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El grupo Porfirio Pascual rechaza injerencias en la rehabilitación pero sí ayudas y trámites ágiles

La asociación vecinal no pretende que el Ayuntamiento asuma el coste de la reparación de las 300 viviendas cifrado en 12 millones

Comprobando el estado de algunos edificios de Porfirio Pascual. | ANTONIO AMORÓS

Los vecinos del grupo de viviendas de Porfirio Pascual quieren ser ellos los que asuman la rehabilitación de sus deteriorados edificios del barrio de Carrús y rechazan injerencias de la administración. Lo que persiguen es agilidad en las ayudas públicas para costearse las reparaciones, menos trabas burocráticas, y en definitiva, que no se estigmatice a este grupo de edificios de promoción pública donde vive gente trabajadora y humilde.

Los 300 pisos que están levantados a orillas del Vinalopó junto al puente del Ferrocarril con más de 50 años de antigüedad sufren un deterioro a marchas forzadas. Sus residentes han mostrado recientemente como algunas fachadas se «caen a pedazos». Tras aquello, el equipo de gobierno y el conseller de Vivienda ha anunciado que Porfirio Pascual va a tener una «atención preferente» en la búsqueda de ayudas europeas para rehabilitar un barrio donde han cifrado que haría falta alrededor de 12 millones de euros para reparar los daños de los inmuebles y urbanizar sus calles.

Sin embargo, la asociación de vecinos no cree que esta sea la mejor solución a sus problemas porque los residentes son conscientes de que son ellos, como a cualquier ciudadano, asumir el arreglo de sus viviendas, pese a que muchos aseguran no poder permitírselo. Por eso, insisten al ejecutivo local que colabore para que garantice el cumplimiento de las leyes de rehabilitación y les dé facilidades para ejecutar ellos las reparaciones necesarias.

Buscan, entre otras cosas, que el Ayuntamiento exija a los vecinos que realicen la evaluación técnica de los edificios que corresponde por ley a los 50 años de antigüedad. Y proponen que asuma de oficio estas inspecciones técnicas pasando el coste y deduciendo las cantidades por las ayudas que correspondan.

«Si los propietarios somos responsables, la administración pública, el Ayuntamiento también tiene su responsabilidad en ultima instancia: hacer que se cumpla la ley y evitar que se produzcan daños a los bienes y a las personas derivados del incumplimiento de dicha ley», señala la asociación de vecinos.

Para los residentes que integran este colectivo, los 12 millones de euros que ha cuantificado la Concejalía de Urbanismo para rehabilitar el grupo de viviendas es «una barbaridad» y temen, de hecho, que el Ayuntamiento esté preparando el terreno para declarar la ruina económica del barrio como ocurrió con San Antón.

Entre otras soluciones plantean que las ayudas públicas que hay para la rehabilitación no tarden en llegar, que cuando presenten las facturas del Informe de Evaluación y del proyecto de obra se abonen las subvenciones para seguir con los gastos posteriores.

También reclaman que se les bonifiquen las licencias de obra sin ponerles trabas y que las fianzas que se piden por posibles daños en la vía pública no sean tan desorbitadas o que se condonen.

La asociación vecinal dice estar cansada de esperar desde hace dos años a ser atendida por el Ayuntamiento al que sí que también urgen que asuma su responsabilidad en el arreglo de aceras, calzadas alumbrado y arbolado, como en otros barrios de la ciudad.

Degradación

El equipo de gobierno no es ajeno al deterioro que sufre este conjunto de viviendas humildes de Carrús y la edil de Urbanismo, Ana Arabid, aseguró que ya en abril técnicos municipales realizaron una visita al barrio para estudiar los daños a simple vista.

Se encontraron con 302 viviendas «en situación de deterioro constructivo» y con una «alta vulnerabilidad de las familias», explicó la edil socialista. Prueba de ello es que, según Urbanismo, de los 40 escaleras que conforman este enclave, solo seis han realizado ya la inspección técnica obligatoria por la antigüedad de estos edificios. A raíz de ahí pusieron cifra al coste de la rehabilitación de Porfirio Pascual, una cifra que a priori tampoco puede asumir el Ayuntamiento si no es con fondos de otras administraciones, por lo que pretende pedir ayuda a la UE.

Grietas, humedades, pilares con riesgo de colapso y derrumbes

Grietas donde cabe una mano, paredes desconchadas, pilares con riesgo de colapso, humedades, hormigones desechos... son algunas de las deficiencias que cada día que pasa van a más en «Porfirio Pascual», una zona humilde de Carrús, más popularmente conocida como la «Rata» donde sus vecinos se muestran desesperados. A Carmen le dieron un disgusto cuando supo que tenía que sacar de donde fuera 2.000 euros para asegurar el edificio donde vive toda su vida en Carrús porque tenía riesgo de colapsar. Vecinos como ella, en situaciones muy complicadas, en paro o con sueldos de 400 euros, han tenido que hacer frente a este gasto porque sus casas se podían caer a pedazos. Otros no han podido y el barrio agudiza su deterioro.

El colectivo vecinal que representa a los residentes de los cuarenta bloques construidos en los sesenta a través de una promoción pública de viviendas mostró hace semanas el estado en el que se encontraban sus inmuebles. Entonces, ya reclamaron «mayor inversión pública en el barrio frente a las obras faraónicas», en clara referencia al proyecto que días previos había presentado el equipo de gobierno para regenerar Carrús Este con una pasarela peatonal y la mejora de zonas verdes por valor de 4 millones de euros.

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