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Una sentencia obliga a pagar 79.000 euros al asesor del PSOE al que Mercedes Alonso se negó a dar de alta

El Ayuntamiento debe indemnizar por daños y perjuicios al funcionario de empleo socialista al que la entonces alcaldes rechazó contratar

El asesor socialista (al fondo), en una imagen de archivo. | ANTONIO AMORÓS

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche ha condenado al Ayuntamiento a indemnizar con 79.100 euros al asesor socialista que le demandó por denegarle la plaza de personal de confianza cuando el PP se puso al frente de la Plaça de Baix de 2011 a 2015. El actual equipo de gobierno, del mismo color que el funcionario de empleo que tiene contratado en la Concejalía de Fiestas desde 2019, piensa recurrir el fallo judicial.

Joaquín Martínez reclamó al Ayuntamiento el sueldo que supuestamente hubiera percibido durante cuatro años con base en que la exalcaldesa Mercedes Alonso privó al PSOE de tener un funcionario de empleo y él no pudo ocupar ese puesto. También pidió que le dieran de alta en la Seguridad Social durante ese tiempo.

Ahora, el juez ha dictado que debe anular y declarar no ajustada a derecho dicha actuación administrativa y ha dado la razón al asesor socialista para compensarle por los daños y perjuicios ocasionados, más los intereses legales y los intereses de demora procesal. Martínez defendió ante el juzgado que su nombramiento como funcionario eventual «no era una mera expectativa, sino una realidad constatada porque solo requería hacerse efectivo su nombramiento, tras una propuesta en legal forma efectuada por el grupo municipal socialista».

El origen de esta polémica data de 2011, cuando el PP alcanza el bastón de mando de la ciudad tras 32 años de hegemonía socialista. El PSOE solicitó de partida el nombramiento de dos personas de confianza amparándose en la representación obtenida en las urnas y el grupo municipal del PP respondió que «por criterios de ahorro presupuestario, según acuerdo plenario, las necesidades del grupo municipal socialista debían solventarse con un funcionario de la plantilla del Ayuntamiento». Sin embargo, finalmente los populares no le concedieron ningún asesor y, a partir de ahí, los socialistas abrieron «batalla» judicial por este asunto al sentirse torpedeados.

Joaquín Martínez aseguró, cuando trascendió su denuncia hace unos meses, que había acudido al juzgado «porque es cuando hay una sentencia firme» del Supremo que ha venido a ratificar las dos anteriores y por la que condena al Ayuntamiento a pagar 914 euros de costas. En el actual fallo, el juzgado recuerda que tras dictarse la sentencia estimatoria en septiembre de 2014, el Ayuntamiento demandado debió haber procedido a ejecutar la misma en sus propios términos, procediendo «al nombramiento de la persona propuesta con las mismas condiciones y efectos que tuvo el nombramiento de funcionario de empleo del Grupo Municipal del Partido de Elche».

También advierte el magistrado que no puede admitirse «el giro dialéctico que pretende la administración pública municipal demandada al entender que ni el actor tiene un derecho subjetivo a ser nombrado (ni se lo reconoce tampoco al grupo municipal) ni menos aún a mantenerse en el puesto considerando la naturaleza eventual del mismo y el nombramiento y cese discrecionales al que se ve sometido por previsión legal».

Ahora, tras diez años, es cuando el juzgado ha acabado dando la razón a los socialistas al tener que resarcir al asesor que no pudo trabajar porque no le dejaron. Aún y así, los de González van a tratar de evitar esa indemnización.

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