Constitución, municipalismo y desarrollo

Cada 6 de diciembre celebramos en un hito de la historia que ha permitido ser quienes somos y estar dónde estamos. Conmemoramos la Constitución de 1978, que no está en peligro, que no está en duda y que tiene la validez que estos 45 años demuestran.

No obstante, cada 6 de diciembre es un buen momento de reflexionar en torno a la Constitución Española, a su validez y a sus deficiencias, propias de la madurez y de la evolución socioeconómica de todo un país.

La Constitución no puede ser un arma arrojadiza, leída de manera torticera e interesada. Ese no fue el espíritu del 78. Al mismo tiempo, la Constitución puede y tiene que ser renovada y mejorada en algunos aspectos, en especial, en las atribuciones que le corresponden a la Administración Local.

La primera de las reflexiones tiene que ver con la validez de la Constitución. No hay duda de que el texto constitucional que nuestros padres de la Democracia generaron ha sido una herramienta fundamental para ofrecer estabilidad, paz, libertad, desarrollo social y progreso económico.

Dicho así, puede parecer poco, pero estos conceptos – y estas realidades – no se han dado mucho a lo largo de nuestra historia. La Constitución de 1978, 45 años después, se ha demostrado muy útil y bastante versátil para dar cabida a una democracia nueva en un país viejo. Y se produjo – con sus dificultades – sin un nuevo enfrentamiento sangriento entre una España contra la otra España.

Hoy, que ya miramos a la Constitución como un ente maduro, podemos afirmar sin temor que es tan necesario como inevitable algunos cambios. Y esta posición, lejos de los radicalismos interesados, no supone romper España, ni traicionar el texto de la Carta Magna.

Afortunadamente, la grandeza de nuestra Constitución es tan vasta que ella puede asumir sin descabezarse muchos nuevos planteamientos, muchas propuestas. Lo que no acepta es la política de trincheras que algunos construyen, la hipérbole dramática como falsa de ser un texto que sólo defiende una idea, de asumir la interpretación separatista, pero no de territorios, sino de personas. Nada de eso cabe. La Constitución es un texto de concordia, y toda decisión política en busca la concordia tiene en un lugar entre sus líneas.

Somos muchos los que planteamos una apertura de sus artículos, sin que ello suponga perder el espíritu del 78, el del encuentro, el acuerdo, el pacto y el entendimiento de la idea del otro. En este 6 de diciembre debemos plantearnos cómo mejorar una realidad, la municipal.

Los artículos 140 y 142 de la Carta Magna deben tener un mejor desarrollo y una mejor concreción. Hoy, los ayuntamientos como el de Villena son proveedores de servicios sin ser protagonistas del marco regulatorio. A modo de ejemplo: en materia económica, mientras la administración estatal y autonómica casi suma el 97% de la deuda del Estado, frente a la mínima deuda generada por la administración local, los municipios no tienen voz en la política fiscal que nos afecta directamente.

Financiación justa y suficiente (como dice el artículo 142 de la Constitución) requiere también un modo de diferente de participar de los entes locales en decisiones globales en materia presupuestaria de entidades supramunicipales que forman el Estado, a saber, la Administración central como la autonómica.

Lo mismo ocurre en la toma de decisión de las grandes infraestructuras, proyectos y propuestas de desarrollo. En estos casos, como sufre Villena, la administración local tiene apenas voz – cuando se nos escucha – en decisiones que toman otros. Pero casi nunca voto. Sí, nos referimos a autorizaciones de desarrollo industrial o de otras como el reclamado Nodo Logístico Levante Interior.

La independencia y autonomía del municipio – dentro de un marco de coordinación – debe garantizarse para poder tener capacidad de decisión colegiada, más allá del derecho a la audiencia al que hoy estamos sometidos. Villena, y el conjunto del municipalismo, debería tener voz más allá de la propuesta en decisiones de este impacto, tanto cuando decide la autonomía como cuando lo hace el Estado central.

Estas propuestas de cambio, estas ideas de mejora, son un reconocimiento directo al trabajo que los siete redactores de la Constitución que hicieron en un momento concreto con unas necesidades determinadas.

Si queremos defender la Constitución, tendremos que desear que se adecúe lo mejor posible a la realidad social de nuestro país. Y el municipalismo necesita, y requiere, actualizar su papel como un ente del Estado también dentro del texto constitucional.