Última hora sobre el subsidio para mayores de 52 años: todo lo que se sabe de la negociación

El pasado lunes el Ministerio de Trabajo convocó a representantes empresariales y sindicatos para discutir mejoras en la legislación del subsidio por desempleo después de que la nueva Ley no saliera adelante en el Congreso de los Diputados al votar Podemos en contra.

El objetivo de esta reunión con CEOE, Cepyme, UGT y CCOO fue revisar esta legislación incorporando sugerencias de los actores sociales involucrados, partiendo de la base del proyecto inicialmente rechazado por el Congreso.

La propuesta original del Decreto Ley, que el Ministerio no negoció previamente con patronal y sindicatos, buscaba ampliar el acceso al subsidio de desempleo a grupos que anteriormente no eran elegibles, como los individuos menores de 45 años sin responsabilidades familiares. Además, proponía aumentar la cantidad del subsidio de 480 a 570 euros durante los primeros seis meses y a 540 euros durante los siguientes seis, permitiendo simultáneamente que los beneficiarios pudieran trabajar durante los primeros 180 días. 

Sin embargo, esta reforma planteaba también una reducción en las contribuciones adicionales a la Seguridad Social por parte de los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años, un cambio introducido en 2019 para proteger las pensiones futuras de este colectivo. Este ajuste específico motivó el rechazo de Podemos y fue decisivo para el resultado final en el Congreso.

Cotización para la jubilación

Este decreto eliminaba gradualmente la sobrecotización a la Seguridad Social y que permitía que los mayores de 52 años que cobraban el subsidio por desempleo cotizaran por el 125% de la base mínima de cotización. El objetivo de esta medida es que este colectivo no se viera perjudicado para el cálculo posterior de su pensión de jubilación al estar en paro. Pero la propuesta del Gobierno implicaba que las cotizaciones se fueran reduciendo progresivamente hasta quedarse en un 105% en 2027.

Tras la reunión mantenida en el ministerio, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, afirmó que "el Gobierno está dispuesto a explorar todas las medidas que sirvan para que el diálogo social pueda mostrar su respaldo a esta reforma".

Igualmente, Pérez Rey ha añadido que los sindicatos han propuesto "mejorar su cuantía o buscar soluciones técnicas para esa cotización", ya que entienden "que no se puede tratar de la misma manera una sobrecotización con un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 735 euros que con uno de 1.134". Hay que recordar que la base mínima de cotización es el equivalente al SMI que recientemente ha visto cómo un incrementaba su cuantía a 1.134 euros. Desde 2019 el SMI ha subido un 25%, por lo que el Gobierno argumenta que no es necesaria esa sobrecotización ya que cotizar hoy por el 100% de la base mínima equivale a la cotización de 125% en 2019, que fue cuando se aprobó esta medida.

“Como ustedes saben, el 125% fue el parche que hubo que buscar para evitar que los trabajadores mayores de 52 años tuvieran una enorme penalización en sus cotizaciones a la jubilación cuando perdían el trabajo con esa edad”, ha recordado Pérez Rey al término de la reunión en la que ha comparecido ante los periodistas el pasado lunes.

Fondos europeos

Este proceso de reforma no solo es crucial para el marco laboral español sino que también está vinculado con la recepción de fondos europeos de recuperación, siendo esta legislación una condición para el cuarto pago de 10.021 millones de euros.

A pesar del revés parlamentario, el Gobierno dispone de un margen inicial de dos meses para reintroducir la reforma, plazo que podría extenderse más allá de tres meses si se alcanza un acuerdo con la Unión Europea, dado que las regulaciones comunitarias lo permiten bajo ciertas circunstancias.