Los representantes de la Plataforma Cívica Stop Plan Solar Vinalopó de Elda y del Grupo Naturalista Heliaca de Monóvar, Milagros Tafalla, Antonio Martínez e Irene Falcó, han llevado su protesta a València para pedir a Rosa Pardo y Vicente Domènech, directora general y subdirector de Política Territorial y Paisaje respectivamente, la elaboración de unas recomendaciones generales para los municipios sobre qué terrenos serían aptos o, al menos, en cuáles sería incompatible la instalación de una megaplanta fotovoltaica. En la reunión los representantes de ambos colectivos han expuesto «su preocupación por la avalancha de proyectos en tramitación y el grave impacto ambiental que pueden generar en las comarcas del Medio y Alto Vinalopó».
Los miembros de la Plataforma Stop Plan Solar Vinalopó señalaron que «no deberían considerarse los proyectos presentados como independientes, sino como un verdadero plan de instalación de energía fotovoltaica en el interior de la provincia de Alicante, lo que supondría la transformación de millones de metros cuadrados de suelo rural y agrario a industrial, con la consiguiente pérdida de biodiversidad, servicios y, por ende, riqueza para los municipios afectados. Una transformación enorme de suelo que pretende hacerse sin planificación alguna, sin haber definido cuál es la infraestructura verde que debe tener el territorio, incluso, como en el caso de Monóvar, teniendo el nuevo Plan General de Ordenación Urbana en trámites para su aprobación». Por su parte el presidente del Grupo Heliaca, Antonio Martínez, advirtió que «los proyectos se presentan sin el Estudio de Integración Paisajística o bien es muy deficiente y sin el Plan de Participación Pública. Así, entre otras cosas, no se ha podido evaluar la estima que la población tiene por los paisajes que van a ser transformados». En este caso los miembros de Heliaca están preocupados por la situación del paisaje de viñedos, declarado de relevancia regional por la Conselleria y catalogado como suelo de protección agraria. Indican, además, que no se ha informado oficialmente, ni con el tiempo suficiente, a los vecinos directamente afectados, cuyas casas de campo van a quedar envueltas en un mar de paneles fotovoltaicos.
La directora general, Rosa Pardo, indicó que comparten la necesidad de planificar las centrales fotovoltaicas con anterioridad «y así se lo hemos trasladado al Ministerio de Transición Ecológica, puesto que la autorización de estas megaplantas corresponde al Estado». En esta línea recordó Pardo que «se recomendó la idoneidad de realizar Planes Territoriales de Ordenación, como el que han elaborado para la zona de la Vega Baja a petición de los municipios de esta comarca. En estos planes se valora si un suelo es apto para acoger instalaciones fotovoltaicas y se destina alrededor de un 2% del suelo no urbanizable común a este uso, pudiendo ocupar de manera urgente hasta un 1% y el resto únicamente cuando el municipio haya analizado cuánta potencia puede instalar entre cubiertas y suelos degradados». En el caso de Monóvar, apuntó Pardo, «se superan con creces estos porcentajes» y también subrayó que «los ayuntamientos cuentan con herramientas frente a estos proyectos como la suspensión de licencias y la revisión del planeamiento vigente en el municipio».
