La ciudadanía suele relacionar a la abogacía con su actuación ante juzgados y tribunales, pero nada más lejos de la realidad. Esta profesión destaca en el asesoramiento y en la prevención de los problemas. Acudir a un profesional de la abogacía siempre resuelve un buen negocio, porque un consejo a tiempo evita la contienda.

El momento actual, pasada ya la etapa más dura de la pandemia y enfrentados a complejos retos internacionales, nos ha sumergido en un estado de incertidumbre. En este contexto, el trabajo de la abogacía y del Colegio en defensa no solo de sus letradas y letrados sino de la sociedad se vuelve crucial.

“Por ello, estamos obligados, como profesionales, a actualizar constantemente nuestros conocimientos y en ello, en la formación, el ICALI es un referente”, señalan desde el colegio. Una actividad orientada al servicio de la abogacía pero que redunda en una mejor defensa de la ciudadanía.

La profesión se enfrenta a grandes retos y es una buena noticia la aprobación del Proyecto de Ley de Orgánica del Derecho de Defensa, de la que esperamos haga justicia de una vez a nuestra profesión, tantas veces maltratada por el legislador”.

La conciliación, camino por recorrer

En este vertiginoso momento y aún pasada una de las mayores crisis que recordamos, aspectos como la conciliación de la vida familiar y profesional continúan siendo una materia pendiente. Tanto el ICALI y el Consejo General de la Abogacía Española ha instado a que el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal incluya medidas como la suspensión de procedimientos judiciales en caso de enfermedad, en caso de maternidad y de paternidad, o que en los casos de fallecimiento de un familiar se establezca la suspensión de los juicios. “Pedimos exclusivamente lo que otros operadores jurídicos ni se plantean, porque va de suyo. Estas medidas están pendientes de aprobación en el Congreso, mientras tanto la Abogacía Española ha demandado su urgente entrada en vigor. Exigencias que no son más que equiparar nuestros derechos con los que disfrutan otros profesionales. No así la Abogacía”.

La CRAJ, la defensa de la defensa

Desde ICALI señalan que “en esta tarea, la de defender precisamente nuestros derechos, juega un papel determinante la Comisión de Relacionales con la Administración de Justicia (CRAJ) del ICALI”. Una labor ardua al servicio de compañeros y compañeras que consiste en intentar resolver las controversias que surgen en el ejercicio de la profesión, con el resto de operadores jurídicos. Hay una máxima: «Si te quejas, procura que el Colegio se entere». Para ello, la colegiación puede ponerse en contacto con la Comisión a través del formulario habilitado en la web del ICALI para ello: https://www.icali.es/craj/”.

Nuevas incorporaciones

Los nuevos colegiados y colegiadas deben saber que en el ICALI encontrarán respaldo en sus primeros pasos como profesionales de la abogacía. Desde la formación continua que organiza el colegio y la Escuela de Práctica Jurídica, al servicio de base de datos jurídicas, hasta el asesoramiento fiscal, en honorarios o en deontología. Tanto en Alicante como en cada una de las sedes del colegio en los partidos judiciales de su ámbito territorial (Benidorm-Villajoyosa, Dénia, Elda, Novelda, Villena y San Vicente del Rapeig), las letradas y letrados recién incorporados disponen de los mismos servicios ejerzan donde ejerzan.

Fernando Candela. Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI): “LA DEONTOLOGIA Y EL ÉXITO PROFESIONAL”

Cuando hablamos de las normas deontológicas pareciera que nos trasladáramos al mundo de lo ético, y nada más lejos de la realidad, la deontología es parte esencial del ejercicio profesional, constituyen pautas reales de conducta para el día a día. Tienen un carácter pedagógico e igual que en los procesos civil o penal se dan unos ritos que todos tenemos que cumplir para ganar el juicio, la profesión tiene para vencer en ella sus reglas propias.

Una conducta adecuada a las normas deontológicas se proyecta sobre la imagen profesional y los clientes son directos receptores de esa buena reputación, que se gana diariamente con los demás profesionales, en los tribunales, con el colegio, con los propios clientes y con los contrarios. Si todos hablan bien de nosotros porque ejercemos respetando los principios y valores de la abogacía, ello supondrá siempre una excelente publicidad de nuestros servicios, amén de una garantía de buen hacer en el difícil mercado de servicios jurídicos. Será la mejor garantía para conseguir clientes.

De ahí que el conocimiento y cumplimiento de las normas deontológicas sea sinónimo de éxito profesional. No solo nos dará buenos réditos, sino que situará a la profesión en el lugar que le corresponde, lo que, a su vez, hará que la ciudadanía confíe más y que esa buena fama redunde positivamente en el negocio de los despachos.