Otra alcaldable del PP, investigada por una jueza por la gestión de las basuras en Algueña

Al Partido Popular de la Comunidad Valenciana le crecen los candidatos inmersos en procesos judiciales. Tras desvelar este medio la apertura de juicio oral al alcaldable de Orihuela, José Vegara, por los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública, este viernes ha sido la de Algueña, María del Carmen Jover, quien compareció como investigada ante la magistrada de Novelda que instruye la causa abierta por la gestión de las basuras de la localidad donde aspira a seguir al frente de la Alcaldía en la que lleva desde hace 16 años. 

Se trata de un procedimiento que se sigue por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y malversación. Junto a la también diputada provincial figuran con la misma condición de lo que antes se denominaba imputados el primer teniente de alcalde y concejal de Fomento, Medio Ambiente, Obras y Servicios, Desarrollo Local, Industria y Agricultura del consistorio algueñero, Francisco Manuel Carrasco, y su hermano Carmelo, administrador de la mercantil Servicios y Limpiezas Carrasco Gomáriz S.L., que se encarga de la recogida de residuos en la localidad.

La denuncia por las supuestas irregularidades en la gestión de este servicio la interpuso el pasado enero el secretario de Organización de la Agrupación Provincial del PSPV-PSOE, José Antonio Amat, ante la Fiscalía Anticorrupción. Tras practicar las primeras indagaciones, el fiscal Pablo Romero la remitió al juzgado para determinar si, como se recoge en la denuncia, se estarían cometiendo hasta siete irregularidades en el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Algueña.

Unas anomalías que previamente habían sido acreditadas por la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) en un expediente que se cerró hace más de un año. Entre otras disfunciones, en el informe se citaba «la falta de cobertura contractual» del servicio desde que venciera la contrata hace más de cinco años (el 31 de diciembre de 2017), la inclusión de «determinados servicios que posteriormente se facturan como contratos menores fuera del contrato, o la «concatenación de contratos menores para un servicio periódico y repetitivo como el de la apertura y cierre del Ecoparque desde 2008 a 2010 y desde 2012 hasta enero de 2021 por un importe total de 62.683 euros. 

Según los datos facilitados por el propio Ayuntamiento a Antifraude, el importe facturado por la mercantil del hermano del concejal Carrasco por los servicios prestados sin contrato entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021 ascendió a 208.998 euros.

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La regidora, que sólo ha accedido a responder a su abogado, Ricard Sala, alegó que no tenía conocimientos en Derecho, que el secretario municipal sufrió un ictus, que no disponía de técnicos en el Ayuntamiento y que no podía hacer otra cosa para que el servicio se prestara. Y añadió que precisamente este jueves se habían llevado a pleno por segunda vez las bases para licitar la contrata, después de que la primeras fueran recurridas y hubiera que retirarlas.

El edil Carrasco, que tampoco ha querido responder al fiscal, aseguró que había cumplido con la recomendación de la Agencia Antifraude de dejar de ser él quien revisara el servicio que estaba prestando la empresa de su hermano, otro de los hechos denunciados.

Previa a la declaración de los investigados, Amat, como firmante de la denuncia, la ha ratificado ante la magistrada.  El secretario de Organización provincial del PSPV-PSOE ha acudido acompañado de Alejandro Luengo, adjunto de Organización en la ejecutiva provincial y asesor en la Diputación, y de Pablo Ruiz, coordinador del Grupo Socialista FVMP. 

La instrucción está a la espera de, entre otras diligencias, el informe que sobre estas irregularidades está elaborando la UDEF y de la declaración del portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de la Algueña, Sergio Ramírez, por tener un conocimiento más cercano de los hechos que se investigan.