo habría firmado». Así se exculpó ayer el exinterventor de Bigastro, tanto a él como al exalcalde, José Joaquín Moya, de realizar las anotaciones con las presuntas comisiones que se habría llevado este último de dos pagos que realizó una empresa a la que se le adjudicaron unos terrenos de propiedad municipal en 2007.
El exfuncionario público señaló que cuando firmó esos documentos de pago no contenían ninguna otra anotación que la oficial y que figura en el documento. Esos manuscritos, sostienen las acusaciones, probarían el desvío de fondos que la interventora que le sustituyó, en 2011, aseguró que no se habían ingresado en ningún sitio. El acusado sostuvo que él en ningún momento manejaba dinero en efectivo. «Yo no guardo ni gestiono dinero. Jamás he cobrado ni pagado nada. En mi ordenador ni siquiera tenía acceso a las cuentas. Nadie ha venido nunca con un fajo de billetes al Ayuntamiento a darle dinero a nadie», señaló. Su única función, dijo, era la de asesorar legalmente al Ayuntamiento. «Yo entré con el título de Bachiller. Era un pueblo pequeño. No se puede pedir a un interventor e tercera lo que hace uno de primera, concluyó.
