Javier Duarte (Córdoba, México, 1973), exgobernador del estado oriental de Veracruz entre 2010 y 2016, mostró el día de su detención, en abril de 2017, una de sus caras más conocidas. Sentado en la comisaría, esposado, sonreía mientras una cámara de la policía lo filmaba.
Para muchos mexicanos, esa imagen fue el epítome del cinismo político imperante en México desde hace décadas. El tiempo revelaría el posible origen del gesto, uno de los tantos que hacía a menudo frente a las cámaras. Duarte, que ahora se encuentra en prisión, sentenciado en 2018 a nueve años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, está a la espera de sentarse en el banquillo por el delito de desaparición forzada, que contempla penas de hasta 60 años de cárcel. El político posiblemente mostrará una nueva cara más siniestra.
Antes de ser investigado por el desvío de casi 60.000 millones de pesos (2.587 millones de euros) de las cuentas públicas en su Gobierno, y ser acusado de infamias como haber comprado pruebas falsas de VIH para la población, Duarte se presentaba como parte de la “nueva generación de gobernadores”, como lo había acuñado el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), de un partido históricamente relacionado con la corrupción y el autoritarismo, el PRI. Había tenido una carrera política meteórica..
Ganó las elecciones con casi 40.000 votos más que su antecesor. Sin embargo, los tiempos cambiaban en el país. La violencia se incrementaba por la guerra contra el narco, declarada por el expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), y Veracruz no sería la excepción. En el estado operaba uno de los cárteles de la droga más violentos, declarado como organización terrorista por Estados Unidos: los Zetas.
En los primeros años, la constante política fue negación de los casos de violencia. Se minimizaban o se notificaban tarde. El exgobernador llegó a declarar públicamente en octubre de 2014 que en su estado solo se robaban “un frutsi y unos pingüinos” (bebidas para niños y pastelitos dulces). En su libro Duarte, el priísta perfecto, el periodista Arturo Ángel, documentó casos de desaparición forzada en la región y señaló que al final de la gestión del político veracruzano, se contabilizaron solo 524 casos catalogados como desaparición. Sin embargo, con el cambio de gobierno, el nuevo fiscal contabilizó 3.600 denuncias sin investigar por este delito.
Arturo Ángel estuvo detrás de la investigación que llevó a la caída del gobernador, al documentar una red de empresas pantalla que lavó más de 600 millones de pesos (25,77 millones de euros) extraídos de las cuentas del estado a través de contratos adjudicados. El periodista del medio digital Animal Político ha estado desde entonces detrás del caso. “El Gobierno de Javier Duarte en Veracruz se volvió notable por la corrupción, pero también estaba la violencia y las desapariciones. Uno de los colectivos mejor organizados de personas que buscaban a sus familiares desaparecidos, surgió en ese estado, fue Solecito”, cuenta al otro lado del teléfono.
Los colectivos que buscan a sus desaparecidos
Las asociaciones de familiares de personas desaparecidas han sido el constante recordatorio de que a día de hoy se desconoce el paradero de más de 90.000 personas en México. De estas, más de 5.000 desaparecieron en Veracruz. El colectivo Solecito agrupa a más de 300 familiares con paradero desconocido en el municipio homónimo del estado. Fue fundado en 2013 por Lucy Díaz. “A mi hijo lo secuestraron ese año, y a raíz de comenzar a buscarlo veo que hay señoras como yo, que con muchísimos problemas buscaban a sus hijos y que no sabían cómo hacerlo. Sentí una especie de obligación moral de apoyarlas”, cuenta Díaz.
Colectivos como Solecito han impulsado una lucha para que el Estado mexicano tome en serio sus denuncias, las investigue y los apoye con recursos en la búsqueda de sus familiares. En 2017 consiguieron que el Congreso aprobara una ley sobre la desaparición forzada y que se mejorara el sistema de búsqueda de personas desaparecidas. Durante años, madres de familia han tenido que valerse de sus propios medios para encontrar a sus hijos, usando a veces hasta las manos para cavar en descampados sin saber si ahí se encontrarán con sus restos.
Lucy Díaz cuenta que, en 2016, en el ocaso del Gobierno de Javier Duarte, unos hombres se le acercaron durante una protesta en el Día de las Madres y le entregaron unas hojas. “Era un mapa del terreno Colinas de Santa Fe, tenía muchas cruces”, narra por teléfono. “La prensa en su momento lo llamó ‘un regalo macabro’. Pero no lo fue, porque nos dijeron donde estaban”. En esos terrenos, ubicados a la entrada del histórico puerto de Veracruz según cuenta Díaz, encontraron en tres años más de 300 cuerpos.
El caso que vincula al exgobernador
A inicio de 2016, unos meses antes de que Javier Duarte dejara su cargo y huyera a Guatemala, se encontraron 19 cuerpos al pie de una barranca. Aquel desfiladero se conocía como La Aurora en el municipio de Xalapa. Los familiares acudieron al sitio, pero sin embargo, los policías estatales no los dejaron entrar. El informe oficial de la Fiscalía del Estado en aquel entonces contabilizaba solo seis cuerpos. El ocultamiento fue revelado más adelante por el Gobierno del PAN de Miguel Ángel Yunes. Seis exmiembros del ejecutivo de Duarte fueron apresados y posteriormente liberados tras pagar una fianza. Esa acusación pesaba también sobre Duarte, sin embargo, la aprobación de la extradición por ese delito tendría que pasar por el visto bueno de Guatemala.
En los reportes también se documenta que las víctimas habían sido secuestradas por policías estatales, que eran llevadas a la academia de policía cercana para ser torturadas y luego ejecutadas en la barranca. Anaís Palacios, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos (IMDHD) en Veracruz ha documentado este y otros casos en los que se evidencia la complicidad de miembros del gobierno estatal durante los años de Javier Duarte. “Hay testimonios que dicen que no había ninguna desaparición forzada que terminara en una ejecución extrajudicial sin el conocimiento del entonces secretario de seguridad pública, Arturo Bermúdez”, explica.
Javier Duarte está a la espera de ser juzgado por los hechos que ocurrieron en la barranca durante los años en los que gobernó el estado. Mientras, la defensa del gobernador mueve fichas promoviendo amparos contra la orden de detención y buscando su liberación por buen comportamiento. Arturo Ángel, que sigue cada paso judicial, detalla que la documentación de las investigaciones en los casos de desaparición comprueba “lo que sostenían las víctimas, que era una operación sistemática de desaparecer de manera forzada como si fuera una política de seguridad".
La orden de captura fue aprobada por Guatemala en marzo de 2021, según reveló un documento de la Secretaría de Exteriores mexicana, solicitado por Arturo Ángel. Sin embargo, fue ejecutada a finales de ese año cuando le llegó a Javier Duarte en la cárcel. Ahora, el primer exgobernador juzgado por este delito de lesa humanidad, esperará desde su celda para mostrar una nueva cara ante cientos de familias de desaparecidos en Veracruz que han esperado más de nueve años a que llegara alguna forma de justicia.
