Al menos dos personas, una trabajadora y una usuaria, están contagiadas de covid desde hace unos días en el centro de mayores de Altabix, según confirmó ayer un portavoz de ReCoVa, la plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana. Según esta fuente, las medidas que está tomando la dirección del centro para aislar el caso son insuficientes y llegan tarde, porque hace seis días que se produjo el contagio. ReCoVa aseguró que, en un primer momento, les negaron el positivo desde la dirección, añadiendo que durante las últimas semanas se han repetido los problemas por la falta de enfermeros para atender a los mayores.
La preocupación entre las familias es máxima porque, como se recordará, en diciembre de 2020 se produjo un brote que afectó a más de un centenar de personas, entre trabajadores y usuarios. Una veintena de estos fallecieron al verse agravadas sus enfermedades. ReCoVa va a solicitar información a Sanidad para saber si se van a realizar pruebas al resto de usuarios, a fin de constatar si los dos contagios devienen en un brote porque está claro que, pese a la vacunación, nadie está libre de contraer la enfermedad.
Vulneración de derechos
Precisamente ayer ReCoVa hizo público un comunicado con ocasión del Día Internacional de las Personas Mayores para reiterar que «no podemos seguir tolerando la vulneración de los derechos constitucionales de los residentes, es impropia de un Estado democrático. No se puede limitar más que a cualquier otro ciudadano el derecho a las visitas y la reunión con sus familiares, ni el derecho a las salidas y a la libra circulación».
En la nota explican que «en los centros residenciales se vulnera todos los días el derecho de reunión de los residentes y sus familias». Añaden que en la Comunidad Valenciana el 91% de las plazas están gestionadas por la iniciativa privada lo que ocasiona, dicen, que «el gobierno autonómico no se entere de lo que pasa en los geriátricos y que, en la peor situación, sean cómplices de estas medidas vulneradoras de derechos».
En la nota se dice que «los residentes son prisioneros sin delito ni condena. Hay ocasiones en las que tienen menos visitas que los presos de las cárceles. Las restricciones están hechas a medida de los intereses de las empresas gestoras: menos trabajo, más posibilidades de ocultar la absoluta falta de persona y por consiguiente más beneficio económico. Hay que acabar con los protocolos que dejan en manos de las empresas la decisión de la frecuencia de las visitas, su duración o la posibilidad de efectuar salidas al exterior».
