El Palmeral de Elche estará en los próximos años controlado en un 81% de su superficie por el Ayuntamiento, lo que equivale a 117 hectáreas, mientras que un 19% de los huertos históricos de la ciudad seguirá estando en manos privadas. Ese es el futuro que el equipo de gobierno quiere darle al Patrimonio de la Humanidad, debatido esta semana en las Cortes Valencianas con motivo de la aprobación del proyecto de ley para proteger la joya ilicitana.
La Administración local está dispuesta a seguir recuperando más huertos de palmeras de la ciudad a través de expropiaciones y esa ley y el Plan Especial del Palmeral, que está elaborando la Concejalía de Urbanismo y que pretende sacar a exposición pública este año, van a regular esa fórmula para que el Ayuntamiento pueda hacerse cargo de más terreno bajo el argumento de frenar nuevas construcciones. Esto implicará, tal y como explicó el arquitecto municipal Julio Sagasta, «congelar lo que hay hasta este momento. Si está edificado se mantiene y si no pasa a ser público y no se edifica».
Y con esas herramientas jurídicas que están camino de ser aprobadas, el Ayuntamiento quiere que dos terceras partes de los huertos municipales tengan un uso agrícola y puedan ser plantados como hacían los árabes en sus orígenes. «El campo tiene que prevalecer sobre lo urbano», aseguró Sagasta. Otra cosa es el debate que hay entre los defensores del Palmeral sobre si esos usos agrícolas o esos centros de visitantes que quiere permitir el Ayuntamiento en los huertos sea lo mejor para garantizar la supervivencia del Patrimonio de la Humanidad o si es conveniente que todavía haya un 19% de los huertos tradicionales en manos de particulares. En este sentido, la ley que se está debatiendo refuerza las sanciones por infracciones urbanísticas y contempla hasta tres millones de euros de multas al Ayuntamiento u administraciones públicas por dar licencias fuera de control. También recoge que se podrá embargar la propiedad a los propietarios de los huertos que no cumplan con la norma.
En la actualidad, un 68 % del bien protegido, en referencia a los huertos históricos, es de propiedad municipal. En total, hay 144 hectáreas repartidas en 67 huertos y 243 que pertenecen al entorno de protección. Estas cifras dan una idea de la inmensa superficie que tiene el Ayuntamiento bajo su gestión. Según el arquitecto municipal, en el casco urbano hay más de 70.000 palmeras, solo en huertos y en todo el término municipal se estima unas 180.000 ejemplares, sin tener en cuenta los viveros ni los que hay en la vía pública, que hay cientos.
El debate
Cómo garantizar la supervivencia de ese mar infinito de palmeras es lo que se está discutiendo estos días en el parlamento valenciano. El martes seis ponentes, entre colectivos y particulares, abrieron un debate que continuará mañana con otros cuatro comparecientes. Después llegará el turno de los grupos políticos que elaborarán sus enmiendas para renovar después de 35 años la Ley de protección del Palmeral.
Posturas hay muchas entre los defensores del bien reconocido por la Unesco, desde las más proteccionistas que defienden la edificabilidad cero en los huertos, hasta las más laxas, que apuestan por permitir más usos que el agrícola para evitar que los huertos caigan en el abandono. La voz unánime de colectivos y particulares es que hay que evitar ambigüedades para dejar bien claro lo que se podrá hacer y lo que no.
Claves de la nueva ley: traslados de colegios y protección de oficios
Frenar el desarrollo urbanístico del Palmeral es una de las claves recogidas ya en el borrador de la ley que elaboró el Ayuntamiento en 2017. La norma a largo plazo la ley permitirá trasladar colegios para recuperar huertos históricos. También reconoce como Bien de Interés Cultural (BIC) el oficio del palmerero y la artesanía de la palma blanca. En la zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y el núcleo urbano se permitirá el uso agrícola ganadero, social, cultural y ambiental, pero no se podrán construir nuevas viviendas o colegios. En el resto del Palmeral (área de tutela periférica y área de tutela rural) los usos permitidos serán residencial, hotelero o alojamiento turístico.
