La cotización a la Seguridad Social de las prácticas coloca a la UMH de Elche en mitad de un dislate económico y burocrático

Las prácticas de los alumnos se han convertido desde el 2 de enero en un auténtico quebradero de cabeza para la Universidad Miguel Hernández (UMH)de Elche, al igual que para el resto de instituciones académicas públicas (70) que dan soporte a un millón de estudiantes universitarios en España. Todo por el real decreto Ley 5/2023, que debía haber entrado en vigor en octubre de 2023, pero se retrasó hasta comienzos de 2024 y versaba sobre la Reforma de las Pensiones. En él se incluyó una medida nueva: las universidades debían hacer frente al pago de la Seguridad Social de las prácticas de sus alumnos. El legislador pensó que al fin y a la postre estos también serán beneficiarios algún día de este derecho y les valdrá para establecer el cómputo de días la pensión y más por este hecho que por el que se realicen de forma remunerada o no. Eso es indiferente.

El resultado ha sido devastador para la institución universitaria y no solo por quién tiene que pagar estas cargas sociales, que este año se sabe que serán asumidas por el Estado en un 95%, aunque nadie sabe qué ocurrirá en 2025; sino porque tienen que comenzar a gestionar administrativamente las prácticas como si se tratara de una empresa que gestiona a sus contratados frente a la Seguridad Social. Solo el hecho de modificar los convenios que regulaban cientos de acuerdos de prácticas les ha sumergido en un farragoso trámite desde hace meses.

Casuísticas

El vicerrector de Estudiantes y Coordinación, Juan José López Espín, y el responsable del Observatorio Ocupacional, Domingo Galiana, quien se encarga del área empleo y emprendimiento, explicaron al diario que se enfrentan a 12.500 casuísticas distintas. Una por cada una de las prácticas de los más de 4.000 estudiantes, siendo indiferentes si se trata de enseñanzas reglada y extracurricular. Algunas son por días sueltos o por semanas y hay que dar en tiempo altas y bajas. Lo que hasta ahora era relativamente fácil de organizar ha dejado de serlo desde el momento de estar sometidos al control de otra administración que sanciona hasta los retrasos. 

De este modo, lo que antes era un valor añadido, como es la formación en prácticas académicas, se ha convertido en una tortura para la institución porque cada alumno y sus circunstancias están sometidos a un control férreo que escapa al formativo. La UMH es ahora, para que se entienda fácil, la empresa que los contrata para esas prácticas y por ende la que tiene que controlar que se efectúen en las fechas previstas, ser responsable de accidentes in itinere (en los traslados) ante la Inspección de Trabajo, por ejemplo, asumir bajas laborales, sus seguros o, incluso, resolver qué hacer con las prejubilaciones de los estudiantes ya mayores que son perceptores de derechos y que colisionan con estas.

Seguridad Social

Visto así, los dos millones de euros anuales que considera la UMH de Elche que le costará el pago anual de la Seguridad Social, cuando se acabe una ayuda estatal que solo está comprometida para 2024, puede ser quizá la pieza más fácil del puzzle en el que el Gobierno ha metido a las universidades españolas, que tienen a día de hoy más preguntas pendientes de resolver de las que nadie es capaz de contestar. El propio ministro de Universidades, Joan Subirats Humet, en un reciente encuentro con responsables de la UMH, desvió la atención del problema en otra cartera, la de Trabajo. Dijo que esta no era su área.

Preocupante

Y siendo preocupante en una universidad que urge mejor financiación, que se llevaría por delante 1,6 % de su presupuesto (130 millones) el asunto económico no es a día de hoy lo que tiene en cabeza los responsables de la Universidad de Elche por las cotizaciones. Ahora es que, como cualquier empresa, cada tres meses debe responder a la administración sobre a quién, dónde y cómo ha tenido haciendo prácticas. Sin saltarse plazos.

Eso y sus circunstancias, si ha ido o si no, si se ha dado de baja, si ha tenido un accidente laboral, una enfermedad o si estaba cotizando ya en la Seguridad Social ... Todo se ha convertido en auténtico rompecabezas que hay que cumplir al dedillo porque, en caso contrario, habrá sanciones o se perderá la subvención.

Cotizaciones

Espín y Galiana no hacen una crítica particular. Es un problema genérico para todas las universidades e, incluso, para la propia Seguridad Social porque tiene que arbitrar un sistema informático de control. El vicerrector, a preguntas de INFORMACIÓN, vino a explicar que con este asunto se ha comenzado la casa por el tejado. Hay un decreto de obligado cumplimiento que previamente no ha tenido en cuenta qué son las universidades, cómo funcionan o cómo son sus alumnos, un peso que ahora recae sobre ellas y sobre la Seguridad Social. La falta de respuestas a qué pasará en 2025, cuando nadie sabe si seguirá siendo subvencionadas las cotizaciones de los estudiantes en un porcentaje tan alto como el previsto para 2024, del 95%, es la primera pregunta que se hacen porque dentro de seis meses hay nuevas matrículas y un nuevo curso y necesitarían saber a qué atenerse en estas circunstancias y para ello la logística es fundamental. Otro gasto más que aumenta en cotizaciones para la UMH.