«Yo soy arqueólogo, yo de contratos no sé». Fue una de las frases con las que el interino del Ayuntamiento de Elche que elaboró el proyecto de las exhumaciones en el Cementerio Viejo para hallar a represaliados del franquismo también se eximió de culpa este lunes en el juzgado. El funcionario declaró como testigo una vez que la edil de Cultura, Marga Antón, en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa, lo hiciera hace dos semanas. La concejala socialista alegó entonces que lo dejó todo en manos de sus técnicos, entre otros, del arqueólogo.
El trabajador municipal reconoció que él fue quien dio la autorización para que comenzaran los trabajos en el camposanto en agosto del año pasado, pero que lo hizo sin saber que el contrato con la empresa no estaba firmado. «Nadie me dijo nada», aseguró. Lo hizo tras contar con el visto bueno de la Conselleria de Cultura a la subvención y tras la autorización de la misma, según defendió.
El interino, que entró a trabajar al Ayuntamiento ilicitano en enero de 2021, se amparó en que este era el primer trabajo que hacía relacionado con memoria histórica. Ante una de las anomalías administrativas que recoge el expediente elaborado por el secretario municipal, la de que estos trabajos debieron salir a licitación en lugar de pedir presupuesto a tres empresas porque se trataba de un contrato de servicios, el arqueólogo negó que decidir sobre esta cuestión fuera de su competencia. «Nadie me ha explicado el límite de un contrato de obras o de servicios. Me preguntó el TAG (Técnico de Administración General) de Cultura si era de obras o de servicios y yo entendí que como era una obra que era de obras», declaró ante las preguntas de la jueza, del fiscal y de los abogados.
El interino defendió que en todo esto su labor se ciñó en elaborar la solicitud de subvención a la Conselleria para financiar las exhumaciones, en la petición de la autorización a la administración autonómica y en la propuesta de adjudicación. «El resto de información que hay en el expediente no sé cuál es», dijo en el juzgado. Sin embargo, en lo que más le incidieron en la toma de declaración, fue para saber por qué el equipo técnico que propuso en la petición de la subvención a Cultura aparecían personas de la empresa a las que más tarde acabaría dando el contrato. Ante esta coincidencia, el arqueólogo se escudó en que «como la subvención era por concurrencia competitiva valoré incluirlas para tener un equipo de peso y generar sinergias con otras administraciones». Y es que esta empresa que se encargó de realizar las obras en Elche es la misma con la que trabajaba la asociación de familiares de fusilados del cementerio de Alicante, el colectivo que contactó con el Ayuntamiento ilicitano, según el técnico municipal, para que se realizara la búsqueda. Aseguró además que trasladó a la concejala de Cultura en un correo electrónico el proyecto para que le dieran el visto bueno y se aprobara por junta de gobierno. En ese mail, el funcionario dijo que puso en conocimiento los nombres del equipo técnico en el que constaban los trabajadores de la mercantil que finalmente se encargaron de las exhumaciones. De hecho, el trabajador municipal leyó un e-mail de la concejala en el que ella preguntaba «si los cinco miembros del equipo de trabajo eran los que realizarían las exhumaciones y si pertenecían a la empresa que nos recomendaron los de la asociación».
El interino municipal, al que el Ayuntamiento ha acabado abriéndole un expediente disciplinario, sobre todo por esta coincidencia, afirmó que primero le solicitó el presupuesto a la empresa que ejecutó la obra (por el mismo importe que la subvención) y que dijo que desconocía y que fue después cuando a instancias de la concejala de Cultura y del TAG pidió los otros dos.
Asimismo, el arqueólogo aseguró que cuando se percataron de la inexistencia del contrato las obras ya habían acabado prácticamente y que estaban en fase de elaboración de informes.
