La ubicación escogida para ubicar el futuro Palacio de Congresos de la Diputación, en la avenida de la Universidad, prevé la demolición de una nave industrial de más de 50 años de antigüedad, de 1.300 metros cuadrados y de dos plantas, para lograr la apertura total de la calle Guadassuar, un vial que ahora es peatonal y carece de salida. Así consta en el expediente de expropiación de los terrenos aprobado el pasado viernes por la junta de gobierno local que acaba de salir a exposición pública, un trámite necesario para que la institución provincial pueda licitar el anteproyecto del inmueble que se comprometió en la pasada campaña electoral a financiar.
La apertura de este callejón sin salida, situado en uno de los laterales de la manzana que se va a expropiar (enclavada en la avenida de la Universidad, calle José Sánchez Sáez y Camino de la Balsa de los Moros) será posible porque el Ayuntamiento ha decidido incluir, además de las tres fincas iniciales que acordó con la Diputación, otras tres más (una de ellas municipal) y otras dos privadas. En concreto, la sexta finca de dos propietarios, con una superficie total de 712 metros cuadrados, es la que cuenta con esa nave industrial a derribar. Si bien, en el expediente aprobado consta como superficie afectada 522 metros cuadrados.
El inmueble, utilizado para oficinas y un almacén, está compuesto por planta baja y alta, comunicadas interiormente por escaleras, situada frente a la calle José Sánchez Sáez por la que tiene acceso. Tiene una fachada a la calle que linda con otra nave.
La quinta finca que el ejecutivo local ha decidido añadir para cuadrar la manzana, de tres propietarios, es de 718 metros cuadrados y linda con la parcela de la nave industrial, con parte de la calle José Sánchez Sáez, con el solar que va a ceder el Ayuntamiento (finca cuatro de 518 metros cuadrados) y con la primera finca que se expropiará (1.143 metros cuadrados y seis propietarios). El segundo solar y tercer solar que forman parte de la gran manzana reservada para el Palacio de Congresos es de los mismos dueños que la primera parcela y tienen una superficie de 3.269 metros cuadrados y de 480 metros cuadrados, respectivamente.
La suma de los terrenos que el Ayuntamiento quiere poner a disposición de la Diputación supera los 6.650 metros cuadrados. Ahora bien, el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, acordó en diciembre del año pasado inyectar 4,5 millones de euros para la adquisición de las tres fincas iniciales, pero la suma de las dos últimas encarecería la expropiación en más de un millón de euros, según ha podido saber el diario.
El alcalde pide a Mazón que ponga a disposición el dinero
El alcalde, Carlos González, aseguró haberse puesto en contacto este mismo miércoles con el presidente de la Diputación y con el diputado Juan de Dios Navarro para trasladarle la necesidad de que «dispongan de los recursos económicos necesarios para que puedan hacer frente al coste de las expropiaciones», sin entrar en cifras económicas, y para que avancen a partir de ahora en la redacción del anteproyecto. El primer edil se mostró convencido de que la Diputación «actuará en consecuencia», una vez que se ha salido a exposición pública la relación de bienes afectados por la expropiación forzosa, un trámite que llega nueve meses y medio después de que ambas instituciones anunciaran que habían llegado a un acuerdo sobre la ubicación del inmueble. No obstante, en la Diputación han estado trabajando hasta ahora con la tasación que se hizo inicialmente y con el compromiso de los 4,5 millones de euros pactados, sin haber tenido más información sobre lo que se podría encarecer la adquisición de los terrenos al añadir dos fincas más, según fuentes de la institución.
