Dos de cada diez dueños de viviendas rurales ilegales se acogen a la demolición voluntaria para evitar más sanciones

Dos de cada diez propietarios de viviendas ilegales construidas en la última década ya solicitan a la administración la demolición voluntaria antes de llegar a un proceso de sanciones que se puede eternizar y que además terminaría con el derribo de forma subsidiaria de los inmuebles que no están declarados en suelo rural.

La Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) ha ejecutado desde 2023 en la Comunidad Valenciana más de medio centenar de restauraciones voluntarias a la legalidad (37 el pasado año y una veintena en lo que va de 2024).

En el último ejercicio desde el órgano autónomo, que se creó en 2021 y se puso en marcha en 2022, se incoaron 219 procedimientos para restablecer la legalidad, y se estima que están en trámite un centenar más en los últimos meses. De igual forma, se dictaron 90 órdenes de paralización de obras y se han impuesto 150 multas coercitivas para forzar a propietarios a actuar para que sus inmuebles sean legales.

Derribar de forma subsidiaria

Según el protocolo, cuando se suceden una decena de sanciones, procedimiento que se puede alargar un año o más, el organismo tiene la capacidad para actuar subsidiariamente para derribar la parte fuera de la disciplina urbanística y además se les impone la multa por actuar fuera de la ley.

La Agencia para la legalidad urbanística vigila ya dos tercios de suelo de la comarca

Santiago Gambín, director de la Agencia, apunta que más de la mitad de las irregularidades se deben a una ampliación de las viviendas sin las licencias oportunas, como podría ser dotar a los hogares de porches o más habitaciones.

75.402 viviendas

El Consell ya fijó en 2021 que preveía legalizar las 75.402 viviendas construidas en suelo no urbanizable en la provincia, muchas de ellas diseminadas por las comarcas. Elche es donde existen más casas «alegales», superando las 13.000, y donde entrarían las típicas casas de labranza o aperos que acabaron evolucionando hasta convertirse en chalets. En número le siguen Orihuela, con más de 7.400 inmuebles en esta situación y después iría Crevillent, con más de 3.500, uno de los municipios con más extensión rural.

Hasta la fecha más de 310 municipios, (el 60% del total en territorio valenciano) han delegado en la Agencia Valenciana la persecución de infracciones urbanísticas en terreno rural, de los cuáles más de 80 localidades son alicantinas. La agencia, pese a su corto recorrido, va sumando equipos tecnológicos como drones para controlar desde las alturas qué casos se están escapando a la ley para sancionar a los propietarios de viviendas levantadas de forma ilegal construidas en la última década. Para aquellas que estuvieron completamente finalizadas antes del 20 de agosto de 2014, y que están al margen del planeamiento y legislación, se sigue otro cauce ya que el delito ha prescrito y las viviendas pueden dejar de ser irregulares a través de la Minimización de Impacto Territorial, un instrumento que permite inscribir el inmueble en el registro, conseguir la licencia de ocupación y que la construcción goce de más seguridad, todo si el propietario invierte para reducir la huella ambiental de su vivienda a través, por ejemplo, de sistemas de depuración de aguas para evitar la contaminación de acuíferos por los vertidos.

Ser más eficientes

Uno de los retos del órgano autonómico es ser más rápido a la hora de resolver expedientes ya que el tiempo máximo de resolución de expedientes es de un año ya que pasado este tiempo se caducaría el procedimiento de restitución de la legalidad.

Por ello precisamente están realizando periódicamente formaciones en diferentes ciudades para sensibilizar a los funcionarios sobre la forma correcta de remitir las denuncias con las infracciones. Suele ocurrir que los ayuntamientos remitan documentación con una descripción de obras imprecisa, ya que depende del informe que redacte el técnico o Policía Local de turno, con lo que en el supuesto de que falte información relativa a si es legalizable o no la obra en cuestión la agencia tiene que solicitar de nuevo datos al Consistorio pertinente, lo que lastra la resolución del conflicto.

Novecientas regulaciones urbanística tramita en su primer año la Agencia del Territorio de Elche

Por ello desde este departamento, que tiene sede en Elche y donde trabajan más de veinte personas con aspiración de superar la treintena, han diseñado un modelo de alta de inspección, de informe municipal y de denuncia de particular precisamente para unificar criterios y que los expedientes de regulación no se atasquen. Así, con ello, cada localidad adherida sigue los mismos pasos.

Facilidades

Sergio Ibáñez, inspector de la AVPT, y uno de los encargados de estas formaciones, insiste en que es imprescindible que las administraciones locales faciliten cuatro detalles para actuar como que la obra es legalizable o no, el tipo de suelo, si es no urbanizable común o protegido y si las obras están en ejecución o terminadas.

«Es complicado una orden de derribo la ejecute el propio alcalde sobre sus vecinos y precisamente por eso muchos municipios se han adherido para que expertos ajenos al Ayuntamiento fiscalicen ese trabajo», resalta por otra parte Francisco Manuel Berná, técnico del Ayuntamiento de Jacarilla y uno de los que se han formado recientemente en esta materia.

Gambín indica que se está facilitando en este caso el camino a los municipios más pequeños donde más costaba denunciar irregularidades y reconocen que la disciplina urbanística era una materia «un tanto descuidada» por parte de los ayuntamientos.

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