Un letrado externo, contratado por el Ayuntamiento de Elda, a través de la delegación municipal de Contratación y Asuntos Jurídicos, gestionada por la edil, Ana Gonzálvez, presentó el pasado mes de diciembre ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana, TSJCV, una solicitud de paralización de la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la demolición de 120 viviendas en el área de Puente Nuevo, conocida como la Jaud, tal como ha podido saber este diario.

Aunque el Tribunal todavía no se ha pronunciado al respecto, el concejal de Urbanismo, Vicente Amat, adelantó ayer que los primeros trabajos del nuevo PGOU se van a centrar precisamente en el nuevo ordenamiento de la zona. De hecho, tal como informó el titular de Urbanismo el equipo redactor del Plan General «ya ha realizado visitas por la zona y se han estado valorando distintas situaciones para presentar sus propuestas sobre el avance del PGOU».

Amat aseguró desconocer la situación jurídica en la que se encuentra este área, insistiendo en su desconocimiento en cuanto a la posible legalización, con este nuevo modelo de ordenamiento, de las viviendas afectadas por la sentencia del Supremo.

Sin embargo, tal como han señalado las fuentes consultadas por este diario, el proceso de legalización de la zona «pasa exclusivamente por lograr que la sentencia del Supremo no se ejecute, y la única vía es que el propio Ayuntamiento solicite la inejecución del fallo ante el TSJCV». Este trámite lo realizó el propio Consistorio a finales del pasado año y en la actualidad se está a la espera de la respuesta del Tribunal.

Cabe recordar, que los propietarios de las viviendas afectadas ya solicitaron la inejecución en 2003, inejecución que fue rechazada, dado que el Tribunal sólo legitimó al Ayuntamiento para poder realizar este trámite. Previo a la solicitud del Consistorio ante el TSJCV, el pleno realizó una modificación del PGOU específica sobre este tema.

A la espera de resolución, todavía queda pendiente la polémica sobre el cobro de honorarios de los letrados que llevaron la demanda ante el Supremo.