San Antón ha sido elegido por el Ministerio de Vivienda para conocer en vivo y en directo lo que supone la regeneración urbana de un barrio que quieren convertir en ejemplo para otras ciudades de España. Una transformación impulsada por el Ayuntamiento que le está costando grandes esfuerzos, así como a sus vecinos, además de una inversión millonaria que ha implicado también a la administración central y a la autonómica con la finalidad de dar a sus 2.000 residentes una vivienda digna porque las suyas están ruinosas por lo que no han visto otra solución que derribarlas. Sin embargo, lo que Pedro Sánchez no vio cuando subió el pasado miércoles a uno los modernos edificios recientemente construidos, que rompen con la imagen tradicional de San Antón, fue la realidad que había debajo y que muchos de sus vecinos quisieron trasladarle, sin éxito, desde el otro lado de las vallas. La degradación de un barrio cada vez más envejecido que el Ayuntamiento está tratando de revertir se ve en sus calles y se oye en las voces de unos ilicitanos asfixiados por los problemas económicos que sacuden sus bolsillos, preocupados por las grietas y humedades que se extienden bajo sus techos y cada vez más intranquilos por la ocupación de viviendas que se han quedado vacías en los últimos años porque sus propietarios han fallecido o porque han acabado marchándose con sus familiares.
«Hay temor en el barrio a cerrar la puerta y que te ocupen la casa. Es una situación que se está produciendo desde hace años y que sigue ocurriendo. El otro día lo intentaron en tres casas de una misma escalera», cuenta Dolores Millán, presidenta de la asociación de vecinos.
A lo largo de los quince edificios que componen San Antón llama la atención los numerosos balcones tapiados por el Ayuntamiento para evitar, precisamente, que alguien pueda entrar ilegalmente en las casas que ya son de propiedad municipal, tras haber realojado a unas 200 familias. Estos domicilios están ahora libres de este problema, según confirmó Pimesa, pero no se han librado de sufrir intentos de ocupación pues dos fructificaron. A raíz de ello, tuvieron que desalojar dos casas con la intervención de la Policía Local y de Servicios Sociales. Pero, además de tapiar puertas y ventanas, la empresa municipal se encargó de inhabilitar las acometidas de agua y luz para que no acabaran siendo un coladero de gente mientras no llega la hora del derribo. De hecho, Pimesa asegura estar en contacto continuo con los presidentes de las comunidades de vecinos para intervenir rápidamente si se diera algún otro caso pese a todas estas medidas que están en marcha.
Fuentes policiales señalaron a este diario que hace años que se detectó hasta una especie de mafia que se dedicó a ocupar viviendas y a revenderlas a nuevos okupas. Incluso descubrieron empadronamientos fraudulentos sin conocimiento de los propietarios de las mismas. La Policía llegó a intervenir y también se encarga de vigilar a día de hoy si se producen enganches ilegales.
Además de convivir con la problemática que genera unos costes sociales y también económicos a las arcas públicas, el alto grado de vulnerabilidad de las familias es otro de los escollos que está atendiendo el Ayuntamiento para tratar de conseguir esa renovación urbana en la que se ha fijado Pedro Sánchez.
Vida nueva
Lo que ya ha logrado es que 181 familias tengan una vida nueva en los dos nuevos inmuebles y otras 61 las va a realojar en los próximos meses. Muchas de ellas son jóvenes generaciones, nietos que han heredado de sus abuelos una nueva casa.
Sin embargo, no todos pueden acceder a estos pisos sociales pese a ofertarse a precios muy por debajo del mercado. No todos pueden pagar entre 36.000 y 49.000 euros por una casa completamente nueva, con opción de plaza de garaje, pese a que de esas cantidades se les descuenta entre 15.000 y 23.000 euros por su antigua vivienda.
Prueba de ello, es que a una treintena de familias, que tenían derecho a un nuevo hogar en los dos últimos edificios que se han construido, el Ayuntamiento ha acabado haciendo una excepción y les va a ofrecer un alquiler social en las torres porque estos vecinos van a tener que dejar sí o sí sus antiguas y viejas casas este mismo año, puedan permitírselo o no, porque van a ser derribadas, tal y como estipula este programa de renovación urbana del barrio. De lo contrario, el Ayuntamiento tendría que devolver las ayudas con las que financia los inmuebles sociales.
Otra dificultad que la administración local se ha encontrado en San Antón es la de una minoría de vecinos que se han aferrado a sus viviendas, hay al menos cuatro, que no aceptan marcharse a las nuevas bajo ninguna condición. Estos tendrán que ser expropiados forzosamente como paso previo a las demoliciones.
Mientras tanto, el resto del barrio, otras 700 familias, aguardan su turno con la esperanza de poder tener una vivienda digna algún día; de ellas, una minoría no ha querido esperar más y ha puesto su piso a la venta, ya que este proyecto de renovación urbana considerado «modélico» está en su primera fase.
Y para que avance hace falta tiempo, pero también dinero, el que el alcalde pidió a Sánchez en su visita a Elche con tal de seguir construyendo los edificios necesarios para realojar a todos los vecinos de San Antón y poder mejorar su calidad de vida.
