Los sindicatos confían en el sello geográfico para el calzado de Elche que propone la Comisión Europea siempre que vaya unido de buenas prácticas laborales en el sector. Desde UGT y CC OO aprueban, con estos condicionantes, la propuesta reciente de crear un sistema de indicaciones geográficas para cientos de productos industriales o artesanales, entre los que se incluye el calzado ilicitano.
La patronal, de entrada, muestra incertidumbre por el valor que pueda aportar este certificado de calidad ya que desconocen por el momento qué empresas podrían adherirse.
Este sello busca proteger a los productores frente a las falsificaciones, ayudarles a comercializar sus creaciones con más reputación hacia el consumidor, y preservar tanto el saber hacer de los artesanos como los puestos de trabajo. La Comisión Europea confía, además, en que el sello podría impulsar las exportaciones a terceros países, sobre todo Estados Unidos y China
Los productos deberán venir de una región o área específica, tener una característica o reputación que sea atribuible a este origen y que al menos uno de los pasos en el proceso de fabricación se lleve a cabo en ese territorio.
Ismael Senent, secretario comarcal UGT Muntanya-Vinalopó-Vega Baja resalta que el sello debe implicar «algo más» ya que entiende que tiene que abordarse desde una perspectiva integral que regule no sólo que el producto sea originario y se haga aquí, si no que se cumplimente «cómo se produce esa mano de obra, si pone en valor la legislación laboral o si la empresa reconoce los derechos de sus trabajadores».
En este sentido presiente que la aplicación de estos criterios puede complicarse porque hay un gran número de empresas del calzado que siguen sin representación sindical, «y no sería justo que el sello lo otorguen si hay aparadoras no dadas de alta. La materia prima es un factor que creo que no hay que ponerlo como condicionante, y debe ir plasmada la responsabilidad social corporativa de las empresas».
El representante sindical apunta que comparecerá en las Cortes Valencianas el próximo 1 de junio, dentro de la comisión anual para investigar el sector del calzado, donde planteará estas aristas. «Me sirve que ese sello tenga la capacidad de hacer cumplir unos estándares de calidad no sólo de producto si no también humana». Entiende, por tanto, que si se toma en cuenta el proceso productivo se pueden minimizar los casos de economía sumergida.
Carmen Palomar, secretaria de CC OO en Vinalopó-Vega Baja, secunda también estos argumentos. Explica que este tipo de certificado «nos resultan interesantes siempre que se recoja que se cumplen las condiciones que exige el convenio, que se cumpla la legislación, que estén dados de alta, que no se estire la jornada».
Desde el sindicato señalan que antes de la pandemia de coronavirus ya plantearon a la administración local un paraguas para afianzar el calzado ilicitano, proyecto que se quedó paralizado, aseguran. «La realidad es que no hay relevo en el calzado y al final va a desaparecer y ya no porque se vayan a otros sitios».
Este sistema europeo podría entrar en vigor en 2024 y sustituiría a los esquemas nacionales de indicaciones geográficas de modo que la protección se aplicaría en toda la Unión Europea y los fabricantes no tendrían que solicitarla en cada país.
Desde la asociación valenciana de empresarios del calzado (Avecal) indican que el primer paso será estudiar el mercado. Recuerdan desde el colectivo que la propuesta de este indicador geográfico surgió hace más de 12 años por la Asociación de Industriales del Calzado de Elche. «Se planteó entonces para mover la legislación porque en Europa solo se podían registrar productos agroalimentarios o bebidas. Ahora ya se abre ese abanico, y hay que analizar qué marca va a posicionar a nivel internacional y cuál será el valor añadido», apunta Marian Cano, presidenta de Avecal.
Bruselas calcula que unos 800 productos a nivel europeo podrían beneficiarse de este nuevo sello. La propuesta, que aún tiene que ser aprobada por la Eurocámara y los Estados miembros, lleva años siendo reclamada por asociaciones de fabricantes y regiones de toda la UE.
Las aparadoraspiden garantías trabajando en casa
El colectivo de aparadoras de Elche reprocha que sigue sin cumplirse el convenio colectivo para que la modalidad del contrato domiciliario tenga garantías, ya que hay muchos casos en los que las trabajadoras no están cubiertas trabajando en casa, según denuncian desde la asociación de aparadoras y trabajadoras del calzado de Elche. Al hilo, lamentan que cuatro años después de presentar la proposición no de ley sienten que no se han mejorado las condiciones laborales del colectivo, y que falta recorrido para que se apliquen sistemas como las tarjetas de trazabilidad.
