Un juez nombrado por Trump limita los contactos del gobierno de Biden con redes sociales

La cruzada conservadora en Estados Unidos contra lo que consideran censura de sus posturas y opiniones, especialmente en redes sociales, se ha apuntado una importante victoria. Este martes un juez federal de Luisiana nombrado por Donald Trump emitió una orden cautelar que limita a agencias y cargos del gobierno de Joe Biden establecer contactos con esas redes sociales sobre moderación de contenido. Se trata de una medida extraordinaria y puede tener profundas consecuencias en lo que se refiere a libertad de expresión, pero también en la propagación de desinformación.

El caso fue planteado por los fiscales generales de Misuri y Luisiana, ambos republicanos. Estos acusaron al gobierno de Biden de haberse excedido a la hora de intentar que las plataformas lidiaran con mensajes en sus redes sociales que podían, según las autoridades, incentivar la desinformación sobre las vacunas durante la pandemia, o afectar a la integridad de las elecciones.

También se personaron en el caso dos epidemiólogos que cuestionaron la gestión gubernamental en la pandemia, un profesor de la Universidad de California despedido por negarse a vacunarse, la directora de una organización acusada de propagar desinformación sobre inmunizaciones y el fundador de la web de ultraderecha Gateway Pundit. Todos aseguran que sufrieron censura por parte de redes sociales.

“El 'estado profundo' plantó una semilla de supresión censora del gobierno pero esa semilla fue fertilizada, germinada y creció rápidamente una vez que el presidente Biden llegó al cargo”, dijo Andrew Bailey, el fiscal general de Misuri, en una entrevista con ‘The Washington Post’ antes del fallo.

Gobierno “orwelliano”

El magistrado Terry Doughty se ha alineado con sus alegaciones y ha considerado que los demandantes han presentado “pruebas sustanciales en respaldo a sus alegaciones de que fueron víctimas de una campaña de censura extendida y de gran alcance” que, según ha denunciado, ponía en la diana casi de forma exclusiva puntos de vista conservadores.

“Las pruebas presentadas hasta ahora describen un escenario casi distópico”, escribió el juez, que dijo también que “durante la pandemia de Covid-19 (...) el gobierno de Estados Unidos parece haber asumido un papel similar a un ‘Ministerio de la Verdad’ orwelliano”.

“Si las acusaciones hechas por los demandantes son verdad, el caso afecta a uno de los ataques más masivos contra la libertad de expresión en la historia de EEUU”, afirmó el magistrado, que cree que los demandantes tienen méritos para hacer prosperar una demanda en la que denuncian que “el gobierno ha usado su poder para silenciar a la oposición”.

La orden

La medida cautelar que ha impuesto afecta de momento a departamentos y agencias como los de Salud, Justicia y Estado y al FBI o los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. También, a una docena de altos cargos individuales, incluyendo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y Jen Easterly, que dirige la Agencia de Seguridad de Infraestructuras y Ciberseguridad.. Y estipula que no pueden hablar con redes sociales “con el propósito de urgir, animar, presionar o provocar de ningún modo la retirada, borrado, supresión o reducción de contenido que incluye libre discurso protegido”.

Asimismo, la orden establece que las agencias no pueden señalar mensajes específicos en las plataformas ni pedir información sobre los esfuerzos que estas están realizando para retirar contenido. Y también prohíbe la comunicación con grupos académicos como la Alianza para Integridad de las Elecciones, una coalición de investigadores liderados por centros especializados de las universidades de Stanford y Washington.

La medida incluye excepciones para que el gobierno pueda seguir notificando a las tecnológicas de mensajes en sus plataformas que detallen crímenes, amenazas para la seguridad nacional o esfuerzos extranjeros para influenciar en las elecciones. Algunos expertos, no obstante, han advertido contra la falta de una delineación clara de qué puede constituir el contenido sobre el que el gobierno puede actuar.

“Acciones responsables”

El Departamento de Justicia está revisando la orden cautelar y “evaluará sus opciones en este caso”, según explicó una fuente de la Casa Blanca, que en un comunicado remarcó que la Administración “ha promocionado acciones responsables para proteger la salud pública y la seguridad cuando confrontó retos como una pandemia letal y ataques extranjeros en las elecciones”.

“Nuestra postura consistente es que las plataformas de redes sociales tienen una responsabilidad crítica de tomar en cuenta los efectos que sus plataformas están teniendo sobre la ciudadanía estadounidense, pero hacen elecciones independientes sobre la información que presentan”, aseguró también.