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162 muertos

¿Por qué matan a los líderes sociales en Colombia?

Cerca de 1.400 líderes sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, 162 en lo que va corrido de este año. La imposición de la violencia como herramienta para zanjar las disputas por el territorio así como la generalizada falta de consideración hacia la función de los agentes sociales está en la base de la tragedia

Un hombre observa una muestra de fotografías de líderes sociales asesinados o desaparecidos, en Cartagena. EFE

Día: 26 de noviembre. Lugar: Dibulla, departamento de la Guajira. Nombre: Nicodemos Luna Mosquera, líder de la Unión Sindical Obrera de Tibú. Día: 14 de marzo. Lugar: Popayán, departamento del Cauca. Nombre: Miller Corea, líder social de las comunidades indígenas del Cauca. Día: 21 de septiembre. Lugar: vereda Nueva América, norte de Colombia. Nombre: Frai David Torres Marroquín, tesorero de la Junta de Acción Comunal. Día: 19 de febrero. Lugar: Guachucal, departamento de Nariño. Nombre: Saulo Moreno, líder indígena. Día: 15 de mayo. Lugar: Santander de Quilichao, departamento del Cauca. Nombre: Édgar Quintero, líder social. Estaba comprometido con la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado.

La lista completa consta de 162 nombres, que es el número de líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de año. En el registro que lleva a cabo el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), los últimos de la lista son Francisco Sarco y Carlitos Urágama, integrantes de la Guardia Indígena de la comunidad Emberá Playa Bonita y de la Asociación de Víctimas del departamento del Chocó. Hombres armados irrumpieron en sus viviendas el 11 de noviembre y los mataron frente a sus familias. A razón de un fallecido cada dos días, la noticia de la muerte violenta de un líder social forma parte del día a día colombiano y es una de sus peores vergüenzas: casi 1.400 han caído desde la firma de la paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, en 2016.

Un problema estructural

¿Por qué los matan? Porque reivindican algo. Que nos los echen de sus tierras. Que les devuelvan sus tierras. Que no se plante coca en sus tierras. Que por sus tierras no pase el narcotráfico. “En Colombia, la disputa del territorio, por las razones que sean, económicas, agrarias o relacionadas con el narcotráfico, siempre ha tenido como trasfondo el exterminio de quien defiende una determinada reivindicación”, explica Jorge Ernesto Roa, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. En un país tan rico en iniciativas ilegales, con tantos actores armados intentando imponer su ley, esto tiene diversas aplicaciones en la realidad. Roa explica, por ejemplo, que un buen número de asesinatos cometidos en su día por las FARC hoy serían contabilizados como asesinatos de líderes sociales –entonces muertos en combate, o víctimas del conflicto–, y recuerda que “la primera salida del narcotráfico frente a cualquier obstáculo es la eliminación de ese obstáculo”. “El narcotráfico implica una ocupación del territorio más fértil para el cultivo de la base de coca y más apto para las rutas, y en esos territorios cualquier tipo de oposición es atacada de la misma forma”.

“Son mafias muy poderosas que aprovechan la ausencia de las FARC en los territorios que quedaron despejados tras los acuerdos de paz”, dice Piedad Bonnett, escritora y columnista del diario ‘El Espectador’. Bonnett llama la atención sobre el hecho de que entre los líderes asesinados figuran ecologistas cuyo pecado ha sido defender los ecosistemas, justamente, que la retirada de la guerrilla ha dejado desprotegidos, y mineros que defienden el ejercicio de la minería artesanal frente a la implantación de las grandes multinacionales. La “corrupción de los poderes locales”, avisa, aumenta la desprotección de los amenazados.

A razón de un muerto cada dos días, cualquiera imagina grandes manifestaciones exigiendo al Estado la debida protección de los líderes, pero no es así como ocurre, pues esos líderes, desde siempre, han sido objeto de señalamientos: han sido estigmatizados. “Tradicionalmente –dice Roa–, el Estado se ha preocupado poco por darle valor a la función de lo que en España llaman agentes sociales: sindicatos, oenegés, asociaciones comunales… Estos han permanecido siempre en la periferia del Estado, y cuando han entrado en el espectro estatal ha sido de manera negativa, tachados de ser aliados de la guerrilla, conspiradores o cómplices de fenómenos de delincuencia. Buena parte de la sociedad comprende que el hecho de que haya 1.300 muertos por dedicarse a reclamar sus tierras, o a pedir la protección de los derechos de los campesinos, habla muy mal de nosotros como sociedad, pero no genera el nivel de rechazo que genera en una sociedad donde esos agentes son valorados como agentes sociales que hablan en nombre de todos”.

Otra lista: los excombatientes

La lista de líderes sociales no es la única que ha aumentado dramáticamente en los últimos años: también la de excombatientes de las FARC asesinados. Acaso no es casualidad que todo ello haya ocurrido en unos años marcados por el Gobierno de Iván Duque, el presidente que renegaba de los acuerdos de paz. Pues, como dice Roa, “la existencia de un discurso oficial en contra de los acuerdos, y en contra de los actores de los acuerdos, es sin duda un mensaje para la sociedad que crea un caldo de cultivo para la impunidad”. “Pues claro”, añade Bonnett, “que ha tenido mucho que ver que Duque no implementara realmente los acuerdos de paz, o que los implementara muy deficientemente. Eso fue una especie de freno que se puso a los acuerdos y que ha dejado desprotegidos a muchos de los excombatientes”.

El Ejecutivo de Duque fue repetidamente interpelado al respecto por la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero la falta de garantías por parte del Gobierno propició la entrada en escena de las instancias judiciales. Así, el pasado mes de enero, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en relación con la protección de la vida de los excombatientes, y actualmente, en el marco de otro proceso, está estudiando la posibilidad de ampliarlo a los líderes sociales. Debería ayudar a subsanar las carencias estructurales que están en la base de su desprotección.

Nombre: Deisy Sotelo, líder comunal. Día: 29 de enero. Lugar: Argelia, departamento del Cauca. Nombre: Efrén Ramos, líder comunal. Día: 2 de febrero. Lugar: Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo. Nombre: Gustavo Torres, líder campesino. Día: 26 de febrero. Lugar: Tibú, departamento de Norte de Santander. Nombre: María José Arciniegas, líder indígena. Día: 30 de abril. Lugar: Puerto Leguízamo. Tenía 27 años. Según informó el ‘Diario Putumayo’, “fue extraída a la fuerza del resguardo por hombres armados que se la llevaron con rumbo desconocido. Su cuerpo fue encontrado en las afueras del poblado con impactos de arma de fuego”.

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