El vertido de residuos inertes -restos vegetales y desechos de la construcción- en la rambla de El Rabosero, un paraje que ya se encuentra muy degradado por la gran cantidad de neumáticos que se enterraron en diferentes mandatos socialistas, ha motivado la apertura de un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento de Aspe, expediente que se ha elevado a la Generalitat Valenciana y del que también se ha dado cuenta a la Confederación Hidrográfica del Júcar. La medida se adoptó a mediados de agosto cuando un vecino de la zona informó a la concejalía de Medio Ambiente de la presencia de camiones que arrojaban basuras en el barranco.
Parte de esos escombros procedían de la actuación encargada por el propio Ayuntamiento a una empresa privada para eliminar una marmolera ruinosa. Se trataba de limpiar la zona con el fin de recuperar un espacio natural de Especial Protección Arqueológica y Ambiental. Por eso ayer el edil popular Carlos Calatayud señalaba que «el gobierno de IU-PSOE no sólo ha consentido este tipo de vertidos sino que, además, ha sido una empresa contratada por el propio Ayuntamiento y no ha existido ningún tipo de control del gobierno local, que ni siquiera ha exigido a la empresa los recibos sobre el uso de vertederos autorizados».
Estos hechos han sido denunciados al Seprona y sus agentes ya realizaron el viernes una visita de inspección al paraje constatando la existencia de los desechos. Para los populares «es lamentable este tipo de comportamientos por parte de todo aquel que realiza vertidos ilegales, degradando los parajes de nuestro pueblo, pero más lamentable resulta la permisibilidad de IU-PSOE ante estos actos, ya que, de no ser por denuncias del PP estos hechos pudieran haber quedado impunes», afirma Calatayud.
La respuesta del primer teniente alcalde y concejal de Medio Ambiente ha sido contundente. «Aquí el que la hace la paga -subrayaba ayer Antonio Puerto- y lo que resulta lamentable es que el PP llegue tarde siempre a todos los temas de interés para Aspe y, además, los utilice para hacer política de campanario abajo porque desde este gobierno se ha informado al PP, puntualmente, de todos los pasos que se han dado desde agosto para actuar contra el propietario de los terrenos por permitir estos vertidos». También asegura Puerto que la empresa contratada por el Consistorio ha sido obligada a retirar los escombros que depositó en la zona y que la actuación del Seprona se debe a la denuncia que el dueño del terreno interpuso a instancias del propio gobierno de PSOE-IU, que ha encargado, asimismo, un informe a una consultora medioambiental para que determine la procedencia, composición y antiguedad de los restos depositados.
