La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ), Pilar de la Oliva, ha instado a reforzar los juzgados de Novelda y los de Primera Instancia (dedicados a resolver asuntos civiles) de Torrevieja. La petición se hizo este viernes durante el acto de apertura del año judicial en la Comunidad Valenciana celebrado en la Ciudad de la Justicia de València y en un discurso en el que desgranaba los esfuerzos realizados por todos los juzgados para agilizar los tiempos de espera en la Justicia pese a las restricciones de la pandemia.
La apertura del año judicial ha venido marcada por las restricciones y las limitaciones de aforo. Entre otras autoridades asistieron el presidente de las Cortes, Enric Morera; la consellera de Justicia, Gabriela Bravo; la fiscal superior de la Comunidad, Teresa Gisbert; la jefa de la Policía Autonómica, Marisol Conde.
En este sentido, De la Oliva destacó que de los 3.000 asuntos pendientes por pleitos laborales con los que se cerró el año 2019 en la Sala de lo Social del TSJ, en 2020 la cifra se redujo a 1.500, la mitad, en un año marcado por la crisis económica causada por el covid. Del mismo modo, en la sala de lo Contencioso, dedicada a resolver recursos contra decisiones de la Administración, los casos pendientes pasaron de 9.000 a 7.000 entre 2019 y 2020. En este sentido expresó su agradecimiento a todos los operadores jurídicos por los esfuerzos realizados para que los tribunales hayan seguido funcionando.
Pleitos laborales
A los planes de refuerzo para incorporar jueces de la 70 promoción para resolver despidos, las medidas para agilizar procedimientos en Mercantil y en incapacidades, la presidenta del TSJ añadió también la entrada en funcionamiento de Sección Undécima de la Audiencia de Alicante con sede en Elche y la Cuarta de Castellón, dedicadas al orden Penal, la primera; y a Civil la otra. Sin embargo, resaltó que hay muchos partidos judiciales que necesitan «especial atención» como todos los juzgados de Primera Instancia de Torrevieja, los de Novelda, así como Requena y Lliria. «A la jurisdicción civil, en ocasiones, no se le ha prestado la atención necesaria, y conoce de materias que afectan muy directamente a la vida de las personas», aseguró.
De la Oliva explicó la apuesta por los medios telemáticos para tratar de agilizar la Justicia, desvelando que a lo largo del año pasado se realizaron cerca de 20.000 actuaciones por videoconferencia, mientras que la Conselleria de Justicia dotó a los juzgados de hasta 600 ordenadores portátiles a jueces, magistrados y letrados . A través de las nuevas tecnologías se evitaron traslados de detenidos y de presos a los juzgados en los tiempos del confinamiento y se agilizaron los tiempos de respuesta en los procedimientos que no exigían la celebración de una vista.
Los refuerzos del TSJ se han centrado especialmente en la jurisdicción Social, ante la previsión de un crecimiento de la conflictividad laboral con motivo de la pandemia. «En la ciudad de Alicante, gracias a la medida de refuerzo adoptada, se ha conseguido absorber la entrada y reducir la pendencia en el primer semestre del presente año y Elche con tres juzgados y con necesidad urgente de ampliar la planta a uno más, dispone de dos jueces de refuerzo que tienen que concluir 100 asuntos cada uno al mes, lo que contribuirá a paliar las necesidades estructurales», aseguró.
El caso de Benidorm
Otro de los refuerzos se destinó a Benidorm, donde antes de fin de año debe entrar en funcionamiento un segundo juzgado de lo Social. «Las especiales características de esta ciudad han hecho necesario adscribir a dos jueces, además del titular, ya que el sector servicios, mayoritario en la misma, requiere una respuesta judicial rápida para evitar el colapso de la economía en la misma», ha explicado. Como consecuencia de estos planes de apoyo, en el TSJ se esperan un total de 6.000 recursos .
En el acto, la fiscal superior también ofreció algunos de su memoria del año 2020, destacando un aumento de los delitos de odio. «Todas las crisis se ceban sobre los más vulnerables y las víctimas de delitos de odio están entre ellos», dijo Teresa Gisbert por lo que subrayó que el papel del Ministerio Público es la defensa de los más vulnerables. En cuanto a la violencia de género, lamentó que el estado de alarma haya incidido negativamente en las víctimas, sometidas a mayor control y presión por su pareja durante el confinamiento.
