Llaves para una nueva vida en San Antón

Las maletas están preparadas. Entre las paredes de la que ha sido su casa durante los últimos 26 años queda lo último por embalar, además de los recuerdos de toda una vida porque allí creció junto a sus padres. «No me lo creo, por fin ha llegado el momento que tanto hemos esperado», dice María sentada en el sofá de su antiguo salón donde el techo, las puertas y las ventanas son la muestra más clara de la degradación en la que están sumidas las viviendas de un barrio obrero construido en los sesenta cuyo destino es la demolición.

Su sueño por mudarse a una casa digna se ha cumplido, como el de más de 250 familias de San Antón que en los últimos ocho años han tenido la oportunidad de realojarse en un piso nuevo situado a escasos metros, construido con fondos públicos y a un precio muy por debajo del mercado, bien a través de la compra o de un alquiler social como es su caso.

«Ya no queda nadie», dice asomada a la calle, entre un profundo sentimiento de nostalgia, pero sobre todo de alivio. Ella es la última de su escalera, la que ha visto cómo todos sus vecinos se han ido mudando a los tres nuevos edificios y sus casas se han ido tapiando para evitar la okupación que tanto preocupa en el barrio.

El Ayuntamiento acaba de firmar los primeros trece contratos con las familias que han acreditado ser vulnerables y que han tenido opción a un alquiler desde 75 euros al mes, en función de la situación económica de cada una, cosa que ha sido analizada por los Servicios Sociales. «Ha sido muy larga la espera, nos hemos quedado a la cola del resto porque no teníamos acceso a una hipoteca y afortunadamente se ha solucionado», explica mientras baja sus pertenencias por las escaleras de su antigua casa, en el último piso, las que en los últimos meses se le han hecho más cuesta arriba por su operación del corazón y también por el miedo a que con las elecciones de por medio pudiera paralizarse el realojo.

60 metros

Su cara cambia por completo cuando llega al edificio que va a ser su hogar y sube al ascensor que conecta directamente con el aparcamiento subterráneo. Dentro de su casa, apenas unos metros más grande que la antigua (unos 60) huele a nuevo, pero, sobre todo, a ilusión. Paredes lisas, salón-cocina, tres dormitorios, un baño, un balcón con vistas al parque y «aire acondicionado, tenemos aire acondicionado», dice entusiasmada. Y es que una de las características que más se han valorado de estas casas, distinguidas recientemente por el sector inmobiliario, es que tienen el nivel más elevado de clasificación energética.

Así ha comenzado la nueva vida de muchos vecinos de San Antón gracias a un proyecto de regeneración urbana que tiene en camino un cuarto edificio social de nueve plantas y 56 viviendas. Estos días, esa esperanza de María por tener un techo digno también la tienen otras familias que vivían en casas en peores condiciones que la suya, con techos apuntalados por riesgo de derrumbe.

La situación de ruina es tal en estas casas condenadas al derribo que en uno de los viejos edificios se acaba de caer el techo de una escalera tras las últimas lluvias, lo que ha obligado al Ayuntamiento a realizar una orden de ejecución para repararla.

La resistencia

Lo más preocupante es que allí quedan todavía vecinos que no quieren marcharse porque se niegan a ceder al Ayuntamiento la propiedad de su antigua casa para marcharse a una nueva en régimen de alquiler social y por lo tanto de titularidad pública. Desconfían de este proyecto de regeneración porque entre otras cosas consideran que deberían de percibir mucho más dinero por los pisos que tienen que entregar a la empresa municipal Pimesa a cambio de irse a uno nuevo.

Y es que por la expropiación de los inmuebles que acaba de comenzar y que afecta a las últimas 31 viviendas de los cuatro bloques de San Antón, que se quieren derribar a finales de año, cada familia recibe en torno a 20.000 euros, según fuentes municipales. Un dinero que pertenece tanto a los que han adquirido un piso social en propiedad, como a los que se van en alquiler social.

Con la complejidad que ha rodeado esta iniciativa para regenerar el humilde barrio ilicitano, la empresa del Ayuntamiento tiene por delante resolver la situación de esta minoría de familias que se resisten a dejar sus techos, lo que podría acabar resolviéndose en los juzgados y entorpeciendo la demolición prevista.

Asimismo, Pimesa está a la espera de firmar los alquileres con tres familias que han decidido esperar a recibir ese dinero de la expropiación para poder trasladarse. Otra circunstancia que evidencia la variedad de situaciones personales con las que se está teniendo que lidiar para que salga adelante esta primera fase de la regeneración urbana es que hay un propietario que tiene derecho al realojo en un piso nuevo pero que está ilocalizable. A ello se suma que hay una decena de casos que carecen de la posibilidad de tener una casa nueva porque dos viejas viviendas son propiedad de los bancos y no vive nadie y porque las ocho restantes también están deshabitadas.

Zanjar toda esta situación permitirá que la primera fase de este proyecto municipal alcance todo su sentido y eso pasa por demoler cuatro bloques porque, en caso contrario el Ayuntamiento y los vecinos tendrían que devolver las subvenciones públicas que han posibilitado este plan en San Antón. Los realojos no se ejecutarán hasta que esto se resuelva y una vez entren las máquinas a trabajar se espera que tarden cuatro meses y medio para tirar abajo unos edificios en ruina que forman parte de la memoria de la ciudad.