Si las relaciones entre el Partido Popular (PP) y el PSOE de Elche no vivían su mejor época, desde ayer está claro que van a ir a peor después de que por primera vez en este mandato los populares acusaran directamente a los socialistas de haber beneficiado a terceros en un contrato y de que piensan seguir tirando de la manta. «Lo que sí sabemos es que la familia de la concejal Patricia Macià debe estar muy satisfecha, pues le debe haber afectado poquísimo las consecuencias de la terrible crisis económica derivada del coronavirus», dijo el portavoz adjunto, José Navarro, refiriéndose a esta circunstancia. Navarro se ha caracterizado por la dureza de sus críticas desde que comenzó el mandato, pero ayer subió un peldaño más pues no aportó más pruebas que el hecho de que en la empresa que se ha adjudicado el proyecto para la construcción del colegio de educación especial Virgen de la Luz por 214.170 euros trabaje como arquitecto el hermano de Macià, quien tiene una extensa carrera profesional antes de que ésta entrara en política hace seis años.
«En la próximas semanas iremos destapando nuevos casos de contratación a familiares de concejales»
Y da lo mismo que la concejala, responsable del área de Gestión Tributaria, no haya participado en una sola votación en dicho expediente, el daño ya estaba hecho con la acusación. De hecho, el equipo de gobierno hizo algo que no le es muy habitual: salir a dar réplica prácticamente en tiempo récord y acusando al edil popular de «mala fe».
Navarro apoyó sus acusaciones en que «los servicios jurídicos de la formación están investigando si existe un posible conflicto de intereses» en dicha adjudicación. «Según la licitación, el hermano de la señora Macià tiene las labores de apoyo, redacción del proyecto de comunicación y tramitación municipal, así como de apoyo en la dirección de obra». Para el edil en la oposición, debe esclarecerse si «ha tenido la posibilidad de acceder a documentación privilegiada».
Navarro repitió una palabra (cortijo) que se está convirtiendo en una coletilla habitual de las comparecencia de su partido contra los socialistas al asegurar que «por mucho que intenten tapar esta situación, la realidad es que dentro del cortijo montado por el señor González, los más favorecidos siguen siendo los familiares y amigos de los concejales, y es que, en las próximas semanas iremos destapando nuevos casos de contratación a familiares de concejales, únicas personas rescatadas por PSOE y Compromís en esta crisis».
«Es un acto de absoluta mala fe. La política municipal no puede ser verter falsedades para sacar rédito político»
Los socialistas se vieron forzados a no permitir que llegara el mediodía sin contestar a esta acusación y en un tono pausado asegurar a través del portavoz municipal, Héctor Díez, que el proceso en el que se adjudicó el contrato «se ha llevado con total transparencia y objetividad por el Ayuntamiento de Elche». El concejal explicó que Patricia Macià, «no ha participado en ningún momento de la Mesa de Contratación que se ha convocado para la licitación de esta adjudicación, ni en la clasificación de las ofertas».
A continuación explicó que «la evolución técnica de este procedimiento se ha llevado a cabo por parte de arquitectos del departamento de Urbanismo donde la concejala no tiene competencias» y señaló que la concejala se ha ausentado a voluntad propia de todas las votaciones del procedimiento que han pasado por la junta de gobierno. Asimismo, Díez lamentado que se ponga en duda la profesionalidad de los técnicos y ha recordado que las actas de la Junta de Gobierno están en manos de los grupos de la oposición que participan en la mesa.
Héctor Díez aseguró que «poner en duda la profesionalidad y la honestidad de la concejala, de los técnicos municipales y de los profesionales que se presenten a las licitaciones sin ninguna prueba es un acto de absoluta mala fe que rechazamos de lleno. La política municipal no puede ser verter falsedades para sacar rédito político. Este ha sido un proceso transparente y objetivo, lo sabe la oposición porque son procedimientos abiertos y se siguen todas las recomendaciones que figuran en la Ley de Contratos del Sector Público».
