El Ayuntamiento de Novelda cierra su conflicto judicial con Aqualia con un incremento del 10% en las tarifas del agua que pagan los ciudadanos. De este modo cumplirá la sentencia firme del TSJ que le obliga a pagar a Aqualia, la concesionaria del servicio de agua potable y saneamiento del municipio, un total de 911.000 euros por los intereses financieros derivados del canon de cinco millones de euros que la firma abonó al Consistorio en 2009, cuando se prorrogó, cuatro años antes del vencimiento y ante las dificultades económicas del momento, el contrato del servicio que Aqualia venía prestando desde 1998.

Con los votos a favor de Guanyar Novelda y Compromís, los votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos y la abstención de Vox, el gobierno local del PSOE ha aprobado en el pleno el acuerdo para la ejecución del pago de una sentencia a la que el Ayuntamiento hará frente aumentando las tarifas de los usuarios. Para ello ha sido necesario modificar la ordenanza, que sufrirá un incremento del 10%, lo que supone unos 3 euros de media en los recibos bimestrales que pagan los noveldenses.

Con la liquidez de los 911.000 euros el Ayuntamiento de Novelda finiquita una complicada situación que comenzó a ver la luz el pasado mes de junio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) estimó parcialmente el recurso de apelación presentado en 2018 por el Consistorio contra una sentencia previa del Contencioso Administrativo de Alicante. Resolución judicial que daba la razón a Aqualia en su reclamación para que el municipio devolviera, repercutiendo el importe en las tarifas a los usuarios, el canon de 5 millones de euros que la mercantil abonó al Consistorio cuando se adjudicó la prórroga del contrato del servicio así como los gastos financieros e intereses de la operación.

En su fallo del pasado 8 de junio el TSJ consideró, como defendía el municipio en su recurso, que el canon anticipado por la empresa fue una de las mejoras que la concesionaria ofreció para adjudicarse la prórroga del contrato y que, por tanto, «no tiene ningún sentido imponer un canon y obligar a la Administración a devolverlo».

Pese a ello el alto tribunal estimó que el Ayuntamiento sí debía abonar a Aqualia los gastos financieros derivados del anticipo que, según el acuerdo alcanzado, se cifran en 911.000 euros. Una cantidad que el Consistorio abonará ahora aplicando una subida aproximada en las tarifas a los usuarios de un 10%. Un 5% se derivará al pago obligado por resolución judicial y el otro 5% se destinará a la actualización de precios.

El concejal de Hacienda y Contratación, el socialista Iván Ñíguez, destacó durante el pleno que, con la ejecución de esta sentencia, a partir de 2028, fecha en la que concluye la prórroga de la concesión del servicio de agua potable, «el equipo que esté al frente del gobierno municipal tendrá toda la legitimidad y las manos libres para decidir sobre la remunicipalización del servicio u optar por una nueva licitación». Pero todavía quedan ocho años por delante.