Cinco comunidades de regantes del Alto Vinalopó han constituido la Plataforma en Defensa del Futuro de la Agricultura en la comarca ante las consecuencias que puede traer para el campo el Plan Hidrológico que el Gobierno central pretende aprobar. Los responsables de las Comunidades de Regantes de Villena, de la Huerta y Partidas, San Cristóbal, Pinar Alto y Benejama están de acuerdo en que se cierren los pozos para la recuperación de los acuíferos, que están sobreexplotados, «pero siempre que sea con medidas sostenibles que no conduzcan al fin de la agricultura». Por eso admiten su preocupación porque no se ha tenido en cuenta el grave impacto socioeconómico que va a tener para el Alto Vinalopó. «Además, pensamos que las medidas deben ser soportadas por todos los actores, no sólo por la agricultura que siempre lo aguanta todo», dice el portavoz Pepe Micó.
El Plan Hidrológico multiplicará cuatro veces el precio del coste del agua de riego que se está pagando en la actualidad en la comarca. Se reducirán en los próximos años los derechos asignados y los techos de consumo. Se restringirá el uso a las aguas sobrantes del Júcar sin garantías y en condiciones gravosas. «Y todo ello -se advierte desde la Plataforma- alimentará posibles dinámicas de especulación facilitando la subasta y el mercadeo de aguas con los consiguientes enfrentamientos».
La falta de rentabilidad y, por lo tanto, la desaparición de la actividad agrícola y complementarias, con un impacto negativo en el empleo, son algunos de los efectos directos a las que aluden los afectados. Según sus previsiones, en el Alto Vinalopó se producirá un 60% de reducción del valor de la producción, un 50% de pérdida de superficie de cultivo de riego, una disminución del 17% de los márgenes y una caída media, solo en Villena, superior a 1.000 puestos de trabajo directos a los que habría que añadir los indirectos. Y todo ello a corto plazo. Además añaden la falta de amortización de las inversiones realizadas por muchos agricultores, la paralización de los fondos destinados a innovación y los malogrados esfuerzos para garantizar el relevo generacional.
La Directiva Marco Europea del Agua, que justifica las medidas que prevé aplicar el Gobierno, se aprobó hace 21 años y establece que hay que hacer partícipes y escuchar a los agricultores en particular, y a todos los agentes del territorio en general, teniendo en cuenta las consecuencias del impacto socioeconómico que puede acarrear cerrar los pozos del Alto Vinalopó y cobrar el agua de riego cuatro veces más cara. Por eso subraya Micó que la Administración tiene una gran responsabilidad en este conflicto de intereses. «Son más de 100 años de explotación sin limitar las concesiones, -ya en 1989 ya se declararon sobreexplotados algunos de los acuíferos-, y si tomar medidas ni siquiera cuando existían otras alternativas al abastecimiento de agua. Las desaladoras se han infrautilizado y solo se han considerado en las etapas de mayor pico de turismo».
Un siglo de solidaridad
La Plataforma ha presentado alegaciones al Plan Hidrológico y también ha solicitado una Mesa de diálogo para buscar soluciones. Lo que se exige básicamente es «disponer de agua a un coste razonable; que se desconecte todo el caudal que se vaya fuera de la comarca y tenga otras alternativas de suministro; que por debajo de la cota de 200 metros del nivel del mar el suministro hídrico se realice a través del Taibilla o de las desalinizadoras y, por último, que los programas aplicados sean menos restrictivos y revisables en función de la evolución.
Para los afectado lo que propone el Plan Hidrológico es especialmente gravoso para quienes tienen los recursos hídricos en su propio territorio y podrían subsistir sin tener que utilizar otras alternativas. En este sentido recuerdan que el 80% de las extracciones totales de la provincia se realizan en el Alto Vinalopó y más del 50% en el término municipal de Villena. Pero solo 1 de cada 3 litros que se extrae se queda en el Vinalopó. «Este Plan tiene como principal víctima a la localidad de Villena y a su comarca y afecta, paradójicamente, a la actividad agrícola del territorio que durante más de 100 años ha sido solidario y ha facilitado el desarrollo económico y la riqueza de muchas otras zonas de la provincia de Alicante», destacan por último anunciando movilizaciones si la Administración no escucha. Una Jornada de Participación Pública el próximo mes es el siguiente paso en el que ya está trabajando la Plataforma en Defensa del Futuro de la Agricultura del Alto Vinalopó.
Exigen mantener el caudal ecológico de la depuradora de Villena en 10l/s
La Plataforma quiere que los caudales de la recientemente reformada depuradora de aguas residuales de Villena se aprovechen para regar los cultivos, dejando el actual caudal ecológico de 10 litros/segundo. «No podemos admitir caudales ecológicos desproporcionados que además provocan serios daños a las fincas y viviendas», señala el portavoz Pepe Micó en referencia a que en la planta de Villena no se va a permitir, según el Plan Hidrológico, aprovechar el agua depurada para el regadío. «Está previsto verterla toda a la acequia de El Rey, que no es un cauce público y que, además, ni siquiera se limpia y está provocando inundaciones en fincas cuyos cultivos se están abandonando por esa causa en la zona de La Laguna». Una situación que considera contradictoria insistiendo en que, siempre que se garantice la calidad para el riego, el agua de la depuradora es una prioridad para los agricultores.
